La Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala

La Masacre de Las Dos Erres: una sentencia histórica

2011-09-30T16:57:00.014-06:00

ACOGUATE ha acompañado a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y familiares sobrevivientes de la masacre de Las Dos Erres durante el proceso legal. Observadores de ACOGUATE estuvieron presentes durante los procedimientos del juicio. ACOGUATE expresa su preocupación por las amenazas recibidas por los peritos arqueológicos forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) quienes participaron en el juicio, y por incidentes de vigilancia de la oficina de FAMDEGUA.

La Masacre de Las Dos Erres: una sentencia histórica

El pasado 2 de agosto el Tribunal Primero de Alto Riesgo dictó sentencia en contra de cuatro de los 17 acusados en el caso de la masacre de la comunidad las Dos Erres, departamento de El Petén, ocurrida el 7 de diciembre de 1982. Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Mendez, ex-kaibiles, fueron sentenciados a 6,060 años de reclusión por haber participado en la masacre – 30 años por el asesinato de cada una de las 201 víctimas de la masacre más 30 años por crímenes en contra de deberes de humanidad – mientras que Carlos Antonio Carías López, teniente del destacamento militar en Las Cruces, Petén, fue condenado a 6 años más por hurto agravado. La corte reconoció que solo serían cumplidos 50 años de reclusión, pena máxima contemplada por el Código Penal en Guatemala, sin embargo subrayó la importancia de hacer un reconocimiento a la vida de cada una de las víctimas.

Patricia Bustamente García, jueza vocal del tribunal, encargada de leer la sentencia resaltó:

El daño ocasionado es de carácter irreparable, las vidas humanas que se perdieron en la masacre de las Dos Erres, rebasa todo nivel de entendimiento humano, resulta inexplicable la actitud de los tripulantes de la patrulla élite kaibil que en forma inhumana masacró a la población civil indefensa del parcelamiento de las Dos Erres, humildes campesinos dedicados a la agricultura. La extensión rebasa la muerte de 201 personas fallecidas porque enlutó a las poblaciones cercanas y la ejecución de sus pobladores hizo desaparecer del mapa esta área geográfica porque se eliminó a la totalidad de la población con la excepción de los niños que pudieron huir.^¹

Desarrollo del juicio

El fallo se basó en 9 peritajes, presentados por el Ministerio Público y la querellante adhesiva FAMDEGUA, asi como pruebas materiales y declaraciones de testigos. El principio del proceso se vio marcado por las declaraciones de dos ex-kaibiles, testigos protegidos, hablando en videoconferencia desde México. Detallaron la preparación de la operación, describieron los actos de brutalidad cometidos y confirmaron que los tres ex-kaibiles acusados participaron en la masacre.

Estos testimonios fueron completados por el relato claro y desgarrador de dos sobrevivientes que presenciaron la tortura, violación sexual y ejecución de sus familiares. Según un sobreviviente: “ví como fusilaron a las mujeres, se oía el sufrimiento, después todo quedó tranquilo”. Otros testigos contaron con voces quebradas la angustia que vivieron después de la masacre cuando pidieron información y ayuda al teniente Carías, y cuando varias días después regresaron a su comunidad solo para encontrar vacío y desolación.

La perita psicosocial Nieves Gómez Dupois, encargada de evaluar la salud mental de las víctimas y sus familiares, concluyó que la totalidad de las personas del estudio tenían su salud mental afectada por lo ocurrido. Explicó que el 60 por ciento de los integrantes de la comunidad no se ha podido recuperar o vencer las secuelas que dejó la masacre. A su vez destacó que la falta de justicia penal es un obstáculo para la recuperación psicológica y psicosocial.

De suma importancia para el proceso fue el peritaje militar, realizado por el señor Rodolfo Robles Espinosa, General de División del ejército de Perú, que, según la jueza, “permite establecer que los kaibiles actuaron y participaron de forma preplanificada, y que ninguno de sus integrantes se opuso, comprobándose que el jefe del destacamento de las Cruces tenía conocimiento del plan, el cual cumplió."^²

El hecho que la sentencia reconozca la planificación de las masacres perpetradas durante el conflicto armado interno, podría tener implicaciones para otros procesos legales en casos de masacres. El fallo del tribunal refiere en particular al Plan Victoria 82 - mencionado en el peritaje militar - como prueba de la doctrina militar que originó masacres sistemáticas e indiscriminadas en todo el país^³. Reconocer que las masacres perpetradas fueron parte fundamental de la política contrainsurgente del Estado guatemalteco durante el conflicto armado interno implica no solo a los autores materiales de los crímenes, sino también a los autores intelectuales; en su sentencia la corte dejó abierto el caso para la investigación de los autores intelectuales de la masacre.

Reacciones a la sentencia

Al final del juicio, la sala estalló en aplausos y gritos en celebración de este momento histórico tanto para los familiares de las víctimas de la masacre, como para la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA.

Aura Elena Farfán, Presidenta de FAMDEGUA, reflexionó que al escuchar la sentencia, “yo sentí una emoción muy grande, al mismo tiempo tristeza, porque inmediatamente me transporté en este momentito, cuando estaba haciendo la exhumación, porque del pozo sacaban las ropitas de los recién nacidos.”

Farfán también ofreció su opinión sobre el significado de la condena emitida por el Tribunal:

“Creo yo que nadie vaya aguantar o vivir seis mil años con treinta, pero que es simbólico, se merecen y no es porque nosotros estamos pidiendo venganza, sino se merezcan porque no tuvieron pasión de los niños, de las mujeres embarazadas, de los ancianos. Entonces aquellas personas pidieron clemencia, que no hicieron daño, sin embargo están recibiendo lo que merezcan.”^⁴

Otras organizaciones nacionales también ofrecieron su apoyo a este fallo histórico. La Fundación Myrna Mack recordó que,

Han pasado casi 29 años, desde aquella matanza, y para los testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas ha sido difícil revivir el dolor y el terror padecidos. Si bien la sentencia causa cierta satisfacción y contribuye a recuperar la confianza en el sistema de justicia, no repara el daño provocado por la pérdida de los seres queridos.^⁵

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en el caso por genocidio en contra del General retirado Héctor Mario López Fuentes, detenido en junio de 2011^⁶, celebró la decisión del tribunal:

La sentencia condenatoria recoge elementos fundamentales para la historia del país, entre ellos: que la masacre fue debidamente planificada como parte de la política contrainsurgente que se implementaba en aquella época y representó un castigo y advertencia a los pobladores por la supuesta colaboración con la guerilla quedando comprobado en el debate que la población de las Dos Erres se dedicaban a actividades agrícolas, no habiéndose encontrado armas en el lugar.^⁷

Además, CALDH reconoció la importancia de sentencias en casos de crímenes del pasado para garantizar la no repetición: “Juzgar los hechos del pasado es fundamental para garantizar que NUNCA MÁS se vuelvan a repetir estos crímenes que lastiman la dignidad de la humanidad entera”.^⁸

También estaban presentes en la sala de audiencia el día de la sentencia, los miembros de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), querellante en el caso legal por genocidio.

La Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala, compuesta por varias organizaciones de derechos humanos^⁹, celebró el:

...reconocimiento al valor y la dignidad de las víctimas, sobrevivientes y familiares, así como a las organizaciones que les han acompañado, en especial la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), quienes han superado paciente y valerosamente, los obstáculos enfrentados en su camino por encontrar justicia por estos crímenes.^¹⁰

Las reacciones a la sentencia muestran que la lucha no sólo es de los familiares y sobrevivientes de la masacre de las Dos Erres, pero su éxito en este proceso es un gran avance para todos los casos legales de crímenes del pasado. Siendo una de las masacres más grandes del conflicto armado interno en Guatemala, la sentencia condenatoria ha sido reconocida como un paso en contra de la impunidad. Este paso histórico también ha tenido eco en medios de comunicación a nivel mundial.

La sentencia también ha generado reacciones negativas. El 11 de agosto la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) denunció en una conferencia de prensa una agresión en contra de su director Fredy Peccerelli, y una carta amenazando de muerte a miembros de la fundación que hacía referencia a la sentencia en el caso de las Dos Erres.^¹¹ Durante el juicio José Samuel Suasnavar Bolaños y Leonel Estuardo Paiz Diez expusieron peritajes arqueológicos forenses de la FAFG; los dos son mencionados en la amenaza.

También FAMDEGUA ha estado en contacto con la policía en relación a varios incidentes de vigilancia de su oficina por hombres desconocidos durante los meses de junio a agosto de 2011, que podrían estar vinculados al caso.

Otros sindicados en el caso

En la actualidad, otros cuatro ex-kaibiles sindicados en este caso se encuentran detenidos. El pasado 12 de julio, Pedro Pimentel Ríos fue deportado de los Estados Unidos por carecer de documentos migratorios, y capturado a su llegada a Guatemala. El 29 de septiembre tuvo lugar una audiencia en la cual se declararon sin lugar los argumentos de la defensa de Ríos, declarando que el acusado puede ser juzgado por el crimen de asesinato y delitos en contra de deberes de humanidad en el caso de la masacre de las Dos Erres.

El ex-kaibil Pedro Pimentel Ríos queda ligado al proceso legal por la masacre de las Dos Erres. (Foto: Kevin Hayes)

El abogado de Pimentel Rios sustuvo que en ningún lugar de la acusación existían nombres específicos de las personas supuestamente matadas por su patrocinado, ni evidencia balística para incriminarlo. Sin embargo, la jueza Carol Patricia Flores se refirió a los testimonios oculares y los peritajes presentados en aquel juicio histórico para declarar que existía suficiente probabilidad que Pimentel Ríos estuviera directamente involucrado en la masacre.

El 1 de septiembre de 2011, un juez canadiense aprobó la extradición a Estados Unidos del ex-kaibil Jorge Vinicio Orantes Sosa, ciudadano de Estados Unidos y Canadá, además de tener nacionalidad guatemalteca. Igual que Gilberto Jordan, Sosa Orantes está acusado de haber mentido en su solicitud de nacionalidad estadounidense, al ocultar su participación en la masacre.

Según Aura Elena Farfán, la decisión de extraditar a Sosa Orantes hacia los Estados Unidos “sienta un mal precedente porque ellos están solicitando que sea castigado por la mentira, y no por lo que él hizo acá en Guatemala. Hay que tomar en cuenta la sangre de tantos guatemaltecos. Es una petición concreta de FAMDEGUA, y especialmente de los familiares sobrevivientes, donde nosotros queremos que se juzgue por los hechos y no por una mentira de soberanía.”^¹²

En septiembre de 2010, el ex-kaibil Gilberto Jordan fue sentenciado a diez años de prisión en los Estados Unidos por no haber revelado su servicio en el Ejército de Guatemala y su participación en la matanza en su solicitud de ciudadanía. Santos López Alonso, que secuestró y adoptó un niño sobreviviente de la masacre, Ramiro Osorio Cristales, fue detenido en 2010 en los Estados Unidos por las autoridades de inmigración y espera la apertura de su proceso.

Los otros nueve acusados se encuentran prófugos de la justicia.

- - -

1Sentencia en el caso de la masacre de las Dos Erres, presidida por la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios. C-01076-2010-00003 OF.1o. Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Guatemala, 2 agosto 2011.p. 260-261.

2Idem. p. 251

3Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el Plan Victoria 82 demuestra que las acciones de los soldados del ejército guatemalteco fueron parte de una estrategia explícita que provenía del alto mando del ejército. La CEH subraya que, “los miembros del Ejército de Guatemala no actuaron independientemente cuando realizaron acciones militares contra la guerrilla o contra la población civil indefensa, sino cumplían órdenes previamente recibidas. Estas órdenes, verbales o escritas (como los planes de campaña), correspondieron en todos los casos a la implementación de una operación planificada con anterioridad y que perseguía alcanzar algunos de los objetivos estratégicos de la lucha contra insurgente.” Guatemala: Memoria del Silencio. CEH. Capítulo 2: Volumen 1: Artículo 170.

4Entrevista con Aura Elena Farfán, octubre de 2011.

5Fundación Myrna Mack. “Una manifestación más de la justicia, a pesar del tiempo...” Comunicado. 5 agosto 2011.

6NISGUA. General Héctor Lopez Fuentes acusado de genocidio. 21 junio 2011. http://nisgua.blogspot.com/2011/06/general-hector-lopez-fuentes-acusado-de.html

7CALDH. “Histórica condena por masacre de las Dos Erres.” Comunicado. 2 agosto 2011.

8CALDH. “Histórica condena por masacre de las Dos Erres.” Comunicado. 2 agosto 2011.

9Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); Fundación Sobrevivientes; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Seguridad en Democracia (SEDEM); Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA)

10La Convergencia de los derechos humanos. “Saludamos el avance en la aplicación de justicia.” Comunicado. 3 agosto 2011.

11Fundación de Antropología Forense de Guatemala. “Amenaza y atentado a peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala por sentencia de casao de la masacre Dos Erres, Petén, ocurrida en 1982.” Comunicado, 11 de agosto de 2011. http://ow.ly/6ISHt; ver también Amnistia Internacional “Guatemala: Amenazas contra unos expertos que testificaron en un juicio.” Acción Urgente AMR 34/008/2011, 11 agosto 2011.http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR34/008/2011

12Entrevista con Aura Elena Farfán, octubre de 2011.

ACOGUATE entrega carta pública de apoyo a AJR y CALDH

2011-09-29T11:11:00.008-06:00

La semana del 19 de septiembre representantes de ACOGUATE entregaron a las instituciones de justicia, derechos humanos, y seguridad del gobierno de Guatemala una carta pública de apoyo a la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en su lucha para la justicia por el genocidio. La entrega de la carta coincidió con una semana en la cual organizaciones de derechos humanos de Guatemala manifestaron a favor del caso legal por genocidio. La apertura del juicio en contra del General retirado Héctor Mario López Fuentes, acusado de genocidio, delitos contra deberes de humanidad, y desaparición forzada, fue programada para el 21 de septiembre, pero la audiencia fue suspendida.

Organizaciones sociales de Guatemala realizan manifestación artística a favor de la justicia por el genocidio en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, frente al Palacio Nacional (Foto: Graham)

La carta está firmada por cada uno de los 11 comités de la red internacional de ACOGUATE, más 42 organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, Alemania, Austria, Belgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, y México. Se puede leer la carta abajo. La carta también será entregada al cuerpo diplomático en Guatemala, la Ofinica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, y a la Delegación de la Unión Europea en Guatemala.

Carta de apoyo a la AJR y CALDH con sellos de recepción de instituciones del gobierno de Guatemala (Foto: Kevin Hayes)

Ciudad de Guatemala, septiembre de 2011
ACOGUATE

Álvaro Colom
Presidente de la República
Secretaría Privada de la Presidencia
Palacio Nacional de la Cultura 2º nivel
Ciudad de Guatemala

Claudia Paz y Paz
Fiscal General de la Nación
15 Avenida 15-16 8º. Nivel
Zona 1 Barrio Gerona
Ciudad de Guatemala

Carlos Menocal
Ministerio de Gobernación
6a Avenida 13-71, Zona 1
Ciudad de Guatemala

Ruth del Valle Cóbar
Presidenta de COPREDEH
2a Avenida 10-50, Zona 9
Ciudad de Guatemala

Sergio Fernando Morales Alvarado
Procuraduría de Derechos Humanos
12 Avenida 12-72, Zona 1
Ciudad de Guatemala

Lic. Luis Arturo Archila L.,
Presidente del Organismo Judicial
Palacio de Justicia 21 Calle 7-70, Zona 1
Ciudad de Guatemala

Embajador Roger Haroldo Rodas Melgar
Ministro de Relaciones Exteriores
2a Avenida 4-17, Zona 10
Ciudad de Guatemala

Asunto: Justicia en el caso por genocidio en Guatemala

Honorable Señor Presidente Álvaro Colom:

Las organizaciones firmantes de esta carta nos dirigimos a las instituciones del gobierno de Guatemala, así como al cuerpo diplomatico e instituciones de la comunidad internacional, para expresar nuestro apoyo a la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en su larga búsqueda de justicia en el caso por genocidio. La AJR y CALDH han llevado este caso por parte de los y las sobrevivientes de masacres de las regiones de Chimaltenango, Huehuetenango, Ixcán, Ixil, y Rabinal con el fin de lograr la verdad, la justicia, y la garantía de no repetición de graves violaciones de derechos humanos en Guatemala.

Reconocemos que se ha dado un avance historico en la lucha contra la impunidad, con la decisión de la Jueza Carol Patricia Flores de ligar al General Héctor Mario López Fuentes al proceso judicial por genocidio, delitos contra deberes de la humanidad, y desapariciónes forzadas cometidos en contra del pueblo Maya Ixil durante el régimen de facto del General Efraín Ríos Montt. Aprovechamos esta carta para expresar nuestra esperanza de que los casos por genocidio procedan de una manera eficaz, de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales y los derechos de los y las sobrevivientes de todos los pueblos Mayas.
Expresamos nuestro apoyo al trabajo de acompañamiento brindado a la AJR y CALDH por parte del proyecto de acompañamiento internacional en Guatemala, ACOGUATE, conformado por una red de organizaciones internacionales de Europa y Norteamérica que brinda acompañamiento a defensores de derechos humanos de Guatemala que se encuentran bajo amenaza o riesgo por el trabajo que realizan a favor de los derechos humanos.

Los comités internacionales de ACOGUATE y las otras organizaciones firmantes de esta carta solicitamos, que en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y en luz de los avances importantes en el proceso judicial protagonizado por la AJR y CALDH, que el Estado de Guatemala y sus instituciones proporcionen las garantías constitucionales a AJR y CALDH y a todos sus integrantes y testigos que han emprendido procesos de justicia tendientes a esclarecer graves violaciones a los derechos humanos y crímenes del pasado, tal es el caso por genocidio.

Confiamos en que el Estado de Guatemala garantizará el derecho de esas organizaciones y sus integrantes para desempeñar sus actividades dentro y fuera del proceso judicial en un ambiente de seguridad y respeto a sus derechos humanos fundamentales. Solicitamos a la Comunidad Internacional que continúe acompañando este proceso historico para hacer valer los derechos a la justicia y la verdad en Guatemala.

Atentamente,

Comités internacionales de ACOGUATE

ADA, Austria
Cadena para un Retorno Acompañado, (CAREA e.V.), Alemania
Collectíf Guatemala, Francia
Guatemala Solidarity Network, Inglaterra
La Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala de los Estados Unidos (NISGUA)
El Comité Danés de Solidaridad con Centro America (CDSC/MAK), Dinamarca
Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR)
Peace Watch Suiza
Plataforma de solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid (Estado español)
Projet Accompagnement Québec-Guatemala, Canada
Rompiendo el Silencio, Canada

Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales

ACAT, Francia
Asociación Espoir Chiapas, Francia
Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
Bend-Condega Friendship Project, EE.UU.
Colectivo Actoras de Cambio, Guatemala
Colectivo BoCa En BoCa, Chiapas, México
Copper Country Guatemala Accompaniment Project, EE.UU.
Davis Religious Community for Sanctuary, EE.UU.
Denver Justice & Peace Committee, CO, EE.UU.
Grupo Solidar met Guatemala, Belgica
Guatemala Human Rights Commission/USA, EE.UU.
Guatemala Partnership of the Congregational Church of Needham, MA, EE.UU.
Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia (UNBC), Canada
Guatemala Solidarität Österreich - Grupo de Solidaridad con Guatemala, Austria
Guatemala Solidarity Committee Boston, EE.UU.
Guatemalagruppe Nürnberg e.V., Alemania
Guatemalan Working Group of OPIRG (Ontario Public Interest Group), McMaster University, Hamilton, ON, Canada
Heart of the Sky Fair Trade, Spring Green, WI, EE.UU.
Human Rights Action Service, St. Louis, MO, EE.UU.
Impunity Watch, Wilson De los Reyes Aragón, Coordinador, Guatemala
Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA) - Grupo de Información sobre América Latina, Austria
INKOTA - Red Ecuménica, Alemania
KGAP, MI, EE.UU.
LAGOS, MN, EE.UU.
Lateinamerika Gruppe Marburg, Alemania
Marin Interfaith Task Force on the Americas, EE.UU.
MiningWatch Canada
Mouvement pour Une Alternative Non Violente, Francia
New Community Project, Elgin, IL, EE.UU.
New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project, EE.UU.
Nicaragua Center for Community Action (NICCA), Berkeley, CA, EE.UU.
No More Deaths/No Mas Muertes, Tucson AZ y Nogales AZ/Sonora, EE.UU y México
Office of the Americas, CA, EE.UU.
Partners for Arlington and Guatemala (PAG), Christine Sutton, Chair, EE.UU.
Partners in Mission, United Church of Canada, Omega Bula, Executive Minister
Peuples Solidaires, Francia
Red Europeo de Comités Oscar Romero, Belgica
Rights Action, EE.UU. y Canada
Sister Parish (Iglesias Hermanas), EE.UU.
Unitarian Universalist Church of Arlington (Virginia), Rev. Carlton E. Smith, Minister for Social Justice
Vlaams Guatemala Comité, Belgica
Washington Office on Latin America, EE.UU.
Welthaus Diözese Graz-Seckau - Casa del Mundo de Graz, Austria

Copias: CALDH, AJR, y las siguientes embajadas y organismos internacionales

Embajada de Alemania
Edificio Reforma 10, Nivel 10
Avenida Reforma 9-55, Zona 10
Ciudad de Guatemala

Embajada de Austria
Edificio Multimedica
Boulevard Vista Hermosa, 25-19, Zona 15
Nivel 12, Oficina 1218
Ciudad de Guatemala

Embajada de Canadá
Edificio Edyma Plaza
Nivel 8 13 Calle 8-44, Zona 10
Ciudad de Guatemala

Embajada de España
6ª calle 6-48, zona 9
Ciudad de Guatemala

Embajada de Estados Unidos
Avenida La Reforma 7-01, Zona 10
Ciudad de Guatemala

Embajada de Francia
5ª avenida 8-59, zona 14
Ciudad de Guatemala

Embajada de Italia
12 calle 6-49, zona 14
Ciudad de Guatemala

Embajada de Los Países Bajos
Edificio Torre Internacional, nivel 13
16 calle 0-55, zona 10
Ciudad de Guatemala

Embajada del Reino Unido
Edificio Torre Internacional, Nivel 11
Esquiva Av. La Reforma y 16 calle, Zona 10
Ciudad de Guatemala

Embajada de Suecia
8ª avenida 15-07, zona 10
Ciudad de Guatemala

Embajada de Suiza
Torre Internacional
16 calle 0-55, zona 10
Ciudad de Guatemala

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala
5a Av. 5-55, Zona 14
Edif. Europlaza, Torre III, Nivel 14
Ciudad de Guatemala

Delegación de la Unión Europea en Guatemala
5a Av. 5-55, Zona 14
Edif. Europlaza, Torre II, Nivel 17
Ciudad de Guatemala

Mamá Maquín – 20 años de lucha por una vida sin violencia

2011-09-06T14:48:00.006-06:00

El 29 de mayo del 1978 en Panzós, Alta Verapaz, el ejército masacró a un grupo de hombres, mujeres y niños campesinos que reclamaban su derecho a la tierra de sus antepasadosⁱ. Una de las personas asesinadas fue la líderesa campesina, Adelina Caal Maquín. Doce años y muchos horrores después, un grupo de mujeres refugiadas en México retomó su nombre de cariño – Mamá Maquín – como nombre para su organización que lucha por los derechos a la tierra y la participación de las mujeres.

Actualmente la asociación Mamá Maquín cuenta con alrededor de 1400 socias en los departamentos del Quiché, Alta Verapaz, Petén, y Huehuetenango. ACOGUATE visita a la organización en el departamento de Huehuetenango desde el año pasado. Varios comités de ACOGUATE también acompañaron el proceso del retorno de los refugiados durante los años noventa. El acompañamiento actual empezó después de que la co-fundadora de Mamá Maquín y lideresa local, María Guadalupe García, recibió amenazas por su acompañamiento a la lucha de las comunidades manifestando su resistencia a la construcción de la Franja Transversal del Norte ⁱⁱ.

Las mujeres en el refugio : “nos fortalecimos”

Entre 1981 y 1984, los años más violentos del conflicto armado interno en Guatemala, miles de personas abandonaron sus comunidades, muchas buscando refugio en Chiapas, México. 45,000 refugiados fueron reconocidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero en total se estima que más de 200,000 personas huyeron a México, a los Estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche ⁱⁱⁱ.

La situación en los campamentos era difícil, especialmente para las mujeres:

“Llegamos con el pensamiento de que sólo estaríamos unos días en México. Estando al otro [lado] de la línea nos dimos cuenta de que éramos muchos, que cada día más y más cruzaban la línea por la misma razón. Las que sufríamos más éramos las mujeres, llorábamos de tristeza; tuvimos que cambiar nuestro traje y dejar de hablar nuestro idioma por temor de ser deportadas.”^iv

Por la necesidad de la supervivencia de la familia, muchas mujeres trabajaban junto a los hombres en el campo o hacían trabajos domésticos para los ladinos. Un aporte importante tanto para la economía familiar como para la autoestima de las mujeres fue un proyecto de artesanías impulsado por el Comité Cristiano. “Esto agrandó nuestra carga de trabajo, pero también nos permitió aprender a sobrevivir y a resolver nuestros problemas por sí mismas y a vivir de otra manera. Las mujeres nos fortalecimos en el refugio.”^v

No obstante, este nuevo aporte de las mujeres a la economía familiar no se tradujo en más participación en los 'espacios públicos', sino que se reprodujo la discriminación que las mujeres habían conocido en sus comunidades en Guatemala.

En 1987 Raquel Blandón, la esposa del entonces presidente de Guatemala Vinicio Cerezo, visitó los campamentos en Chiapas. Trajo el mensaje que ya había democracia en Guatemala y que los refugiados podían regresar ^vi. María Guadalupe recuerda que la gente:

“no lo podían creer, porque sabíamos que la guerra todavía seguía en Guatemala. [...] Decidimos no regresar así como cuando salimos; teníamos que ver lo que realmente íbamos a exigir al gobierno. Como respuesta a la visita de ella, la gente se animó a organizarse nombrando sus representantes para hacer una negociación con el gobierno.”^vii

Fue así como se formaron las llamadas Comisiones Permanentes, sin embargo la participación de las mujeres era casi nula.

Hacer escuchar la voz de las mujeres refugiadas: la fundación de Mamá Maquín

En mayo de 1990, 47 refugiadas de diferentes campamentos se reunieron en Palenque, Chiapas, y decidieron hacer escuchar la voz de las mujeres, “porque en ocho años no había sido escuchada. Los periodistas que llegaban a los campamentos a preguntar cómo fue la huida solo iban con los hombres, pero a la guerra no la vivimos igual, los hombres la vivieron de una manera y nosotras de otra manera.”^viii Las mujeres indígenas fueron un componente esencial de la estrategia contrainsurgente del gobierno. Como hace constar la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la violación de las mujeres y su tortura antes de ser asesinadas fue una práctica común que iba dirigida a destruir la dignidad no sólo de las mujeres sino también de los hombres^ix.

Las mujeres analizaron también el papel de las mujeres en el refugio y cuestionaron su falta de participación en las asambleas, a pesar de su aporte importante a la economía familiar. Con el fin de cambiar esta situación discriminatoria, decidieron fundar una organización de mujeres – Mamá Maquín. En agosto del mismo año, Mamá Maquín celebró su asamblea constitutiva en la cual participaron más de 700 mujeres y alrededor de 300 invitados-as.

Las reacciones ante la fundación de una organización de mujeres eran diversas. Muchos hombres se burlaron: “¿A poco ahora las mujeres quieren mandar?”, otros dijeron que las mujeres guatemaltecas no tenían el derecho de hacer política en México. No obstante, la organización logró crecer; en 1993 tenía 9,000 miembros ^x y era un actor reconocido ante los refugiados como ante las instituciones oficiales de México y Guatemala y los organismos internacionales.

La primera actividad de Mamá Maquín fue la realización de un estudio sobre la situación de las mujeres en los campamentos. Luego se iniciaron programas de alfabetización y talleres sobre los derechos de las mujeres. Mamá Maquín también presionó al gobierno de Guatemala a aceptar las condiciones para el retorno que planteaban las Comisiones Permanentes desde 1987.

Un retorno con dignidad

En octubre 1992 se firmó finalmente los acuerdos de retornos negociados a través de las Comisiones Permanentes con el gobierno guatemalteco sobre el retorno. En los acuerdos se garantizó protección de los derechos de las y los retornados a la vida, la tierra, la vivienda, la educación y la libre movilización, entre otros.

Con base a este acuerdo se dieron entre 1993 y 1998 los retornos masivos de los refugiados. En todo el proceso de retorno, Mamá Maquín desempeñó un papel activo. Como preparación para las que iban a retornar, Mamá Maquín empezó a divulgar el contenido del acuerdo en un programa de radio y a través de talleres. Las mujeres se dieron cuenta que el derecho a la tierra sólo quedó garantizado para los hombres y las mujeres viudas o solteras, pero no para las mujeres con esposos.

Con el objetivo de volver a plantear el derecho de la mujer a la tierra en Guatemala, Mamá Maquín conformó, junto con dos organizaciones más,^xi una comisión negociadora. Sin embargo, fue sólo en 1997 cuando las mujeres con el apoyo de ACNUR y la COMAR^xii lograron cambiar el reglamento de adquisición de tierra y fijar que el crédito para la compra de la tierra se otorgara a nombre de la pareja, de modo que la tierra iba a ser en copropiedad. Para Mamá Maquín, este reconocimiento oficial del derecho de las mujeres a la tierra que automáticamente permitía el derecho de ser socias de las cooperativas ha sido uno de sus logros principales, aunque en la práctica no ha sido fácil lograr este derecho y por eso la lucha sigue.

Viejo machismo, nuevos retos: acuerdos incumplidos y la defensa del territorio

El retorno a Guatemala no fue fácil para las mujeres y las dificultades afectaron también a Mamá Maquín como organización. La emergencia de establecer un nuevo lugar donde vivir no dejaba tiempo para reuniones. Además, las dirigentes habían retornado a diferentes departamentos y estaban muy dispersas ^xiii.

Por otra parte, las mujeres enfrentaron nuevamente el machismo. “Muchos hombres dijeron que estuvo bien que las mujeres se habían organizado en el refugio, pero que ahora ya todo había vuelto a la normalidad y entonces debían dejar la organización y cada quien con su rol, las mujeres en la casa y los hombres en los espacios de toma de decisiones.”^xiv

Una expresión extrema de este rechazo fue en 1997 con la quema del local de Mamá Maquín en Pueblo Nuevo, Ixcán. Este ataque iba a la par con amenazas contra las mujeres que se les iba a quitar las tierras a sus maridos si las mujeres continuaran en Mamá Maquín. Los incidentes tuvieron impacto en el número de personas que participaron en la organización en los años después de los retornos.

Mamá Maquín decidió entonces llevar a cabo un reencuentro de fundadoras e integrantes en lo cual se decidió fortalecer la organización a través de un diagnóstico sobre la situación de sus integrantes. Relata María Guadalupe:

“Ahí empezamos a darnos cuenta, de que muchos de los compromisos de las instituciones acordados en México fueron violados. Por ejemplo el derecho de las mujeres a voz y voto en las cooperativas o el derecho de ser coproprietaria de la tierra. En general casi no había mujeres socias y las pocas que había, casi todas eran viudas o madres solteras. Muchas veces escuchamos 'las que tienen esposo no tienen necesidad de estar en la cooperativa'. O decían: 'las mujeres pueden ser socias, pero si los hombres van a chapear una cuerda, las mujeres también y si los hombres van a sembrar postes de luz, las mujeres también.' Muchas mujeres se desanimaron. Pero entonces nos preguntamos ¿y dónde queda el aporte del trabajo de la mujer? Sin la mujer en la casa que se ocupa de todo, el hombre no puede ir a trabajar. No había forma establecida como valorar el trabajo de las mujeres.”^xv

A estos problemas de inseguridad a nivel individual se sumaron nuevos retos. María Guadalupe señala: “Estábamos mirando los problemas 'chiquitos', la certeza de derechos a nivel individual de las mujeres, sin embargo nos dimos cuenta que hay otro problema mucho más grande que son las políticas neoliberales y el saqueo de los elementos naturales.”^xvi Por ello, la defensa del territorio llegó a ser una de las prioridades del trabajo de Mamá Maquín y de la Alianza de las Mujeres Rurales.

En la región donde vive María Guadalupe, se está impulsando el proyecto de la Franja Transversal del Norte. Este es sólo uno de los numerosos megaproyectos impulsados por la política neoliberal; el territorio de la población indígena también está explotado por proyectos de minería, hidroeléctricas, explotación petrolera y megacarreteras.

Trenzando la identidad y los saberes de las mujeres de la juventud para “vivir bien”.

La estrategia de Mamá Maquín para enfrentar los nuevos y viejos retos se concentra en dos ejes: la incidencia política y la formación. El trabajo a nivel político enfrenta mucha resistencia. Los esfuerzos de Mamá Maquín junto con otras organizaciones de conformar una representación de mujeres y la reorganización del Consejo Municipal de Desarrollo en Nentón no han tenido éxito hasta ahora, igual que los intentos de establecer compromisos por parte de los partidos políticos a retomar las demandas de las mujeres en sus programas.

A nivel departamental en cambio, se logró que el programa de alfabetización tuviera un enfoque de género y en los derechos de las mujeres. El logro más grande para María Guadalupe ha sido la creación de una comisión – conformada por una representante de cada grupo étnico - que acompaña a la representante titular y suplente de las mujeres en el Consejo Departamental de Desarrollo. Bajo el segundo eje de trabajo, concienciación y formación, Mamá Maquin realiza talleres con mujeres, donde se analizan los planes neoliberales de desarrollo desde un enfoque en las mujeres campesinas e indígenas.

Mamá Maquín también ha empezado a trabajar con jóvenes. En 2010, se terminó el primer ciclo de un proceso de formación político en el cual participaron mujeres y jóvenes. En mayo 2011 empezó el segundo ciclo con 20 participantes bajo el lema “Trenzando la identidad y los saberes de jóvenes y mujeres para vivir bien”. María Guadalupe explica: “La escuela está enfocada en conocer y analizar nuestra historia y nuestra realidad actual. Pero no sólo conocerla sino también hacer acciones. Intentamos de recuperar valores y principios como son por ejemplo el respeto o el consumo responsable.”^xvii

Proyectos versus política

El trabajo político y de concienciación es una tarea difícil en el contexto de pobreza en el que vive la gente. Muchas mujeres esperan “proyectos” y algún beneficio directo si participan en una organización. Por ello Mamá Maquín está pensando nuevamente en elaborar una propuesta económica. Sin embargo, niega ser una organización que gestiona pequeños proyectos que, en el mejor de los casos, son un paliativo pero que nunca logran cambiar las causas estructurales de la pobreza y exclusión de las mujeres y los pueblos. María Guadalupe explica:

“En el refugio, las mujeres y los hombres fuimos valientes [...]. Pero al estar en Guatemala, teniendo tierra e incluso nos dieron algunas viviendas, nos confundimos un poco y creímos que el problema ya se había terminado, mientras los grandes problemas, de violencia, discriminación, racismo y explotación siguen. Mientras el poder y la riqueza estén concentrados en pocas manos, la mayoría va a estar dominada. Entonces, es importante animarnos para retomar nuestra lucha, porque las causas que originaron la guerra durante los 36 años, no se han resuelto. Por lo tanto, es importante retomar esa lucha y ya no sólo para nosotras las que nos fuimos refugiadas, sino para todas las mujeres que estamos en Guatemala.”^xviii

_ _ _

i Existen diferentes versiones de cuántas personas murieron aquel día. Según la información recopilada por el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se pudo establecer que murieron un total de 53 personas. Según Victoria Sanford, el Ejército después de los hechos sostuvo que hubo 37 muertos, pero dos días después de la masacre esta cifra fue disputada por una delegación de campesinos quienes indicaron que fueron 100 personas. Véase Sanford, Victoria (2009): La masacre de Panzós. F&G Editores, Guatemala, págs. 85-6.

ii La Franja Transversal del Norte es una carretera de unos 330 kilómetros que atravesará los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal.

iii Organización de Mujeres Guatemaltecas Refugiadas en México “Mamá Maquín” (1999): Nuestra Experiencia ante los retos del futuro. Sistematización del trabajo de las mujeres de Mamá Maquín durante el refugio en México y su retorno a Guatemala, p.7.

iv Ibid., p.9.

v Ibid., p.10.

vi Además, se les decía que iban a perder el derecho a su terreno si no iban a regresar para trabajarlo. Beatriz Manz (2005): Paradise in Ashes. A Guatemalan Journey of Courage, Terror and Hope. University of California Press, Berkley, Los Angeles and London, p.184.

vii FOKUS / Consorcio de Organizaciones: MOLOJ / CONAVIGUA / ICCPG (2010): Tejedoras de paz. Testimonios de mujeres en Guatemala. Segunda edición, p.165.

viii La Vía Campesina Centroamericana y Centro Cooperativo Sueco (2008): El valor de las mujeres: La lucha por el derecho a la tierra, pp. 25-26.

ix Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del silencio, Vol. 3. Guatemala, 1999. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html

x Organización de Mujeres Guatemaltecas Refugiadas en México “Mamá Maquín” (1999): Nuestra Experiencia ante los retos del futuro. Sistematización del trabajo de las mujeres de Mamá Maquín durante el refugio en México y su retorno a Guatemala. p.27.

xi Ixmucané y Madre Tierra - dos otras organizaciones de mujeres que después de Mamá Maquín se habían conformado en el refugio en México.

xii Comisión Mexicana para Refugiados

xiii Información proporcionada por María Guadalupe García en el taller para nuevas coordinadoras regionales de Mamá Maquín. 16 de febrero 2011.

xiv Ibid.

xv Entrevista realizada con María Guadalupe García el 24 de abril 2011.

xvi Ibid.

xvii Entrevista realizada con María Guadalupe García el 24 de abril 2011.

xviii FOKUS / Consorcio de Organizaciones: MOLOJ / CONAVIGUA / ICCPG (2010): Tejedoras de paz. Testimonios de mujeres en Guatemala. Segunda edición, pp. 169, 170.

Fallo de la Corte de Constitucionalidad en caso laboral de SITRAPETEN

2011-06-30T13:07:00.015-06:00

SITRAPETÉN es un sindicato de ex trabajadores de la Distribuidora del Petén, planta embotelladora de Agua Pura Salvavidas. Después de varios intentos de registrar su sindicato con el Ministerio de Trabajo, el sindicato se logró registrar en mayo de 2008, más de un año después de empezar el proceso de formalización. Sin embargo, cuatro días antes, la empresa se había declarado en quiebra ofreciendo contratos con la Distribuidora Primordial a los demás trabajadores pero no a los sindicalistas. Los miembros del sindicato han manifestado desde entonces, primero frente a las instalaciones de la empresa, y después frente al Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala. El Sexto Juzgado de Trabajo y Previsión Social ordenó la reinstalación de los miembros de SITRAPETEN en 2009. Los abogados de la empresa presentaron una apelación y la orden fue declarada sin lugar el 7 de julio de 2009. La lucha de los sindicalistas siguió, a pesar de un desalojo violento de su champa en el Parque Central en diciembre de 2009. El 12 de mayo de 2011, la Corte de Constitucionalidad, la máxima autoridad en Guatemala, dictó sentencia en su caso laboral, y declaró sin lugar la orden de reinstalación. ACOGUATE acompaña a SITRAPETEN desde mayo de 2008. 1

La situación sindical en Guatemala

Según un informe del Movimiento Sindical Indigena Campesino de Guatemala (MSICG), en mayo de 2011 el movimiento sindical representaba el 2% del total de la población económicamente activa. De esta tasa de sindicalización, “apenas el 12.48% de sindicatos se constituyen en la iniciativa privada.” Como explicación de esta baja tasa de sindicalización, el MSICG denuncia que, “en la práctica el Estado de Guatemala ha implementado, tolerado y fomentado una política antisindical que se mantiene vigente y se agudiza cada vez más y que es totalmente contradictoria con los derechos establecidos en el Convenio 87 de la OIT y con los principios relativos a la libertad sindical”.2 Después de la presentación de este informe, la Comisión de Aplicación de Normas de la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo en junio de este año, estimó procedente incluir las conclusiones respecto al análisis del caso de Guatemala por violaciones a la libertad sindical, en un párrafo especial para ser citado en el informe General de la Conferencia.3

En abril de 2008 la Federación Americana del Trabajo – Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y seis organizaciones sindicales nacionales denunciaron al Estado de Guatemala por violación del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha reconocido la existencia de violaciones de derechos laborales y en septiembre de 2010 envió una delegación para dar seguimiento a la investigación de la denuncia.4 En marzo del presente año la secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton, afirmó en el Senado que el Estado de Guatemala no había cumplido con satisfacción la protección de los derechos laborales de los trabajadores.5

Este mes, el Gobierno de Guatemala se comprometió con los Estados Unidos a presentar un proyecto de ley en el Legislativo para devolverle al Ministerio de Trabajo la autoridad sancionaria contra empleadores que no respeten normas laborales. El trato ha sido considerado por el sector empresarial como una violación a la Constitución. Según un abogado de la Comisión Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), “devolver la capacidad sancionaria a la Inspección General de Trabajo (IGT) no se puede hacer, porque la Constitución establece que el único que puede realizar función sancionaria es un juez de Trabajo.” La Unión Guatemalteca de Trabajadores se mostró en favor de que la IGT tenga autoridad sancionaria, pero indicó preocupación que sea por medio de un proyecto de ley que maneje el Congreso.6

La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) en su informe sobre la situación sindical en Guatemala analiza que, lejos de traer beneficios para todos, la apertura económica que vino con los tratados de libre comercio entre los países de centro y sur América con Estados Unidos ha significado que la gran mayoría de la población “en términos generales han visto deteriorada su situación laboral y por ende económica, la cual ha venido de la mano de las estrategias encaminadas a la desregularización de las relaciones laborales implementadas tanto desde el sector empresarial y Estatal.”7 Además, en su informe del periodo de enero a abril del año en curso, UDEFEGUA ha registrado 8 agresiones en contra de sindicalistas.8 El MSICG ha registrado asesinatos de 47 sindicalistas entre 2007 y septiembre de 2010.9 A esto se suma el asesinato de Idar Joel Hernández Godoy, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabjadores Bananeros de Izabal (SITRABI) hace apenas un mes, el 26 de mayo. También el directivo de base del dicho sindicato, Oscar Humberto Gonzáles Vázquez, fue asesinado el 10 de abril del presente año.10

La sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el caso laboral de SITRAPETÉN, 12 de mayo de 2011

Según los abogados en el caso de SITRAPETÉN, un tema clave ha sido la sustitución patronal. Uno de los abogados recuerda que “cuando cerró la distribuidora del Petén, sus actividades comerciales continuaron normales, SIN todos los trabajadores afiliados y su directiva”11. Los abogados han argumentado que esto constituye un despido, dado que a los sindicalistas no se les ofrecieron contratos con la Distribuidora Primordial que sustituyó a la Distribuidora del Petén, y que “según la ley, si ha habido sustitución patronal, los derechos de los trabajadores no deberían verse afectados.”12

Según Edwin Álvarez, secretario general de SITRAPETÉN: “creímos de que la Corte de Constitucionalidad… nos iba a declarar con lugar el amparo porque existen dos actas del Ministerio de Trabajo donde en dos ocasiones, dos inspectores diferentes declaran que sí existe la sustitución patronal y el empresario dice que sí existe la sustitución patronal y que la empresa Distribuidora Primordial se va a hacer cargo de todos los contratos de todos los trabajadores de Distribuidora del Petén. La primera inspección fue el 26 de marzo (de 2008) y después en mayo se hizo otra y salió la misma conclusión.”13

El 6 de febrero y el 7 de mayo de 2009, el Juez Sexto de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica reconoció que había sustitución patronal de la Distribuidora Petén y “declaró con lugar la reinstalación con sustento en la vigencia del conflicto colectivo citado y, porque no se contó con autorización judicial previa para poner fin a los contratos de trabajo, por lo que ordenó a la entidad patronal que sustituyó a la primera, a reinstalar a los trabajadores y a pagar los salarios dejados de percibir”.14

Sin embargo, se presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio el 7 de julio de 2009 y se declaró sin lugar la orden de reinstalación y todo lo demás ordenado en primera instancia considerando que “en el caso concreto no existió despido y al no haber despido, no es lógico ni legal que exista reinstalación”.15

El caso se apeló además ante la Corte de Constitucionalidad, el 12 de abril de 2011, dado que los representantes del sindicato SITRAPETEN consideraron que se había violado “sus derechos a la justicia y a la libertad sindical al revocar la reinstalación” y que “la terminación ilegal de los contratos de trabajo conlleva la exterminación de la organización sindical, ello porque el hecho de la aparente disolución de la sociedad para la que trabajaban, fue una mera forma de eludir la responsabilidad frente a una organización sindical constituida con fundamento legal”.16

La Corte de Constitucionalidad resolvió que no hubo despido de los sindicalistas, sino que la empresa se había cerrado y que “sin la figura del despido no se puede pretender reinstalación alguna, porque una es condicionante de la otra”.17

Sin embargo, la Corte también resolvió que los sindicalistas tienen derecho de “reclamar su indemnización y demás prestaciones laborales que resultaran procedentes, derivado del cese definitivo de operaciones de su ex empleador, efecto para el cual se entiende interrumpida la prescripción”.18 Según uno de los abogados de SITRAPETEN, esta resolución representa “un aspecto positivo... entre todo lo malo”.

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FOTO: ACOGUATE / Miembros de SITRAPETEN afuera de su champa en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, frente al Palacio Nacional.

1 Véase ACOGUATE, 4 de mayo de 2009, Un año de lucha de SITRAPETEN y la situación sindical en Guatemala, www.acoguate.blogspot.com/2009/05/un-ano-de-lucha-de-sitrapeten-y-la.html y ACOGUATE, 11 de diciembre de 2009, Sindicalistas de SITRAPETEN desalojados del parque central, www.acoguate.blogspot.com/2009/12/sindicalistas-de-sitrapeten-desalojados.html

2 Movimiento Sindical Indigena Campesina de Guatemala (mayo de 2011) Guatemala: El paradigma de la ausencia de libertad sindical, el fracaso sistémico y la falta de voluntad política, www.movimientosicg.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:p%C3%A1rrafo-especial-para-guatemala-la-am%C3%A9rica-obrera-unida-por-la-libertad-sindical&Itemid=78

3 El párrafo especial es una medida que se aplica a los casos de extrema gravedad y en donde los gobiernos han mostrados, falta de avances, falta de voluntad y falta de colaboración con los órganos de control de la OIT. (www.movimientosicg.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=114:p%C3%A1rrafo-especial-para-guatemala-la-am%C3%A9rica-obrera-unida-por-la-libertad-sindical&Itemid=78 Párrafo especial para Guatemala: La América obrera unida por la Libertad Sindical, 7 de junio de 2011)

4 Siglo 21, 23 de septiembre de 2010, EE.UU. resalta tres fallas para aplicar ley laboral, www.s21.com.gt/node/19802

5 El Periodico, 3 de marzo de 2011, EE.UU. evalúa demanda laboral contra Guatemala, www.elperiodico.com.gt/es/20110303/economia/191809/

6 Prensa Libre, 21 de junio de 2011, Ministerio podría multar por violaciones laborales, p3

7 UDEFEGUA, 2010, Nadie debe perder la vida o la libertad por el derecho sindical, p4 www.udefegua.org/index.php/investigaciones-speciales/60-01-2010

8 UDEFEGUA, abril 2011, Informe Bimensual: Prohibido Criminalizar, www.udefegua.org/index.php/informacion

9 MSICG, septiembre de 2010, Segundo Informe, Guatemala: El Costo de la Libertad Sindical, www.movimientosicg.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:informes&Itemid=94

10 Comunicado de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y el Sindicatos de Trabjadores Bananeros de Izabal (SITRABI), 26 de mayo de 2011, Nuevamente de luto, www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/cusg-001.htm

11 Entrevista con abogado de FESTRAS, 7 de junio de 2011

12 Ibid.

13 Entrevista con Edwin Álvarez, 28 de junio de 2011

14 Sentencia de Corte de Constitucionalidad, 12 de mayo de 2011, expediente no. 1551-2010

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Ibid.

Dos entrevistas sobre sentencia en el caso de SITRAPETÉN

2011-06-30T11:10:00.011-06:00

ENTREVISTA CON EDWIN ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL SITRAPETÉN, 28 DE JUNIO DE 2011

Han sido tres años desde que salieron de la empresa: ¿Cómo les ha afectado este proceso?

Lamentablemente en el caso personal me ha afectado bastante. A pesar de que la mayoría de los guatemaltecos dicen que “no hay justicia en Guatemala” yo sí pensaba que tenía que haber justicia. Pero me doy cuenta con esta resolución que realmente no existe la justicia en Guatemala. Siempre la mayoría de los casos favorecen a los empresarios.

¿Cómo fue su reacción a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad?

En el caso de nosotros creímos de que la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima autoridad, nos iba a declarar con lugar el amparo porque existen dos actas del Ministerio de Trabajo donde en dos ocasiones, dos inspectores diferentes declaran que sí existe la sustitución patronal y el empresario dice que sí existe la sustitución patronal y que la empresa Distribuidora Primordial se va a hacer cargo de todos los contratos de todos los trabajadores de Distribuidora del Petén. La primera inspección fue el 26 de marzo (de 2008) y después en mayo se hizo otra y salió la misma conclusión. Ahora, existiendo estas dos actas, ¿qué caso tiene que la Corte de Constitucionalidad dice que simplemente la empresa cerró y que podemos cobrar nuestras prestaciones? No querían hablar nada, o sea, no hablaron nada de la substitución patronal, que era el argumento que nosotros habíamos planteado. Allí está claro de que en Guatemala no existe la ley sino que existe el favoritismo y pueda la impunidad por medio del dinero.

Además el caso se trata de trabajadores despedidos y la ley dice que la Corte tiene que dilatar máximo 24 horas para reinstalar a un trabajador despedido, pero en este caso llevamos 3 años.

También hubo problemas en la Corte de Constitucionalidad porque el amparo llevaba aproximadamente ocho meses y a pesar de que nosotros íbamos a ver cómo iba el caso nos decían siempre que estaba en espera. Pero ya habían dado la resolución y no querían notificar. Entonces cuando salieron ellos y entraron los nuevos magistrados, los nuevos magistrados ya notificaron. Dijeron “ellos hicieron la resolución y nosotros solamente notificamos”. Nos pareció que todos querían lavarse las manos.

¿Cómo ven las posibilidades de un nuevo proyecto de ley que devuelve al Ministerio de Trabajo la autoridad sancionaria contra empleadores que no respeten normas laborales?1

Lo que pasa es que nosotros ya tenemos un Código de Trabajo que supuestamente es el mejor de Centroamérica, pero no se cumple. Igual hay leyes que respaldan a los trabajadores y no se cumplen. Lo que a mí me gustaría sería que se cumpliera la ley. Aquí la ley es para el que tiene más plata.

Y ¿qué va a ser el futuro para los miembros de SITRAPETÉN?

Nosotros pensamos seguir luchando en diferentes cuestiones. Si no hay justicia en Guatemala pues vamos a ver cómo se logra la justicia, y que no se quede impune este caso. Porque realmente es una cuestión dolorosa hablar de que no hay justicia en nuestro país, pero lamentablemente así es.

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ENTREVISTA CON ABOGADOS DE LA FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACION, AGROINDUSTRIA Y SIMILARES DE GUATEMALA (FESTRAS), 7 DE JUNIO DE 2011

¿Nos pueden indicar a grandes rasgos las implicaciones de la resolución de la Corte de Constitucionalidad el 12 de mayo de este año en el caso laboral de SITRAPETEN?

ET: Lo que habíamos solicitado fue la reinstalación de los trabajadores de SITRAPETEN. Sin embargo eso se nos negó. Pero esa resolución contiene entre todo lo malo un aspecto positivo. Y es que la Corte de Constitucionalidad reconoce el derecho que ellos tienen a sus prestaciones de ley y su indemnización. Esto quiere decir que ellos pueden cobrar lo que se les debía.

La Corte de Constitucionalidad les robó el derecho a ser reinstalados. Les impide cobrar los salarios caídos y pone en riesgo las indemnizaciones que les correspondían por despido. La resolución no habla de despido. Dice que “se cerró la empresa”. Y ya como es la Corte de Constitucionalidad no podemos hacer nada. Ya no hay autoridad superior.

El sistema jurídico de Guatemala ha demostrado su incapacidad de proteger los derechos de los trabajadores. Permite que una empresa pueda hacer una maniobra como la que hicieron, que es cambiarle el nombre a la empresa, pasar a los trabajadores a la Distribuidora Primordial y desaparecer a SITRAPETEN. El Estado es responsable de permitir que se hiciera esto.

RS: Un tema central desde nuestra perspectiva, es que cuando cerró la compañía, cuando cerró la distribuidora del Petén, sus actividades comerciales continuaron normales, SIN todos los trabajadores afiliados y su directiva. Siguieron con otra distribuidora que se llama Distribuidora Primordial. Después, la Distribuidora Primordial recibió una inspección por parte de la Inspección General de Trabajo, en la cual el Ministerio de Trabajo constató que la Distribuidora Primordial había sustituido a la del Petén. Eso legalmente tiene una implicación básica en el tema de la protección de los derechos de los trabajadores porque según la ley, si ha habido sustitución patronal, los derechos de los trabajadores no deberían verse afectados. No debería haberse afectado el derecho de libertad sindical, el derecho de reinstalación, todo estos derechos debieron haberse garantizado. La Corte de Constitucionalidad no apreció esto. Y eso es una notoria injusticia y desprotección por parte del Estado. Prevaleció la cuestión mercantil.

Lo que hubo fue una maniobra para impedir el desarrollo del sindicato. La inscripción del sindicato se delató más de un año. Y cuando al fin se logró inscribir, la empresa cerró. Es patético.

¿Como ven Uds la situacion sindical en Guatemala?

ET: No queremos victimizarnos. Consideramos que tenemos un proceso de lucha. El sistema está en contra nuestra. Pero a veces encontramos la forma de manejarlo. En unos casos hemos logrado avanzar.

En los ultimos años hemos visto el desarrollo de sindicatos grandes. RENAP, por ejemplo, es un sindicato que tiene 1,200 trabajadores. Los sindicatos del Ministerio de Educación, cuando empezamos a trabajar con ellos tenían 4,000 afiliados, ahora tienen 60,000. Y se ha conseguido casí el 30 % de aumento de los sueldos para los maestros.

Por otro lado aquí en Guatemala se ha desarollado un movimiento sindical que tiene características mas bien del movimiento campesino o del movimiento sindical sin patrón, que tienen la figura de organizaciones de trabajadores independientes. Con 20 personas se puede hacer un sindicato. Este año se ha aprobado 250 de estos pequeños sindicatos. Pero el problema es que no pueden vivir de las cuotas de sus afiliados como los grandes. Normalmente dependen de una agencia financiera y se manejan como ONGs. Los que tienen éxito son los que mejor manejan el tema financiero. Pero lo que está sucediendo en Guatemala es que el país no recibe casi nada de las agencias financieras porque ahora ellas financian más proyectos en Asia y África. Entonces los pequeños sindicatos se quedan sin recursos.

Sí hay persecución, destrucción de organización, cooptación, matanza de dirigentes. Hay un proceso sistemático de destrucción de organización sindical al nivel de los municipios. Eso no se puede negar. Aquí en la capital es mas a través de cierre de empresas, a través de despido de empleados afiliados, pero se puede combatir.

Es una lucha constante y un trabajo muy dificil. Pero siempre hay nuevos sindicatos. Y además la participación de las mujeres es cada vez mayor. Es una lucha constante.

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FOTO: ACOGUATE / Champa de SITRAPETÉN, donde han manifestado frente al Palacio Nacional desde 2008

1 Prensa Libre, 21 de junio de 2011, Ministerio podría multar por violaciones laborales, p3

Trabajando el tema de la violencia contra las mujeres en Guatemala

2011-06-27T17:31:00.012-06:00

Del 24 al 27 de febrero se realizó en Chimaltenango el segundo Festival regional para la memoria “Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad” para mujeres sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto interno (1960-1996). Desde 2009, ACOGUATE ha acompañado en actividades puntuales a la Colectiva Actoras de Cambio, organización coordinadora del festival y, por petición de la misma, acompañó y observó en la actividad. Además, ACOGUATE ha brindado acompañamiento en otros casos de violencia sexual, tales como el caso de doña Juana Méndez Rodríguez, en lo cual ACOGUATE acompañó al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), que llevaba el proceso legal en 2008 (ver el artículo de marzo de 2008). En 2010, ACOGUATE acompañó al Tribunal de Consciencia que se organizó con el fin de visibilizar el tema de la violencia sexual durante el conflicto interno a través de un juicio simbólico en contra del Estado guatemalteco.

“Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad”: un festival para la memoria y la sanación

El primer festival para sobrevivientes de la violación sexual se llevó a cabo en noviembre del 2008 en la ciudad de Huehuetenango, bajo el lema “Sobreviví, estoy aquí y estoy viva”. Este año, en una actividad titulada “Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad”, la colectiva feminista Actoras de Cambio, fundada en 2004, siguió el proceso de recuperar la memoria. Entre 250 y 300 mujeres Mayas: Q’eqchi', Mam, Chuj, Kaqchikel y K’iche participaron en este segundo festival, además de mujeres mestizas y participantes de otros países. También asistieron jóvenes ganadores de un concurso de dibujo y cuento corto sobre el tema de la violación sexual durante la guerra, y mujeres representando organizaciones guatemaltecas defensoras de los derechos de la mujer. Además acudieron representantes de organizaciones feministas de sobrevivientes de la violencia sexual en otras partes del mundo, entre ellas Perú, Colombia, Ecuador, India y Serbia.

El programa incluyó diversas actividades explorando diferentes aspectos de los temas de la sanación y de la reapropiación del poder, tales como la presentación de testimonios, discusiones abiertas, mesas de reflexión, ceremonia maya, actividades artísticas y baile. Además de hacer que las víctimas no se sientan solas con el dolor, también se empoderaron -a través del proceso colectivo- para poder trabajar y ponerle fin a la violencia sexual.

Violencia contra las mujeres guatemaltecas en el pasado y el presente

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), durante el conflicto armado interno, la violación sexual fue utilizada de manera sistemática y generalizada por el ejército^¹. Varias organizaciones sociales, citadas en el periódico La Hora, indican que “en 85% de las masacres cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, las mujeres que fallecieron fueron víctimas de violencia sexual”.^² Se dirigió contra mujeres mayas en 88.7% de los casos. Además, en los casos de violación sexual en los que se supo la edad de la víctima, se revela que en un tercio (35%) de los casos registrados por la CEH las víctimas eran niñas, con menos de 17 años de edad^³.

En el contexto de la estrategia contrainsurgente, la violación sexual representaba un ataque, a través de los cuerpos de las mujeres mayas, a la identidad indígena en su reproducción cultural tanto como biológica.^⁴ Además formaba parte de una estrategia contrainsurgente pensada para imponer el terror, humillar a las mujeres mayas y mestizas, dañar pública- y masivamente a su aspecto más íntimo, y así provocar una ruptura del tejido social en las comunidades. Según el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), esta práctica fue también incluida en el entrenamiento militar del ejército.^⁵ En los destacamentos militares, la violación sexual fue usada como una forma de lograr sometimiento^⁶.

La violación sexual no sólo dejó lesiones físicas, pero también traumas psicológicos, además de sentimientos de miedo, vergüenza, culpa, rabia y tristeza en las mujeres. Viviendo en una sociedad en la cual, según investigadores, se valora “la virginidad, la castidad y la pertenencia a un solo hombre”, en muchos casos las mujeres violadas tenían que enfrentar el rechazo dentro de sus propias comunidades, e incluso dentro de sus propias familias^⁷. Según la CEH, las violaciones sexuales causaron sufrimiento que todavía se vive, a menudo en silencio, por las sobrevivientes y también por sus familiares.

La violencia contra las mujeres en Guatemala no solo pertenece al pasado. Según el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH):

“Como ayer, existe un Estado complaciente con la violencia contra las mujeres, que permite que grupos en pugna por factores económicos, políticos o militares, utilicen los cuerpos de las mujeres como escarmiento social… Todo lo que pasa en Guatemala, quiérase o no, refiere al pasado, que no ha sido cerrado ni resuelto.”^⁸

Desde 2001, la tasa de muertes violentas de mujeres sigue aumentando. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2010 hubo 847 muertes violentas de mujeres y más de 4300 casos de violencia sexual^⁹. Además de un aumento en la cantidad de muertes, también se ha evidenciado más brutalidad en los asesinatos^¹⁰. Estos asesinatos son diferentes a los de los hombres por varios factores:

- los cuerpos frecuentemente llevan signos de violación sexual^¹¹;

- se escucha una “culpabilización” de la víctima, es decir hacer responsable a la mujer de su propia asesinato, por no mantenerse en casa, por su forma de vestir, por tener tatuaje, por no conformar con las expectativas de la sociedad sobre el comportamiento de la mujer;

- el género de la victima limita el acceso a la justicia, como las autoridades no toman tanto en serio la gravedad de los crímenes y así señalan una permisividad social; y

- estos crímenes provocan más terror, inseguridad y vulnerabilidad entre las mujeres.^¹²

Hoy en día y a pesar de la aprobación por el Estado de Guatemala de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008) en mayo de 2008, en la mayoría de los casos de muertes violentas de mujeres los crímenes se quedan impunes. Prensa Libre, retomando un análisis del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), indica que “entre julio del 2008 y julio del 2009, cuando se aprobó e implementó la normativa, hubo más de 800 muertes, mientras el número de sentencias fue de apenas 83, muchas de ellas absolutorias”^¹³. Con el crimen de violación sexual, una denuncia resulta en sentencia en aun menos casos.^¹⁴ Para finales de 2010, según Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer (Seprem), de más de 15 mil denuncias presentadas en casos de Femicidio y Violencia Contra la Mujer bajo la nueva ley se había dictado 216 sentencias, 146 de estas condenatorias.¹⁵

Algunos logros importantes en la búsqueda de la justicia y la reivindicación de los derechos de las mujeres

“Ni olvido, ni silencio”, reclamaron las mujeres participantes en el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado en Guatemala, lo cual se desarrolló el 4 y 5 de marzo de 2010 en la Ciudad de Guatemala^¹⁶. Los esfuerzos propios de las mujeres de nombrar, denunciar y combatir la violencia sexual han sido muy importantes en la lucha contra la impunidad para estos crímenes. Dentro de esta lucha, el Tribunal ofreció a las mujeres sobrevivientes un espacio alternativo en donde pudieron compartir sus experiencias y buscar una forma de justicia, y así rompiendo el silencio alrededor de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. El Tribunal subrayó que la impunidad para los crímenes del pasado contribuya a la tolerancia que hay para la violencia sexual en el presente, tal como el feminicidio. Por esta razón, según el comunicado final del Tribunal, el Estado debe “poner fin a la impunidad, mediante acciones legales prontas y eficaces por los crímenes cometidos contra las mujeres y las niñas durante el conflicto armado interno y en la actualidad, por ser un componente esencial de las políticas de reparación y una exigencia del derecho internacional.”¹⁷

Una mujer que rompió el silencio y la impunidad alrededor de la violencia sexual es Juana Méndez Rodríguez. Méndez es una mujer maya del Quiché, quien en enero de 2005 fue detenida sin orden judicial ni investigación previa, y durante su detención fue vejada y torturada de manera sexual por personal de la Policia Nacional Civil bajo la influencia del alcohol^¹⁸. El 16 de abril de 2008, tres años después de los hechos, se logró sentencia en el caso de Méndez, llevado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG): El agente de la PNC, Antonio Rutilo Matías López fue sentenciado a 20 años en la cárcel, sentencia que fue reducida a 10 años después de una apelación presentada el 13 de agosto de 2008.¹⁹

Además de ser un reconocimiento en el organismo judicial de lo que sufrió Juana Méndez, este caso es de suma importancia porque representa un reconocimiento de la “historia de abuso policial y tortura sexual en las comisarías, la cual había sido ignorada por muchas autoridades”^²⁰. Por otra parte este caso traza un camino hacía la justicia para otras mujeres que han sido víctimas de violencia sexual.

Estos dos casos, tanto como actividades como el Festival para la memoria, muestran que, a pesar de existir muchos retos, las mujeres guatemaltecas van a seguir organizándose para denunciar los abusos y reivindicar sus derechos.

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FOTO: Albertina Cabrera / Festival "Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad", 24-7 febrero 2011

1 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del silencio, Vol. 3. Guatemala, 1999. p.13. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html

2 Flores, Ligia. «Desestiman las violaciones sexuales durante la guerra». La Hora. 24 de noviembre de 2008. www.lahora.com.gt/notas.php?key=40168&fch=2008-11-24. En el mismo artículo consta que “Pese a la falta de datos certeros, se sabe que se produjeron 626 masacres, cuyo saldo fue de, al menos, 200 mil víctimas directas, en donde la violencia sexual fue el patrón utilizado por el Ejército antes y durante los crímenes.”

3 Ibid. p.23.

4 Sanford, Victoria. Guatemala: del genocidio al feminicidio. Guatemala: F&G Editores, 2008.

5 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Guatemala: Nunca Mas: Los mecanismos del horror. Vol. 2. Guatemala: ODHAG, 1998. p. 212.

6 Consorcio Actoras de Cambio / Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Tejidos que lleva el alma: Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado. Guatemala: F&G Editores, 2009. p.153. www.ecapguatemala.org/9789929800403.html.

7 Consorcio Actoras de Cambio / ECAP y UNAMG 2009. Op. Cit. p.182.

8 Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). ¿Por qué matan a las mujeres en Guatemala?. Guatemala, noviembre de 2010.

9 Gereda, Marcela. “El cuerpo femenino y la cultura machista.” El Periódico. 7 de Febrero de 2011. www.elperiodico.com.gt/es/20110207/opinion/190370.

10 Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Informe anual circunstanciado 2010: Situación de los derechos humanos en Guatemala. Guatemala, enero de 2011. p. 78. www.pdh.org.gt/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8.

11 Según el Procurador de Derechos Humanos (PDH), “La diferencia es que a las mujeres se les hace sufrir más antes de la muerte." Feigenblatt, Hazel. “Violencia se ensaña con mujeres en Guatemala.” La Nación. 2 de abril de 2006. wvw.nacion.com/ln_ee/2006/abril/02/mundo0.html

12 Sanford, Victoria. Guatemala: del genocidio al feminicidio. Guatemala: F&G Editores, 2008.

13 Vasquez, Sandra. “Ley contra Femicidio no impide muerte de mujeres.” Prensa Libre. 16 de diciembre de 2010. www.prensalibre.com/noticias/Ley-contrarresta-muerte-mujeres_0_391160895.html.

14 CERIGUA. “Reportan alta tasa de impunidad en crímenes sexuales.” CERIGUA. 7 de mayo de 2010. www.cerigua.org/archivo/index.php?option=com_content&task=view&id=20075&Itemid=1.

15 El Periódico, “Instituciones presentan cifras sobre violencia contra la mujer”, 16 de noviembre de 2010, www.elperiodico.com.gt/es/20101116/pais/182665/?tpl=54

16 El Tribunal fue apoyado por varias organizaciones, entre ellos el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Asociación La Cuerda, y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

17 Tribunal de conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala. Pronunciamiento final. Guatemala, 5 de marzo de 2010. http://unamg.org/v1/tribunal-de-conciencia/97-pronunciamiento-final-tribunal-de-conciencia-contra-la-violencia-sexual-hacia-las-mujeres-durante-el-conflicto-armado-interno-en-guatemala.

18 Gaviola Artigas, Edda. Informe de Sistematización: El Caso de Doña Juana Méndez Rodríguez Vrs. El Agente de la Policía Nacional Civil, Antonio Rutilio Matias Lopez. Guatemala, noviembre de 2008. p.30. www.bantaba.ehu.es/ext/Libro_Sistematizacion_ICCPG.indd-1.pdf.

19 Ibid. p.31.

20 Ibid. p.8.

Comunicado de la AJR y CALDH: Primera captura por genocidio en Guatemala

2011-06-17T19:43:00.003-06:00

PRIMERA CAPTURA POR
GENOCIDIO EN GUATEMALA

Hoy 17 de junio, a 29 años de haber iniciado la ejecución del Plan Victoria 82 elaborado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército y el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, fue capturado en ciudad de Guatemala, el General Héctor Mario López Fuentes acusado del genocidio ocurrido contra el pueblo maya Ixil en los años 82 y 83.

Las víctimas y sobrevivientes del genocidio han tocado las puertas de la justicia desde hace más de 10 años y hoy el Sistema de Justicia tiene la oportunidad de juzgar un delito tan grave como lo es el genocidio, que lastima la dignidad de la humanidad. Este hecho nos llena de esperanza y anima a continuar luchando contra el olvido.

Manifestamos nuestra complacencia por esta captura y esperamos que las autoridades lo dejen ligado a proceso y pueda condenarse al primero, de muchos genocidas que se encuentran en libertad. Continuaremos caminando hacia el encuentro con la justicia, recuperando nuestra historia y diciendo la verdad.

Les invitamos a acompañarnos en este proceso histórico, no sólo en nuestro país sino en América Latina y el mundo, ya que demostramos que nuestro sistema de justicia Sí puede y tiene la capacidad y valentía de juzgar el delito de genocidio.

AUDIENCIA DE PRIMERA DECLARACIÓN DEL
GENERAL HECTOR MARIO LOPEZ FUENTES
ACUSADO DE GENOCIDIO

FECHA: LUNES 20 DE JUNIO 2011
HORA: 08:30 de la mañana
LUGAR: Torre de Tribunales (15 nivel)

¡Porque el genocidio no puede quedar impune!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH

GENOCIDIO
CONDENARLO una actitud
JUZGARLO una necesidad

Larga búsqueda de justicia y conmovedora conmemoración por masacre de Las Dos Erres

2011-02-26T22:24:00.010-06:00

Caso legal en contra de 17 militares, soldados de las fuerzas especiales kaibiles y oficiales del Ejército de Guatemala, por la masacre perpetrada en diciembre de 1982 en el parcelamiento de las Dos Erres, departamento de El Petén, en la cual fueron masacradas 252 personas. ACOGUATE brinda acompañamiento a la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, representante legal de los familiares de las víctimas de las Dos Erres.

Foto: Aura Elena Farfán, Presidenta de FAMDEGUA, da declaraciones en una conferencia de prensa.

En marzo de 1982 se instala en el poder—tras un golpe de estado—una junta militar encabezada por José Efraín Rios Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores . Este gobierno de facto dictó el Plan de Seguridad Nacional y Desarrollo de acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense que imperaba en el continente americano y definía las estrategias en la lucha contra el comunismo. El plan de campaña Victoria 82 constituye la puesta en práctica de esta doctrina en Guatemala, dando paso a una de las fases más sangrientas del conflicto armado interno, caracterizada por una política de tierra arrasada cuyo objetivo era “aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas” [1]. En este contexto se llevaron a cabo masacres, sistemáticas e indiscriminadas, en contra de la población que supuestamente apoyaba a las “fuerzas subversivas”.

En la madrugada del 7 de diciembre de 1982, una patrulla de aproximadamente 60 kaibiles —fuerza especial contrainsurgente del ejército [2]—entró en el parcelamiento de las Dos Erres (La Libertad, Departamento de El Petén) haciéndose pasar por guerrilleros. Cerraron el paso al parcelamiento tras de ellos, sacaron a los pobladores de sus casas y separaron a mujeres, hombres, ancianos y niños. La primera víctima, arrojada a un pozo, fue une bebe de tres meses, 252 personas fueron torturadas y asesinadas en 18 horas [3]. El 9 de diciembre el comandante del destacamento militar de Las Cruces, Carlos Manuel Carías, ordenó la quema del parcelamiento.

La búsqueda de justicia

En junio de 1994, Aura Elena Farfán—presidenta de FAMDEGUA—presentó una denuncia penal por el delito de asesinato ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de El Petén, solicitando la exhumación de las víctimas de la masacre. Dicha exhumación fue llevada a cabo, en El Pozo de las Dos Erres, por el equipo de antropólogos forenses argentinos (EAAF) que encontró 162 osamentas y numerosas evidencias. De forma paralela la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y FAMDEGUA presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso duraría dieciseis años.

En el año 2000 se iniciaron las conversaciones, entre los representantes de las víctimas y el Estado, para llegar a un acuerdo de solución amistosa. En el marco de este acuerdo de verdad, justicia y reparación [4]—suscrito en abril de 2000—el Estado Guatemalteco reconoció su responsabilidad por la masacre perpetrada entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, así como su responsabilidad institucional frente a la dilatación de la investigación judicial de los hechos. El Estado se comprometió a lo siguiente:

Hacer público el reconocimiento de la responsabilidad estatal. (El presidente Alfonso Portillo asumió públicamente la responsabilidad por la masacre en Agosto de 2002.)
Realizar una investigación y condenar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
Reparar en forma colectiva a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
Brindar apoyo psicosocial y clínico a las víctimas.
Crear una Comisión de Identificación y Localización de Víctimas y Familiares de la Masacre de Las Dos Erres.

En el terreno judicial, el Fiscal Especial asignado al caso recibió—en marzo del año 2000—en calidad de prueba anticipada, el testimonio de tres ex-kaibiles que presenciaron los hechos, tras lo cual se giraron órdenes de captura por el delito de asesinato en contra de 17 miembros del ejército. Con la detención de seis de los sindicados se inició el largo proceso de interposición de amparos ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad. Hasta la fecha se recibieron 45 expedientes de amparo, la mayoría de ellos basados en la Ley de Reconciliación Nacional que contempla la extinción de la responsabilidad penal para delitos políticos cometidos durante el conflicto armado interno [5].

En este contexto de dilatación del proceso judicial, la oficina de FAMDEGUA fue asaltada en dos ocasiones—2000 y 2003—y se sustrajo información relacionada con el Caso de las Dos Erres y de Josefinos [6]. Al respecto, la Misión de Verificación de la Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) declaraba que este tipo de hechos “busca inhibir el accionar de las víctimas respecto de denuncias en materia de derechos humanos, así como obstaculizar los avances procesales en algunos casos de impacto nacional en los que se vincula a agentes del Estado.” [7] Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales repudiaron enérgicamente estos hechos—en una acción urgente del 8 de septiembre de 2003—que solo buscaban obstaculizar la búsqueda de la verdad y la justicia, y responsabilizaban a su vez a las instituciones del Estado por “su incapacidad (...) de brindar seguridad y protección a los defensores de los Derechos Humanos”.

La lentitud del sistema judicial guatemalteco propició que los representantes de las víctimas desistieran del acuerdo de solución amistosa con el Estado y volvieran a activar, en 2006, los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Marzo de 2008 la Comisión finalizó su informe sobre la demanda interpuesta en 1996, concluyendo que:

“1. La masacre de Las Dos Erres fue planificada y ejecutada dentro de la política de “tierra arrasada” dirigida por el Estado guatemalteco contra toda la población calificada como “enemigo interno”, en un contexto que predominó por el desconocimiento de los derechos humanos más fundamentales y los valores compartidos por la comunidad interamericana. 2. El Estado de Guatemala es responsable de la violación de los derechos humanos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la familia y del niño, a la propiedad privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial (…).” [8]

Frente a la falta de voluntad del Estado guatemalteco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión, ésta presento el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició sus diligencias en septiembre de 2008. El 24 de noviembre de 2009 la sentencia de la Corte recogía las violaciones a las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, de Prevención y sanción de los delitos de genocidio, de Prevención y sanción de la Tortura, cometidas por el Estado de Guatemala en la masacre de las Dos Erres. La sentencia resaltó asimismo que dada la gravedad de los hechos “el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada (…) o cualquier excluyente similar de responsabilidad (…) El Estado deberá continuar con el proceso penal, sin mayor dilación”. A raíz de esta sentencia, FAMDEGUA y el Ministerio Público (MP) solicitaron el peritaje de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) con el fin de identificar los restos óseos encontrados en 1995. Las huellas genéticas halladas pasaran a formar parte del Banco Genético Nacional de Familiares y Víctimas de Desaparición Forzada.

La sentencia de la CIDH forzó la reactivación del caso, y la Corte Suprema de Justicia lo declaró caso de alto impacto por lo que se traslado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo de la capital. En el transcurso de los meses de Julio a Septiembre se llevaron a cabo las audiencias en las que formalmente se acusaron al teniente Carlos Manuel Carías y a los sub-instructores kaibiles Manuel Pop Sun y Reyes Collin Gualip de hurto delictivo, asesinato de 201 personas y delito contra deberes de humanidad. FAMDEGUA y organizaciones de apoyo de la sociedad civil nacionales e internacionales mostraron su preocupación por las presiones ejercidas por la defensa legal en contra de la jueza Carol Patricia Flores, y por la tensión palpable entre familiares de los sindicados y familiares de las víctimas durante las audiencias.

Al mismo tiempo un tribunal de Florida, Estados Unidos, sentenciaba al ex kaibil Gilberto Jordán a 10 años de prisión por fraude de naturalización. Jordán dio informaciones falsas en el formulario para obtener la ciudadanía estadounidense, ocultando su participación en, no sólo un hecho delictivo, sino en la sangrienta masacre de las Dos Erres. El juez del tribunal señaló que el fallo debía ser un mensaje claro para “los que han cometido violaciones atroces a los derechos humanos en el exterior” y que éstos “no encontrarían un refugio seguro frente a un proceso judicial en los Estados Unidos.” [9]

Durante innumerables horas bajo el sol y la lluvia, los familiares de las víctimas se han mantenido en pie frente a la entrada de la Torre de Tribunales para reclamar justicia y reconocimiento por la masacre de 1982, varias generaciones de mujeres y hombres que perdieron a los suyos, y que siguen inmersos en un proceso de duelo que ha durado ya 28 años. Para ellos, “los muertos nunca serán olvidados” [10]. En Octubre, El MP, el querellante adhesivo FAMDEGUA y la defensa presentaron sus pruebas. Se espera la apertura del debate oral para mediados de este año.

Conmemoración de las masacres

El pasado 7 de Diciembre—en el veintiocho aniversario de la masacre—los familiares de las víctimas se reunieron alrededor del memorial erigido en el cementerio de las Cruces en honor a las personas asesinadas en 1982. Los familiares organizaron un emotivo acto durante el cual plantaron en la tierra ocre de El Petén, banderitas con los nombres de sus familiares, amigos y vecinos masacrados, leyeron poemas y lanzaron tres palomas blancas al aire simbolizando a los adultos, jóvenes y niños que perdieron la vida aquel día. Varios familiares de las víctimas intervinieron, muy conmovidos, recordando a sus seres queridos y exigiendo justicia. A petición de los familiares de las víctimas, Aura Elena Farfán se dirigió a todos los presentes para recordar como se inició este proceso -gracias a los sacerdotes y catequistas de La Libertad- y cómo se ha logrado llegar hasta el proceso judicial que se inició en el mes de julio. Hizo asimismo un llamado a la unión y a la solidaridad entre todos los familiares de las masacres y desapariciones perpetradas en la región en aquella época: “todo esto no lo olvidemos amigos por favor, ya tuvimos tiempo para llorar, para esperar, ahorita es el momento, ahorita es el momento que la comunidad de las Cruces, de Josefinos y todos los alrededores se unifiquen en un solo grito, pidiendo la aplicación de la justicia”.

El día amaneció frío, entre la neblina, sin embargo el sol acompaño y calentó a la multitudinaria caravana que recorrió las aldeas—Los Manueles, Los Josefinos, Palestina, Vista Hermosa—tocadas por la violencia y la crueldad del conflicto armado. Como dijó Aura Elena Farfán al finalizar su intervención: “es doloroso recordar el pasado, porque es muy doloroso, pero es necesario para construir una Guatemala diferente donde verdaderamente respeten la vida, respeten todos nuestros derechos.”

Los últimos acontecimientos en el caso

El caso de la masacre de las Dos Erres sigue su camino en el laberinto del sistema judicial guatemalteco. En el mes de enero la Corte de Constitucionalidad resolvió aceptar el recurso de ámparo interpuesto por los acusados. FAMDEGUA y el abogado del caso, el Lic. Edgar Pérez, presentaron un recurso de ampliación y aclaración del fallo, considerando que contraviene la resolución de la Corte Suprema de Justicia para la ejecución de la sentencia de la CIDH. En efecto la sentencia de la CIDH, instaba al Estado guatemalteco a “remover todos los obstáculos que han generado impunidad en el caso, como el uso desproporcionado de amparos.” [11] Mientras tanto, era arrestado en Canadá uno de los 17 sindicados por la masacre, el kaibil Jorge Vinicio Orantes Sosa, reclamado por la justicia estadounidense por el delito de fraude naturalización. Un tribunal canadiense deberá pronunciarse sobre un posible proceso de extradición hacía los Estados Unidos [12].

[1] Plan de Campaña Victoria 82.

[2] Comisión de Esclarecimeinto Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del Silencio. Caso ilustrativo nº31 http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no31.html

[3] Larry Kapplow, Unearthing a massacre. Global Post. 29/04/2010 http://www.globalpost.com/dispatch/the-americas/100427/guatemala-exhumation-las-dos-erres

[4] Acuerdo Marco de solución amistosa entre los representantes de las víctimas y el Estado. 01/04/2000

[5] La Sentencia del 24 de Noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de las Dos Erres contra República de Guatemala, hace referencia a la actuación del sistema judicial guatemalteco de la siguiente forma: “el retardo injustificado en el proceso penal por más de 15 años es atribuible no solo al uso indiscriminado de recursos por parte de los imputados, sino a la falta de voluntad e interés de las autoridades judiciales del Estado que han conocido de los mismos, ya que no han tramitado debidamente numerosos recursos, y han sometido el caso al procedimiento establecido en la LRN [Ley de Reconciliación Nacional].”

[6] Masacre perpetrada por el ejército el 29 y 30 de Abril de 1982, en la que murieron aproximadamente 57 personas (entre ellas 15 niños). Las casas de los pobladores fueron quemadas y sus cuerpos arrojados a una fosa común. FAMDEGUA, en calidad de representante de los familiares de las víctimas, presentó el 18 de abril de 1996 la denuncia penal ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de El Petén. En 2004, FAMDEGUA junto a CEJIL, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de este año se traslado el caso al Juzgado de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo de la capital.

[7] “Minugua y Copredeh preocupados por asalto a FAMDEGUA”, El Periódico. 06/09/2000

[8] Informe de Fondo 22/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de las Dos Erres contra República de Guatemala. http://www.cidh.org/demandas/ 11.681%20Dos%20Erres%20Guatemala%2030%20Julio%202008%20ESP.pdf

[9] National Security Archive, “Former Guatemalan Soldier Sentenced to Ten Years for Lying About Role in Dos Erres Massacre,” 16/09/2010. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB316/index.htm

[10] Declaración de un familiar de las Dos Erres tras la ceremonia realizada durante la segunda exhumación llevada a cabo por FAFG en abril de 2010.

[11] Recursos de ámparo generan impunidad en caso Dos Erres. Agencia Guatemalteca de Noticias. 31/01/2011. http://agn.gob.gt/agn/index.php?option=com_content&view=article&id=4493:recursos-de-amparo-generan-impunidad-en-caso-dos-erres&catid=52:seguridad&Itemid=147

[12] Canadá realizará audiencia sobre extradición de vinculado a masacre de Dos Erres. Emisoras Unidas. 19/01/2011 http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/canada-realizara-audiencia-sobre-extradicion-de-vinculado-masacre-dos-erres

Sentencia en caso de desaparición forzada de Edgar Fernando García

2010-11-18T19:04:00.012-06:00

A la pena máxima, 40 años de prisión, fueron sentenciados el 28 de octubre los dos ex agentes de la extinta Policía Nacional (PN), Héctor Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez por el 8º Juzgado de Sentencia Penal de la Ciudad de Guatemala. Ambos fueron encontrados responsables de la desaparición forzada de líder sindical y estudiantil Edgar Fernando García, delito perpetrado hace más de 26 años. Esta es la tercera sentencia en Guatemala por el delito de desaparición forzada y la primera basada en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)[1], en los 14 años desde la firma de la paz. A mediados del 2009 fue condenado el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj a 150 años por la desaparición forzada de seis personas en la comunidad de Choatalum , y a fines del mismo año se condenó a cuatro personas (entre ellos al coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa) a 53 años y 4 meses de cárcel cada uno por la desaparición forzada de ocho personas en El Jute. Ambos casos fueron acompañados por Acoguate, que también observó la audiencia en el caso de Edgar Fernando García.

“El delito de desaparición forzada es un hecho cruel que no debe quedar impune”

Los imputados por la detención y desaparición forzada de Edgar Fernando García fueron absueltos de dos cargos, debido al tiempo de prescripción, a pesar de haber sido encontrados culpables: detención ilegal con agravantes específicas, por lo que el Ministerio Público (MP) pedía 3 años más 1, y abuso de autoridad, por lo que se solicitaba 3 años más. El MP pedía también una pena de 15 años de cárcel por el delito de plagio o secuestro, pero el tribunal no clasificó legalmente este como tal debido a que las pruebas documentales y testimoniales demostraron que el objetivo de su detención y desaparición fue para obtener información de su trabajo político, acorde con la doctrina de seguridad imperante en el país, y no por otro motivo.

El cargo de desaparición forzada sí fue aceptado por ser un delito permanente e imprescriptible, es decir el delito sigue cometiéndose mientras el detenido desaparecido no aparezca [2], el cual es el caso de Edgar Fernando García. La pena, según explicó el tribunal, debe ser proporcional con el delito por lo que dictó la pena máxima, 40 años de privación de la libertad, tomando en cuenta que: la víctima era estudiante, el móvil del delito fue político, la intensidad del daño causado a sus familiares y a la sociedad guatemalteca ha perdurado por más de 25 años, la desaparición forzada es un hecho cruel que no puede quedar impune y que la familia y la nación tienen derecho a la verdad.

Documentos del AHPN fueron clasificados como evidencia

El tribunal dio valor probatorio a todos los testimonios de los testigos, por la espontaneidad de estos y la congruencia entre sí. También dio valor probatorio a los informes de los peritos y a los documentos presentados del AHPN y del Diario Militar, así como a los recortes de prensa, programa de televisión acerca del Diario Militar y el audio con la declaración de Danilo Chinchilla, compañero de Fernando García con quien se encontrara en el momento de su detención, en el que contó que a Fernando García lo habían llevado agentes de la Brigada de Operaciones Especiales de la PN (BROE) en un vehículo.

Los peritos basaron sus informes principalmente en el análisis de 667 documentos del AHPN que por primera vez ha sido utilizado como evidencia en un proceso legal para esclarecer la responsabilidad en un caso de desaparición forzada. Para complementar y contrastar la información obtenida y que sirvió de evidencia se utilizó el desclasificado Diario Militar, documento en el que se puede leer por ejemplo que solamente entre los años 1983 y 1985 las Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo 188 desapariciones.

De acuerdo a los diferentes peritajes y documentos, se estableció que el motivo de la desaparición forzada de Edgar Fernando García fue político ya que por sus actividades políticas (en el clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo como miembro del Comité Central), estudiantiles y sindicales era considerado enemigo interno. El documento clave fue uno en el que el jefe más cercano de los dos agentes imputados proponía su condecoración, la cual motivaba con la operación en el lugar, día y hora en que Danilo Chinchilla declaró que habían detenido Edgar Fernando García. También están acusados en este caso dos agentes más (Alfonso Guillermo de León y Hugo Rolando Gómez Osorio) quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

Pruebas suficientes para una sentencia condenatoria

El tribunal estableció que, de acuerdo a los testigos y peritos, y de varios de los documentos del AHPN, Edgar Fernando García fue detenido por hombres vestidos de civil el 18 de febrero de 1984 cuando él se encontraba, junto con su compañero de partido Danilo Chinchilla, en la intersección de la 7ª calle y la 3ª avenida de la zona 11, cerca del Mercado denominado del Guarda. Ambos intentaron huir pero los agentes de la policía les dispararon hiriendo en una cadera a Danilo Chinchilla, que más tarde trasladaron al Hospital Roosvelt, mientras que a Edgar Fernando García lo llevaron detenido, según relató Danilo Chinchilla en una grabación hecha al haber sido rescatado de dicho hospital.

Nineth Montenegro, esposa de Edgar Fernando García, relató en su testimonio que ese día su esposo había salido muy temprano de la casa y que ella le negó las llaves de su vehículo, que él necesitaba para encontrar a su contacto, por temor a que le ocurriera algo. Esa misma noche llegaron a su casa hombres vestidos de civil, quienes le dijeron que no se preocupara, que ellos tenían a su esposo, que eran amigos de él y que regresaría ese martes. Nunca más volvió a verlo.

PN operaba en conjunto con Inteligencia y Ejército

Tanto el Ministerio Público (MP) como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), entidad querellante, hizo hincapié en la responsabilidad del estado en la desaparición forzada de Edgar Fernando García, así como de la de miles de estudiantes y sindicalistas, principalmente entre los años 1978 y 1984. Específicamente entre el 10 de febrero y el 11 de marzo de 1984 se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala la denominada Operación Limpieza 84, una operación conjunta entre la PN, el servicio de inteligencia y el ejército de Guatemala, previa capacitación (30/1-8/2) debidamente documentada en los AHPN, y en la que consta la participación de los imputados como parte del IV Cuerpo de la entonces PN.

El debate público oral, que duró cinco días, despertó gran interés de organismos nacionales y extranjeros. Estuvieron presentes miembros del MP, la PDH, GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) y FAMDEGUA, además de empleados del AHPN, representantes del cuerpo diplomático de Canadá, Suiza, Suecia y Estados Unidos, entre otros, y del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para Guatemala.

Sentencia es sólo un paso en la dignificación de las víctimas de desaparición forzada

Para Aura Elena Farfán, de FAMDEGUA, esta sentencia “es definitivamente un paso más en la búsqueda de justicia, pero sólo un paso a mitad del camino”, ya que considera que “aún no se ha llegado a los autores intelectuales ni se ha conseguido que los acusados declaren qué hicieron con los desaparecidos”, ya que “mientras no se sepa qué hicieron con ellos los familiares siguen esperando saber” y que “ayudaría que al menos dijeran dónde los dejaron o a quienes se los entregaron”.

En relación a la petición del MP al tribunal de abrir proceso en contra de los jefes de la policía y el ejército como responsables de esta y otras desapariciones, el tribunal no accedió a lo solicitado aclarando que es tarea del MP investigar y seguir el debido proceso.

A Mario Polanco, director del GAM, le parece que “esta sentencia es un hecho importantísimo en la lucha contra la impunidad y cuando la sentencia quede firme quedará sentado la jurisprudencia para los casos de desaparición forzada”. GAM se ha comprometido a llevar al tribunal 102 casos de desaparición forzada, los dos primeros procesos se iniciarán en los próximos meses.

[1] El AHPN fue descubierto por casualidad en julio del 2005 cuando a la PDH se le encargó inspeccionar un edificio en el complejo de la Policía Nacional Civil después de una explosión ocurrida en las inmediaciones. Este archivo consta de unos 80 millones de documentos, una gran cantidad datan del tiempo del conflicto armado, en los que están documentadas múltiples violaciones a los derechos humanos, pero la policía había negado anteriormente su existencia. Cuando se descubrió el contenido del archivo, despertó esperanzas en los familiares de desaparecidos de poder esclarecer lo que sucedió con sus familiares. Este juicio es el primero en el que parte de este archivo ha servido para evidenciar la responsabilidad de los dos policías ahora condenados por un delito de lesa humanidad.

Este archivo será una herramienta importante para trabajar contra la impunidad porque en él aparecen documentos que muestran entre otras cosas la estructura de Policía Nacional (PN) y su trabajo conjunto con el servicio de inteligencia y el Ejército de Guatemala en la lucha contrainsurgente que se llevó a cabo durante los años del conflicto armado interno y que significó la desaparición de unos 45 mil guatemaltecos. En él también aparecen nombres de quienes participaron en operativos específicos, quienes dieron las órdenes, a quienes se les hacía seguimiento, etc. como es el caso de la detención ilegal de Fernando García.

[2] En una resolución de la Corte de Constitucionalidad en julio de 2009 (www.caldh.org/desaparicionforzada.pdf), se reconoció la desaparición forzada como un crimen permanente e imprescriptible.

POR: ACOGUATE

FOTO: Edgar Fernando García, cortesía de GAM

Observaciones preliminares de Relator Especial de la ONU sobre situación de derechos humanos y libertades fundamentales de pueblos indígenas

2010-11-03T18:25:00.007-06:00

James Anaya, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas[1], de visita en Guatemala del 14 al 18 de junio pasado, visitó a varias regiones del país afectadas por la explotación minera, donde ACOGUATE acompaña a defensores y defensoras de derechos humanos comprometidos-as en la defensa de los recursos naturales y del territorio. Su misión tenía como objetivo evaluar la situación de los pueblos indígenas, especialmente acerca de los derechos al territorio y a la consulta[2], y de la criminalización de las luchas y reivindicaciones de las comunidades, con atención particular al caso de la mina Marlin en los municipios de Sipakapa[3] y de San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos. ACOGUATE acompaña desde el 2007 a organizaciones que defienden el territorio y denuncian los impactos negativos de la actividad minera en esa área.

La visita del Relator en el país fue solicitada por diferentes organizaciones y comunidades quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas vinculadas con la explotación de recursos naturales (actividad minera, construcción de hidroeléctricas y de otras infraestructuras, etc.), y la implementación de dichos proyectos sin consulta previa a las poblaciones afectadas. La cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas marcaron las diferentes visitas que requirieron un inmenso trabajo de movilización por parte de la población y organizaciones locales. La participación fue un elemento muy importante de la visita, ya que acerca de 30.000 personas de las zonas más afectadas del país acogieron al Relator, participaron en las actividades y asistieron a los discursos y testimonios.

Testimonios por parte de los pueblos afectados

Previamente a sus visitas en el interior del país, James Anaya mantuvo reuniones en la Ciudad de Guatemala con representantes de instituciones del Estado[4]. Luego, el experto independiente de la ONU visitó varias regiones marcadas por un alto nivel de conflictividad social relacionado a la actividad minera: San Juan Sacatepéquez[5] (departamento de Guatemala), San Miguel Ixtahuacán (San Marcos) y Huehuetenango. Representantes de los pueblos indígenas presentaron sus luchas para la defensa del territorio, refiriéndose muchas veces a la cosmovisión maya, y al respeto de la Madre Tierra y los antepasados. Denunciaron en sus discursos, el “neocolonialismo de las transnacionales” y “los megaproyectos que saquean sus recursos naturales”[6]. También insistieron en que se estaban violando sus derechos, tal como el derecho a la consulta previa, libre e informada acerca de ese tipo de proyectos en sus territorios, “susceptibles de afectarles directamente”[7]. Durante su visita, el Relator Especial recibió testimonios directos sobre impactos de la minería en la salud y en el ámbito social y ambiental : enfermedades, contaminación de los ríos y de las tierras cultivables, daños o destrucción de casas, despojos de tierras y desplazamientos forzados, ataques, amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos así como violaciones y abusos sexuales a mujeres, en contra de líderes y lideresas comunitarios-as y otros-as campesinos y campesinas indígenas que defienden sus derechos. En San Miguel Ixtahuacán, la población afectada pidió a Anaya que abogara ante la ONU para el cierre de la mina Marlin. Además, algunos testimonios[8] enfocaban en las estrategias de engaño de la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc., así como en la destrucción del tejido comunitario y de la paz social –hasta en las mismas familias– que esos megaproyectos llegan a generar.

Preocupaciones del Relator Especial acerca de la situación de los pueblos indígenas y recomendaciones al gobierno

Al terminar su misión de cinco días en Guatemala, James Anaya expresó durante una conferencia de prensa en la capital, así como en su informe de observaciones preliminares[9], su gran preocupación acerca de la situación de los pueblos indígenas “en cuanto a las actividades de la empresas” incluso la explotación minera. Denunció “el clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades de las empresas en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala”. En cuanto a las persecuciones y a la criminalización de los y las defensores y defensoras de derechos humanos, afirmó que “las informaciones que [ha] recibido sobre los distintos procesos judiciales abiertos [y la celeridad con la que estos procesos se han llevado a cabo] en contra de miembros de comunidades indígenas por actos de protesta social contra las actividades de las empresas son preocupantes”. De la misma forma, destacó que “la aparente falta de respuesta ante las demandas presentadas por las comunidades en relación con actos atentatorios de sus derechos” se pudiera interpretar como “una pauta de discriminación en el acceso a la justicia”.

Recomendaciones al Estado de Guatemala

En el marco legislativo, James Anaya recomendó al gobierno guatemalteco avanzar urgentemente hacia la discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Consultas, y “que sea conforme con los estándares mínimos fijados en las normas internacionales y con la plena participación de los pueblos interesados”. Insistió de la misma manera en la urgencia de adoptar una nueva Ley de Minería, que deberá “incorporar plenamente los deberes que corresponden al Estado en relación con la protección de los derechos indígenas”[10].

Por otra parte, recomendó como medida provisional “la creación de espacios institucionalizados de diálogo en los que los pueblos indígenas puedan recibir información objetiva y completa, sobre todos los aspectos del proyecto que los afecten y puedan aclarar y comunicar al Estado y a la empresa sus preocupaciones al respecto”. Como lo explicó durante sus encuentros con la población, el Relator aseguró tomar en serio y ser consciente de la situación y expresó el deseo de actuar, dentro de los límites de su papel, para que ésa se mejore. Acerca de la mina Marlin, declaró que “el gobierno de Guatemala [debía] cumplir con sus obligaciones internacionales y acatar las resoluciones de la CIDH”.

Esas observaciones preliminares serán desarrolladas en un informe final que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que incluirá una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala y a otros actores interesados.

“Ante un proyecto extractivo que sólo trajera impactos negativos, que afectara a la tierra de la que siempre he vivido, que provocara conflictos en mi comunidad, y que no conllevara ninguna mejora en mis condiciones de vida, yo también diría que no a la minería”, afirma el Relator de la ONU en su informe de observaciones preliminares[11].

En los últimos meses se ha realizado una serie de consultas comunitarias en los departamentos de Alta Verapaz, Quetzaltenango, y Quiché. El 28 de septiembre el municipio de Lanquín, Alta Verapaz, realizó una consulta comunitaria sobre los proyectos hidroeléctricas, con el resultado de 14.065 votos en contra y 15 a favor[12]. El 20 de octubre se llevó a cabo una consulta sobre la minería en el municipio de Cabricán, Quetzaltenango, con el resultado de 13.610 personas en contra, 73 a favor, y 130 votos nulos; cabe destacar que a diferencia de la mayoría de las consultas, que han sido realizado por votación a mano alzada, el proceso en el municipio de Cabricán utilizó un sistema de votación con papeletas[13]. Luego, el día 22 de octubre participaron 27.776 personas del municipio de Santa Cruz del Quiché en una consulta que dio un resultado unánime en contra de la minería[14]. Una semana después, el 29 de octubre, se realizó una consulta sobre los temas de la minería y las hidroeléctricas en el municipio de Uspantán, también del departamento de Quiché, con un resultado preliminar de más de 27 mil votos en contra de los megaproyectos[15].

[1] Estadounidense de origen indígena, es el segundo Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Fue nombrado en marzo de 2008 por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y ocupa ese cargo por un periodo inicial de tres años. Visite la página web del Relator Especial : http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/index.htm y la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala : http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/GTIndex.aspx.

[2] Derecho a la consulta de los pueblos indígenas, Artículo 6.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala en 1996. Véase página Internet de la OIT : http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml.

[3] En Sipakapa, municipio vecino de la mina Marlin, se celebró el 18 de junio pasado el quinto aniversario de la consulta comunitaria de buena fe en la cual 45.738 personas se pronunciaron en contra de la explotación minera en su territorio.

[4] Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH). En una de esas reuniones, Sergio Morales (PDH) le recordaba el expediente en contra del Presidente de la República Álvaro Colom por no haber acatado las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había anunciado dos semanas antes. Esas medidas buscan proteger las poblaciones afectadas por la mina Marlin, exigiendo la suspensión de sus actividades. Véase “Medidas MC 260-07” en la página Internet de la CIDH : http://www.cidh.org/medidas/2010.sp.htm.

[5] Municipio afectado por la cementera de Cementos Progreso. Doce comunidades se pronunciaron en 2007 en contra de este proyecto por medio de una consulta comunitaria.

[6] Discursos pronunciados el día 17 de junio de 2010, en las ruinas de Zaculeu, Huehuetenango.

[7] Véase nota 2.

[8] Video grabado en San Miguel con testimonios sobre ese tema en un artículo publicado en la página Internet de la Comisión Pastoral Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos (COPAE) :

http://www.resistencia-mineria.org/espanol/?q=node/288

[9] El comunicado de prensa y el informe preliminar se pueden consultar en las páginas Internet siguientes : http://www.oacnudh.org.gt/actualizacion2010/UPLOAD/ComunicadoPrensaRelatorAnaya(18jun10).pdf

y http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10173&LangID=S

[10] Véase nota 9.

[11] Véase nota 9.

[12] http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Pobladores-dicen-construccion-hidroelectrica-Lanquin_0_344365743.html

[13] http://www.prensalibre.com/noticias/Vecinos-Cabrican-dicen-mineria_0_358164219.html

[14] http://www.prensalibre.com/noticias/consulta-mineria-santa_cruz-quiche_0_358764239.html

[15] http://waqib-kej.org/portal/2010/10/no-a-los-megaproyectos-en-san-miguel-uspantan/

Huehuetecos declaran su territorio libre de minería

2010-03-31T13:57:00.008-06:00

El proceso de las consultas comunitarias constituye una de las formas de resistencia de los pueblos indígenas en cuanto a la defensa del territorio. El 28 de enero pasado, ACOGUATE acompañó a representantes de ocho municipios de Huehuetenango y la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango quienes llegaron a la capital para entregar la “Declaración de los pueblos del Norte de Huehuetenango libres de Minería y de Megaproyectos” al Congreso, al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). El departamento de Huehuetenango constituye la principal reserva de minerales metálicos del país y al mismo tiempo, es donde la mayor oposición comunitaria se ha manifestado contra la actividad minera (1) .

El 24 de noviembre de 2009, miembros de ocho municipios de Huehuetenango se reunieron en el marco de la “Declaración de los Pueblos del Norte de Huehuetenango libres de minería y de megaproyectos” en San Sebastián Coatán. El evento estaba organizado por las autoridades municipales y comunitarias, las organizaciones locales de los pueblos Mayas Qanjobal, Chuj y Acateco, la Asamblea Departamental de Huehuetenango de Defensa de los Recursos Naturales y el Consejo de los Pueblos de Occidente (2). Esta declaración celebra la realización de consultas comunitarias en los ocho municipios de la región norte del departamento (3). En estos municipios, la población se pronunció en contra de los megaproyectos y de la explotación minera en su territorio. Es la segunda región del departamento que celebra una declaración de este tipo ya que en septiembre de 2008, cinco municipios de la región Huista se declararon libres de minería y megaproyectos. Desde 2006, el departamento de Huehuetenango ha realizado consultas en 28 de los 32 municipios convirtiéndose en el departamento con la más alta índice de consultas. El 18 de enero de este año, se llevó a cabo la última consulta en la Unión Cantinil. En esta primera consulta del año 2010, 6, 879 habitantes de los 17,540 habitantes del municipio rechazaron la explotación y exploración minera en sus territorios (4).

La consulta es un derecho otorgado a los pueblos indígenas respaldado por diferentes instrumentos legales nacionales e internacionales. Este derecho permite a los pueblos indígenas de pronunciarse cuando llegan proyectos nacionales o internacionales que puedan afectar su territorio o su manera de vivir. También, es una herramienta para informar, concientizar y dar voz a estas comunidades (5). Sin embargo, como lo indicó la Corte de Constitucionalidad en su decisión del 8 de mayo de 2007, el resultado de las consultas no es vinculante para el Estado (6). Al nivel nacional, el derecho a la consulta está respaldado por la Constitución Política de la República y el Código Municipal. La Constitución indica, en su artículo 66 que se refiere a los grupos étnicos presentes en Guatemala, entre otros el pueblo maya, que “El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos” (7). Por su parte, el Código Municipal indica, en su artículo 65, que “cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas ”(8).

Además, al nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) regula las consultas de buena fe, que constituye la forma propia de hacer las consultas de los pueblos indígenas (9). El artículo 6.1 indica que “al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente ”(10). Además, las consultas de buena fe constituyen una práctica antigua del derecho consuetudinario de las comunidades Mayas. Carlos Loarca confirma que “según el pluralismo jurídico guatemalteco, las consultas siempre han estado vigentes en las comunidades. Sus decisiones están legitimadas a través de la socialización de información, el diálogo, y el consenso. Lo que los instrumentos en derechos humanos llaman el consentimiento libre, previo e informado ” (11).

Basado en este marco jurídico nacional e internacional, alcaldes de cinco de los ocho municipios que constituyen la región norte de Huehuetenango, comunitarios y líderes de la Asamblea Departamental de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales llegaron a la capital el 28 de enero pasado para entregar la Declaración. Su intención era reafirmar la oposición de los pueblos a los mega- proyectos. También la entrega es parte de una estrategia para dar seguimiento a estos procesos democráticos con las autoridades correspondientes. Según la Asamblea Departamental, “[e]sta declaración forma parte del proceso de participación y toma de decisiones de los pueblos en defensa del territorio, así como el seguimiento a las consultas comunitarias, la articulación social desde los territorios, como mecanismos legítimos y pacíficos, frente a las amenazas actuales de megaproyectos como parte de la agenda neoliberal y el modelo de desarrollo falso que los gobiernos de turno han venido impulsando ” (12). La delegación huehueteca llegó al Congreso para dar una conferencia de prensa y entregar la Declaración a los diputados del departamento. Luego, fueron recibidos en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Terminaron su recorrido por la capital con la entrega de una copia del documento en las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos.

La expresión de la oposición de las comunidades a la explotación minera, a través de las consultas comunitarias, no ha logrado parar la otorga de licencias ni la continuidad de los proyectos contando ya con una licencia. La empresa Firestone Ventures indicó en enero pasado que había terminado la primera fase de su programa de exploración de zinc, plomo y plata para el proyecto de Torlon Hill, en el municipio de Chiantla, Huehuetenango a pesar de los resultados de la consulta llevado a cabo en este mismo municipio en 2008 que indicaban 32,971 personas en contra de la explotación minera y 27 a favor.”(13) Mientras, en marzo de 2010, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG) sacó un informe sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Guatemala (14) en lo cual concluye que el Estado guatemalteco no ha cumplido con su compromiso reiterado a través de varios instrumentos internacionales y nacionales a respetar los derechos de los pueblos indígenas. Las declaraciones y exigencias de los alcaldes huehuetecos manifestados el día 28 de enero tiene resonancia en un informe recién publicado por la Oficina Internacional de Trabajo que recomienda al Estado guatemalteco “[a suspender] inmediatamente las actividades alegadas en tanto se lleve a cabo y se evalúe, con la participación de los pueblos interesados, la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de las actividades previstas y la medida en que los intereses de los pueblos indígenas se verían perjudicados…”(14) Ahora, se tiene que esperar la respuesta del gobierno y el seguimiento por parte de los pueblos huehuetecos en su lucha por la defensa de su territorio.

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Notas de pie
1.Luis Solano, La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los recursos minerales e hidrocarburos, El Observador no 19, junio-julio 2009, p. 9.
2.Comunicado de prensa, Declaración de los pueblos Qanjobal, Chuj y Acateco “Libres de Minería y Megaproyectos”, 28/01/10, Alcaldes de las Municipalidades de San Juan Ixcoy, San Pedro Solomá, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Barillas, San Sebastián Coatán, San Rafael la Independencia y San Miguel Acatán, Asamblea Departamental por la Defensa de los recursos naturales.
3.San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Barillas, San Sebastian Coatán, San Rafael la Independencia y San Miguel Acatan.
4.Comunicado de prensa, Unión Cantinil dice No a la Minería, 19/01/10, Coordinación municipal de la Consulta Comunitaria de Unión Cantinil, Miembros de la Red Huista, de la Asamblea de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales y del Consejo de los Pueblos del Occidente.
5.Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo presiones”, Collectif Guatemala, The Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Rompiendo el Silencio, Peace Watch Switzerland, Movimiento Sueco por la Reconciliación (SWEFOR), Guatemala Solidarity Network, Cadena por un Retorno Acompañado (CAREA) y Solidaridad con Guatemala de Austria, Junio de 2009, p. 9. [http://www.guatemala.at/ido%20smi/ido_sanmiguel.pdf]
6.Decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala del 8 de mayo de 2007, en la cual calificó de legal y legítima la consulta de Sipakapa (San Marcos) del 18 de junio de 2005, pero no vinculante. (Expediente 1179-2005).
7.Artículo 66, Constitución Política de la República de Guatemala, reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993 (http://www.oas.org/Juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf).
8.Artículo 65, Código Municipal (http://www.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2002/gtdcx12-2002.pdf). Ver también los artículos 63 y 66.
9.Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo a presiones”, op.cit.
10.Artículo 6.1, Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, OIT, 1989 (http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm). Ver también los artículos 6.2, 7 y 15.
11.Carlos Loarca, Consulta comunitaria y participación democrática, El Observador no 19, junio-julio 2009, p. 59.
12.Campo pagado, Declaración de los Pueblos Qanjobal, Chuj y Akateko “Libres de Minería y de Megaproyectos”, Asamblea de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales y Consejo de los Pueblos del Occidente, 29/12/10, Prensa Libre (http://www.fundacioncedim.org/portal2/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=458).
13.Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo a presiones”, op.cit.
14.MSICG, El Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas de Guatemala: La ruptura entre el discurso y la practica (Periodo 1996- Marzo 2010) Marzo 2010.
15.Oficina Internacional de Trabajo. 2010. “Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.”

Entrevista con Javier de León y Fernando Solís

2010-02-09T12:55:00.005-06:00

Estos son extractos de una entrevista realizada en noviembre de 2009 por miembros de ACOGUATE. Miguel Fernando Solis es coordinador ejecutivo y editor de la Asociación El Observador y investigador en los campos políticos, económicos y sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Javier de León es un líder comunitario Maya Mam, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y coordinador de la Asociación para el Desarrollo Integral San Miguel Ixtahuacán (ADISMI).

ACOGUATE: En el contexto pos conflicto armado ¿qué ha sido el rol de la explotación minera en Guatemala?

FS: El fin formal de la guerra favoreció la imposición de un cierto modelo de Estado. Cuando hablo de Estado, no hablo de las instituciones como tal, sino de una forma de relaciones de poder que va a generar condiciones para que Guatemala se vincule y sea aceptada en el concierto de las naciones democráticas. Guatemala era considerada como un país no democrático porque tenía gobiernos militares. Formalmente, hay una democracia y estamos en paz. Sin embargo, no es así en realidad. En el país, siguen existiendo las mismas condiciones que dieron origen al conflicto. La justicia nunca funcionó para cuestionar quienes habían sido los violadores de derechos humanos y los ejecutores de la contra insurgencia. Los militares están ahí vivos, y la gente de dinero que financió la guerra nunca fue ajuiciada.

Este Estado que se construyó después de la firma de la paz promueve la articulación del país al capitalismo mundial, más globalizado. Lo único que generó fue condiciones para que legalmente, o en el contexto de una democracia formal liberal capitalista, las empresas vinieran y generaran una serie de articulaciones para explotar los recursos. Ahora se hace bajo una lógica de expansión y de toma de territorio (como en el tiempo de la colonización), y también bajo un elemento fundamental, que es el sometimiento ideológico, o sea ganar la mente de la gente. Eso es una forma de violencia.

ACOGUATE: ¿De qué manera podemos decir que se oponen dos visiones del desarrollo en cuanto a la explotación minera en Guatemala?

JDL: Cuando vino la industria minera, empezamos a comparar el modelo de desarrollo que tenemos las primeras naciones y el modelo que impone el capitalismo. Son totalmente contradictorios. El subsuelo o la tierra, para el pueblo originario, tiene un nombre. Por ejemplo, en Mam se dice Knan Chojch. Knan significa “nuestra madre” y Chojch es “tierra”, pues nuestra madre tierra. Ese elemento cultural rompe con la llegada de una transnacional para la cual no existe madre tierra. Para una transnacional, la tierra es la tierra y por lo tanto, hay que extraer los recursos. Las connotaciones culturales se rompen por eso y de ahí genera la conflictividad y por eso, no son compatibles.

FS: Para las industrias extractivas, el desarrollo viene de la obtención de ingresos y de ganancias. La concepción es que la tierra, los recursos, el agua, el bosque, la montaña, el volcán son mercancías que se pueden extraer y vender. El desarrollo para los pueblos indígenas es fundamentalmente la reproducción de la vida en condiciones plenas. El problema no es que la empresa minera pague más por lo que extrae, sino que el problema es que extrae, y el valor por lo cual vende esos recursos en el exterior. Algunos proponen que la mina pague 5 o 10 % de regalías . Aunque pague el 100% sobre lo que extrae, el problema fundamental es que extraen recursos que no son renovables, impactando así no solamente el ambiente, sino también las formas de vida de las poblaciones.

ACOGUATE: ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que están llevando a cabo las comunidades y en cuáles instrumentos jurídicos se basan las reivindicaciones?

JDL: En Guatemala y particularmente en el caso de San Marcos, en las comunidades Mam y Sipakapense, las prácticas de resistencia y de organización comunitaria descansan en las autoridades comunitarias. Son las autoridades comunitarias o las autoridades tradicionales que han hecho el papel de comunicación, de educación, de orientación y de organización para hacer los consensos comunitarios para ver si están de acuerdo o no con el tema de la extracción de los recursos naturales. De ahí surge lo que se llama técnicamente las consultas comunitarias. Son unos de los mecanismos de resistencia que se ha realizado en la defensa del territorio. Este proceso democrático se está practicando desde cientos de años en las comunidades, donde se reúnen, platican, llegan a consensos, escriben el acuerdo a través de un acta.

Eso está vinculado al tema de los derechos establecidos en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. En la Constitución política de la República, el artículo 66 establece que los pueblos tienen derecho a decidir cual es la forma de vida que quieren, incluso la forma de organización social. Por otra parte, el Código municipal establece que deben ser consultadas las comunidades o las autoridades tradicionales, en este caso los alcaldes comunitarios. Todo eso está también respaldado en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los artículos 6, 7, 8 y 15 .

Aunque el Estado o la Corte de Constitucionalidad dicen que las consultas no son vinculantes , de todas maneras, son vinculantes porque es una práctica legítima y legal que ejercen las comunidades. Existe un informe de la Comisión nacional de transparencia del Congreso que dice que a pesar de que se están realizando las consultas tantos años después, no deja de ser un derecho legítimo de las comunidades porque está legalmente establecido .

ACOGUATE: ¿Qué dificultades han enfrentado las organizaciones y los representantes de comunidades en su rechazo de la minería?

FS: Un problema fundamental es la negación por parte del Estado de los instrumentos que el mismo sistema da a las comunidades para defender estos derechos, como es el caso del Convenio 169. La primera cuestión: ¿qué forma utilizar si el mismo Estado niega los instrumentos legales? En el Convenio 169, el principio fundamental es que las comunidades tienen derecho a la consulta libre, previa e informada. Eso no se ha dado en ninguno de los casos.

El segundo problema impactante es la criminalización de la lucha, a través de la utilización por el Estado de las fuerzas de seguridad para enfrentar la protesta social. A una movilización se responde con la policía y el ejército. Luego, han venido mecanismos que se practicaban durante el tiempo de la guerra: el acoso violento, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición, el ataque directo. Entonces ¿cuáles son las formas que hay para hacer valer los derechos en este contexto? No se puede ir a los tribunales, porque los mismos tribunales están subordinados a intereses privados. Aquí, todo el andamiaje de la justicia funciona sobre la base del soborno y de la atención a intereses no colectivos. Él que paga manda. Él que tiene el billete para pagar un funcionario de justicia tiene asegurado salir ileso del proceso.

ACOGUATE: ¿Cuáles son las debilidades del movimiento social en cuanto a la temática de la defensa de los recursos naturales y qué son los retos de las comunidades?

JDL: Una es la división política que existe entre el liderazgo. Es uno de los elementos de la estrategia para que no se articulen los movimientos comunitarios en uno solo. Por otra parte entra el tema de la pobreza y de la extrema pobreza. La gente no tiene mucho tiempo para estar pensando en lo que va a hacer en el movimiento para defender su territorio, sino más bien está pensando qué va a comer hoy. Luego, está la cuestión política de los partidos políticos, que lejos de articular una fuerza comunitaria para enfrentar los problemas colectivos, fragmentan la unidad comunitaria. La lucha de liderazgo es un problema fatal en Guatemala, que explica porque no hemos podido ganar con gobierno cuando somos la mayoría, el pueblo Maya en Guatemala.

FS: Hay que tener claro que en la minería, hay un poder constituido que es muy fuerte históricamente. Es el poder de las empresas, de las transnacionales y de los grupos de poder que va de siglos. Hay que entender que para enfrentar ese poder, también hay que construir uno nuevo. Ahora, la constitución de este poder no pasa ni por el partido político, ni por el gobierno, porque el poder se enfrenta con poder. Esto implica construir proyectos políticos y no me estoy refiriendo aquí a un proyecto partisano. La burguesía nacional, las familias de grupos corporativos están muy claras en cuanto a sus proyectos políticos y económicos. Es la obtención de ganancias. Las comunidades están claras de que no quieren este proyecto y que quieren otra forma de desarrollo. Hay que construir un poder que sea capaz de soportar, de decir a las transnacionales que no queremos eso.
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Por ACOGUATE

1. Según la Ley de minería de Guatemala, vigente desde enero de1998, se debe pagar el 1% de las regalías para la explotación minera (0.5% al Estado y 0.5% a la municipalidad). [Artículo 63, Ley de minería y su reglamento, Ministerio de energía y mina, Dirección general de minería, Guatemala, Decreto 48-97]. http://www.mem.gob.gt/Portal/MEMDocuments/DGM/Ley/ley%20de%20mineria%20y%20su%20reglamento.pdf
2. “Artículo 6.1 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente […]”. http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml
3. Decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala del 8 de mayo de 2007 en la cual calificó de legal y legítima la consulta de Sipakapa del 18 de junio de 2005, pero no vinculante. (Expediente 1179-2005).
4. Informe de Investigación y Verificación del Proceso de Autorización de las Licencias de Explotación en Los Municipios de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala y San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos, Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia, 23 de octubre de 2009. http://www.congreso.gob.gt/uploadimg/documentos/n9132.pdf

Sindicalistas de SITRAPETEN desalojados del parque central

2009-12-11T22:12:00.007-06:00

El día 10 y la noche del 11 de diciembre el parque central de Guatemala Ciudad fue lugar de dos violentos desalojos perpetrados por la Policía Nacional Civil (PNC). Los trabajadores de la distribuidora del Péten que forma parte de la empresa Agua Salvavida en propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, habían establecido un campamento en el parque central para manifestar contra su despido en mayo del año 2008. Este despido se dio después de varios intentos por parte de un grupo de trabajadores de formar un sindicato en la distribuidora del Péten, ubicada en el Zapote de la ciudad capitalina. Los sindicalistas interpretan el desalojo como el atropello más reciente en una serie de acontecimientos que han marcado la resistencia pacifica llevado a lo largo de los últimos 19 meses. Esta tiene como objetivo denunciar el despido arbitrario de los sindicalistas además de señalar la postura dilatoria del Ministerio de Trabajo y de las diferentes instancias judiciales a cargo del caso.

En febrero 2007 un grupo de trabajadores de la distribuidora del Péten se había organizado para la constitución de un sindicato y tramitado la respectiva solicitud en el Ministerio de Trabajo. Originalmente, el objetivo de la creación del sindicato era el de fortalecer su posición frente la empresa y exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, como destacó un miembro del sindicato:

“La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá, que, aparte de exigirnos cuotas exageradas, […]también necesitábamos un poco mas de salario, porque prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. […] Tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque sino, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y nosotros no teníamos estudio.” (1)

Hasta mayo del 2008 se logró la inscripción del sindicato después de cinco intentos que fueron rechazados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Según los afiliados del sindicato, este retraso se dio debido a las fuertes presiones de la empresa. La distribuidora del Petén utilizó este retardo para su liquidación y se declaró en quiebre cuatro días antes de que el Ministerio de Trabajo reconociera la personalidad jurídica del sindicato SITRAPETEN. En esto, la distribuidora fue cerrada y sus trabajadores obligados a firmar contratos de renuncia. Según un representante de SITRAPETEN, mientras otros trabajadores fueron trasladados a otras distribuidoras y se les ofreció nuevos contratos, esto no fue el caso con los afiliados de SITRAPETEN ya que todos fueron despedidos. (2)

En este entonces, un grupo que estaba manifestando en contra de esta maniobra considerándola como un despido arbitrario fue victima de un desalojo violento enfrente a la empresa ubicada en el Zapote de la ciudad capital. Varios sindicalistas resultaron heridos en estos enfrentamientos y las respectivas denuncias interpuestas después del incidente quedaron sin seguimiento.
Como medida de presión, los miembros de SITRAPETEN permanecieron en un campamento en frente de las instalaciones, que después de la falta de avances en la resolución del conflicto laboral e investigación de las denuncias interpuestas fue trasladado a la Plaza de la Constitución. Durante 15 meses el grupo permaneció ocupando un espacio frente al palacio nacional llevando una protesta y resistencia pacifica. En este periodo, varios afiliados confirmaron una serie de amenazas e intimidaciones además de continuas ofertas de dinero a los sindicalistas por parte de representantes de la empresa para que dejaran el sindicato. (3)

El 9 de diciembre a las 11:30 de la noche, un juez municipal, acompañado por varios elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), se presentó en la plaza en el lugar de las precarias viviendas de los ex-trabajadores. El juez, que según la Convergencia de Derechos Humanos, no tenía competencia en el asunto, anunció que se había emitido una orden de desalojo basándose en la ley de ornato publico. (4) Ni en este momento como igual en los posteriores intercambios fue presentado la orden de desalojo sino que varios representantes de SITRAPETEN citaron al juez hablando de “una notificación verbal”. En el momento los sindicalistas insistieron en sus derechos constitucionales de manifestación y protesta además de exigir una mesa de dialogo de alto nivel para lograr una solución del conflicto laboral. (5)

El juez y la policía se retiraron temporalmente ya que en la mañana del 10 de diciembre, el juez y representantes de la policía se presentaron otra vez en el lugar indicando que era el último aviso y que se iba a efectuar el desalojo en el caso de que los sindicalistas no se retiraran del área. A las 12:00 horas de este día, alrededor de 120 Fuerzas de la PNC fuertemente armadas con acompañamiento de la Policía Municipal de Transito procedieron con el desalojo violento que fue observado por acompañantes internacionales de ACOGUATE. Los acontecimientos fueron marcados por el uso excesivo de violencia por parte de las fuerzas de orden y como resultado fueron llevadas las champas de los sindicalistas además de sus pertenencias personales. Varios miembros de SITRAPETEN además de periodistas presentes fueron agredidos físicamente por los gases lacrimógenos y un aceite de pimienta que fue rociado directamente en el rostro de los mismos. En un momento, elementos de la PNC intentaron de detener ilegalmente al Secretario General de SITRAPETEN que poco después pudo ser liberado gracias a la intervención de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). Además, se observó varios elementos de la policía con armas automáticas en medio del forcejeo. (6)

Después de este primer desalojo, los miembros de SITRAPETEN, juntos con otras organizaciones apoyantes, retomaron un espacio para seguir con su manifestación y resistencia pacifica. Pero a las 23:30 horas, las fuerzas antimotines de nuevo se hicieron presentes en el lugar y volvieron a desalojar el grupo, otra vez agrediendo a varios miembros del grupo con gases irritantes. (7)

Varias organizaciones y los miembros de SITRAPETEN sostuvieron que el programa “La Academia” de la cadena mexicana TV Azteca que se iba a desarrollar en el parque central parece haber sido utilizado como pretexto para efectuar el desalojo. A la vez han expresado su preocupación por la excesiva movilización de elementos policiales para la operación, mientras los sindicalistas promoviendo y exigiendo sus derechos laborales siguen esperando después de 19 meses una resolución definitiva de su caso por parte de las instancias correspondientes. (8)

En todo este tiempo, los miembros de SITRAPETEN han quedado sin los ingresos necesarios para el sostenimiento propio y el de sus familias. Cabe destacar que a las numerosas violaciones laborales y sindicales sufridas por los afiliados a SITRAPETEN, se suma una serie de violaciones de los derechos civiles y políticos. (9)

(1) Entrevista de Acoguate con representantes de SITRAPETEN llevados en julio 2008.
(2) Ibid.
(3) Entrevistas realizados por ACOGUATE con representantes de SITRAPETEN a lo largo de 2008/09.
(4) Comunicado Convergencia de Derechos Humanos: Desalojo violento en día internacional de los derechos humanos. 11.10.2009.
(5) Entrevista realizados por ACOGUATE con representantes de SITRAPETEN el 11.10.2009.
(6) Observación de ACOGUATE de los acontecimiento del 10.11.2009.
(7) Entrevista realizados por ACOGUATE con representantes de SITRAPETEN el 11.10.2009.
(8) Véanse comunicado “Comunicado urgente en solidaridad con SITRAPETEN”, Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, 11.10.2009; Comunicado Convergencia de Derechos Humanos: Desalojo violento en día internacional de los derechos humanos. 11.10.2009; además de entrevistas realizados por ACOGUATE el 11.10.2009.
(9) Ibid.

El Caso de Choatalúm: Implicaciones de una sentencia por el delito de desaparción forzada

2009-10-23T12:47:00.027-06:00

El 31 de agosto de 2009 el ex-comisionado militar Felipe Cusanero Coj fue condenado a 150 años de prisión por la desaparición forzada de seis personas, 25 años por cada persona desaparecida. Las desapariciones habían ocurrido en la aldea de Choatalúm, departamento de Chimaltenango, entre los años 1982 y 1984. Ésta es la primera sentencia que se ha dado por el delito de lesa humanidad de desaparición forzada en Guatemala.

La sentencia fue emitida unas semanas después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa en abril del 2008 en la cual la Corte atribuyó un carácter permanente a la desaparición forzada por el hecho de que siguen desaparecidas las víctimas y no se tiene conocimiento del paradero de sus restos.

Tanto la sentencia del 31 de agosto como la resolución de la Corte de Constitucionalidad sientan precedentes y abre paso para otros casos de desaparición forzada tal como el caso del aldea El Jute, ubicada en el departamento de Chiquimula; y el caso de Fernando García llevado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). (Para más información sobre el Jute, véase acoguate.blogspot.com/2009/01/caso-el-jute.html). Sin embargo, esta sentencia histórica del caso de Choatalúm fue apelada por la defensa de Cusanero Coj el 5 de octubre del mismo año y está pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

ACOGUATE ha estado acompañando el caso de Choatalúm desde varios años. (para información sobre los antecedentes del caso véase acoguate.blogspot.com/2008/07/desaparicin-forzada-el-caso-de-choatulm.html)
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Desaparición forzada: un delito permanente de lesa humanidad
Hasta la fecha, Choatalúm es uno de los primeros casos de desaparición forzada llevado frente al sistema de justicia en Guatemala a pesar de existir más que 45,000 víctimas en el país según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).

La clandestinidad y la incertidumbre juegan un rol central en la definición de la desaparición forzada, tal como la impunidad en que se mantienen los hechos. Según la definición del Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 7, la desaparición forzada es:

“la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de estas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.(1)

Mario Polanco, director del GAM, explica que las implicaciones de “estar en este estado desamparado” significa que la victima “corre peligro de ser privada de su vida, debido a que se le están infringiendo las peores torturas, el perpetrador en cualquier momento puede disponer de su vida, sin el temor a ser castigado o castigada...” (2)

Al ser calificado como delito de lesa humanidad y por eso ser imprescriptible, el articulo 8 claramente dice que desaparición forzada se queda afuera de la Ley de Reconciliación Nacional que brinda amnistía para crímenes políticos perpetrados durante el conflicto armado interno. Sin embargo, la defensa pública interpuso un recurso de inconstitucionalidad cuestionando la retroactividad del delito de desaparición forzada porque se tipificó hasta 1996 – ya más de una década después de los hechos. El debate se suspendió durante 14 meses (fuera de todos los plazos definidos en el código penal procesal)(3) hasta el 7 de julio de 2009 cuando la Corte de Constitucionalidad reconoció el carácter permanente de dicho delito porque “no es cuándo empezó, sino si ha terminado de producirse.” (4)

La desaparición forzada perjudica tanto a las personas sobrevivientes como las personas desaparecidas. En un proceso normal para salir de un trauma, es necesario entender el por qué y poder elaborar el duelo para regresar al estado normal a través de velación, entierro y solidaridad con la comunidad. Desaparición forzada se convierte el duele que normalmente es un proceso para los sobrevivientes en un estado de ser.

Tomando en cuenta estos aspectos, desaparición forzada, reconocido en la sentencia leída por el juez presidente en Chimaltenango se considera una violación múltiple y continuada de varios derechos humanos según la Constitución del a República de Guatemala y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos – los cuales Guatemala firmó y ratificó en 2000.(5)

“El verdadero resarcimiento es la justicia” (6): el caso de Choatalúm
Entre los años 1982 y 1984, se perpetraron varios desapariciones forzadas en la aldea Choatalúm, municipio San Martin Jilotepeque, Chimaltenango. En 2003, familiares de seis de estas personas se juntaron y formularon una acusación formal contra Felipe Cusanero Coj, quien era comisionado militar en ese entonces, por su responsabilidad en la detención ilegal de ellos. La evidencia del caso se basaba en los testimonios de los familiares quienes vieron a sus seres queridos llevados a la fuerza por Cusanero acompañado por miembros del Ejército y Patrulleros Civiles e ingresados al destacamento militar. Los testigos buscaban a sus familiares en el destacamento y sus solicitudes de información sobre el paradero de los detenidos fueron negados.

En abril del 2003 CALDH y la organización Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) se integraron al proceso como querellante adhesivo. Pese a los obstáculos legales que había enfrentado el caso, en marzo 2008 abrió el debate público en el Tribunal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chimaltenango y a través de once testimonios prestados entre testigos y un peritaje, además de las pruebas documentales (7) concluyó que “se destruyó la inocencia de Señor Felipe Cusanero” (8) el 31 de agosto de este año.

Antes de dictar la sentencia, el juez destacó que para la población maya indígena, desaparición forzada es aún abusiva en la manera en que "el ocultamiento de los restos mortales de una persona desaparecida, en una flagrante falta de respeto a los mismos, amenaza romper el lazo espiritual que vincula los muertos a los vivos, y atenta contra la solidaridad que debe guiar los rumbos del género humano en su dimensión temporal.” De esta manera desaparición forzada es una de las formas “más perversamente sutiles, pero no menos violenta, de afectar la conciencia y dignidad de los seres humanos.” (9)

El juez presidente subrayó que en su capacidad de comisionado militar, Cusanero decidía entre la vida y la muerte en la comunidad de Choatalúm y que era responsable de realizar actos voluntarios en la ideación y planificación hasta la etapa de ejecución de desaparecer forzadamente a Santiago Sutuj, Alejo Culajay Ic, Lorenzo Avila, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López and Mario Augusto Tay entre los años 1981 y 1984. Por cada uno de los delitos, Cusanero fue sentenciado a 25 años de prisión inconmutables, con un total de 150 años. El caso se queda abierto para juzgar a otros militares nombrados durante el juicio por su participación en los hechos.

Sin embargo, para los testigos del caso y familiares de los victimas desaparecidos, la posible condena contra Cusanero – aunque sea un logro sin precedente – no significa justicia en sí. “No era el propósito. Qué importa a nosotros si va a la cárcel? Siempre hemos querido saber dónde están nuestros seres queridos y qué les pasó. Pero nunca nos dijo,” explicó Hilarión López, testigo y padre de uno de los desaparecidos. (10)

Así que, aún en el caso de Choatalúm, aunque la impunidad en que se quedó los crímenes perpetrados por Cusanero han sido rotos hasta cierto punto, la información de lo que pasó a las víctimas y donde están sus restos se mantiene en la clandestinidad, a pesar de varias oportunidades para Cusanero a aclarar durante el juicio. (11) Por eso, todavía falta la justicia en cierta manera. Dijo López en una conferencia de prensa el día después de la sentencia, "[Cusanero] debe pedir disculpas al pueblo San Martín, a la aldea de Choatalum. Yo me siento molesto porque mi hijo no me lo entregó jamás. Y lo que yo quiero es justicia… quiero entregarlo al cementerio para llevarle un arreglo de flores, una candelita o un velo." (12)

“Cada caso es una esperanza”(13): Otros casos pendientes
Según Mario Minera de CALDH, hay más de 100 casos de desaparición forzada presentados en el sistema jurídica de Guatemala hoy en día aunque la mayoría falta la tipificación como tal.(14)

Si la Corte Suprema de Justicia decide que el caso de Choatalúm debería seguir tipificado como desaparición forzada, significaría un precedente a través de la jurisprudencia que podría tener un impacto en otros casos. En esto, cabe mencionar que también el Procurador de Derechos Humanos destacó que espera que se tipifique el delito de desaparición forzada en los casos de El Jute y el esposo de la diputada Nineth Montenegro, Edgar Fernando García, en los cuales actúa como querellante adhesivo.(15) Además, un cambio de la tipificación tendría implicaciones políticas porque indicaría la existencia de un plan sistemático del Estado. A la vez, impactaría en las sentencias ya que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad con pena máxima de 40 años de cárcel mientras que securestro/plagio tiene una pena máxima de 8 años. En el caso de Fernando Garcia, se logró cambiar la tipificación a desaparición forzada. Sin embargo, esta decisión fue apelada por la defensa y la decisión está pendiente todavía.

El asesor legal de CALDH indica que muchos jueces califican los casos como secuestro “para evitar la responsabilidad del Estado y decir que 'no, solo eran unos locos del ejército que se encargaron de eso, que no tiene nada que ver con el siguiente jefe, con toda la cadena de mando’”.(16) Al mismo tiempo, según el asesor legal, los casos de desaparición forzada pueden impulsar a otros casos de delitos de lesa humanidad como los casos de genocidio. El argumenta que el Estado ya no puede decir que las violaciones no fueran parte de un plan sistemático porque con su decisión, la CC ya aceptó tanto la permanencia del delito como el hecho de que se trata de un crimen de lesa humanidad.

Según Aura Elena Farfán de FAMDEGUA, la sentencia original de la corte en Chimaltenango es importante para todas las personas quienes han sufrido los traumas de desaparición forzada porque, “Aunque no se trate de un familiar, la justicia nos ayuda a todos.”(17)
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Por ACOGUATE
Fotos de ACOGUATE
1.Minutos después del fallo
2.Paisaje de San Martín Jilotepeque
3.Tribunal de Chimaltenango
4.Ex-destacamento militar en Choatalúm

Notas de pie:
1.Citado en Cano López, M., El delito de desaparición forzada de personas: el régimen de protección de los derechos humanos frente a los delitos de lesa humanidad, entre otras publicaciones
2.Polanco, M. La desaparición forzada en Guatemala. GAM es una organización fundada por familiares de víctimas de desaparición forzada.
3.Véase entrevista con el asesor legal de CALDH, que habla sobre la falta de respeto para los plazos como reto general para muchos casos jurídicos en Guatemala.
4.Corte de Constitucionalidad, Republica de Guatemala, Expediente No. 929-2008. Pagina 10.
5.Polanco, Molina Theissen
6.Víctima de Choatalúm, Conferencia de Prensa, 1 de septiembre del 2009, Ciudad de Guatemala
7.El Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Historica, Guatemala NUNCA MAS (REMHI), la CEH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
8.Sentencia. 31 de agosto de 2009.
9.Sentencia C-26-2, 006. Of. III. Tribunal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chimaltenango.
10.López, Hilarión. Entrevista con ACOGUATE. Septiembre de 2009.
11.Minera, Mario, Conferencia de Prensa, 1 de septiembre del 2009, Ciudad de Guatemala.
12.“Condena de Cusanero es sólo el principio, pero falta más justicia.” La Hora. 2 de septiembre de 2009.
13.Galeano, Maynor Estuardo. Entrevista con ACOGUATE. Agosto de 2009.
14.Minera, Mario, Conferencia de Prensa, 1 de septiembre del 2009, Ciudad de Guatemala.
15.Cristina Bonillo. “PDH pide agregar otro delito.” Prensa Libre. 8 de agosto de 2008.
16.Asesor Legal de CALDH. Entrevista con ACOGUATE.
17.Lorena Siejo. “Debate por desapariciones.” Prensa Libre. 10 de marzo de 2008.

Entrevista con un asesor legal en el caso de Choatalúm

2009-09-15T18:44:00.005-06:00

Antes de la reapertura del debate oral de Choatalúm, entrevistamos a un trabajador del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien trabaja como asesor legal en el caso de Choatalúm, sobre la resolución de la CC en julio.
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ACOGUATE: ¿Nos puede explicar en grandes rasgos el recorrido del caso de Choatalúm hasta el momento?.

Asesor legal: (...) en un momento iniciado, la persecución por parte del ejército, todavía bajo el gobierno de Romeo Lucas García que es uno de los presidentes más sanguinarios, [la gente de Choatalúm] se había ido en las montañas. Sin embargo, cuando entra Ríos Montt, se emite información a todas las comunidades en que era un buen presidente, que daba amnistía: “Ríndanse, te agradecen, no te vamos a hacer daño”. Y la gente confía. Sobre todo, además de confiar, era realmente salvarse la vida porque ya no tenían comida en las montañas, no tenían qué comer, los niños estaban muriendo. Entonces, eso hace que la gente en un momento decide entregarse al ejército.

Cuando Ríos Montt inicia su mandato, se inicia una persecución más selectiva. Buscando a ciertas personas a quienes había que capturar y torturar. Pues, en ese marco fue que se dieron esas desapariciones forzadas, las seis que tenemos. Viene el comisionado militar, la gente se rinde, y las lleva al destacamento militar. De allí, los mete en el destacamento y nunca reaparecen. Desaparecen todos.

Una de las características de este caso es que nunca fue público. Siempre se llevó como un caso más que se está juzgando. Y se hizo toda la investigación. El caso nunca pasó a la fiscalía de derechos humanos a pesar de que ya se había creado la fiscalía de derechos humanos. Nosotros nos preguntamos “¿qué habría pasado si hubiera pasado a la fiscalía de derechos humanos?” Muchos pensamos que no estaríamos ahora en esta etapa porque hubo un momento en que la fiscalía de derechos humanos servía totalmente de pared a la impunidad. No es el caso ahora. Ha habido ciertos cambios y parece haber voluntad. Solo falta ver que se concretice. Pero en aquel momento, todos los casos estaban con obstáculo en el Ministerio Público (MP), durante la administración de Florido [ex Fiscal General, 2004-2008]. Sin embargo, éste se lo pasó a Chimaltenango como un caso más de la fiscalía. Y se siguió investigándose como desaparición forzada.

Después de eso, se abrió el debate con la misma calificación de desaparición forzada. Realmente, era un momento con bastante incertidumbre: “¿Qué va a decir el juez? ¿Qué va a pasar? ¿Será que nos entiende? ¿Será que mira la desaparición forzada como nosotros la vemos? ¿O si le quiere dar otra calificación?” Sin embargo, se aceptó, pasó la acusación y ahora está en el juicio.

Ahora, en eso estamos. Se abrió el debate y desde el principio, habían interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto. Podía seguirse el debate pero cuando se llegara a la parte donde la inconstitucionalidad pasa en apelación, se suspende y no se podía continuar.

ACOGUATE: ¿Los tribunales (o la CC) no tienen un plazo fijo para resolver?

Asesor legal: Hay plazos pero nunca se cumplen y es difícil encontrar a litigantes que quisieran ir en contra de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, ellos saben cómo hacer para que no queden pruebas. Una práctica que se ha visto en ciertos tribunales es que le ponen una fecha anterior al momento en que se resuelve y entonces aparenta ser una fecha legal, pero realmente no es así. Y se lo dan al notificador. Entonces, quien recarga todo ese tiempo es el notificador, quien es un trabajador común y corriente. Así funciona muchas veces en los tribunales para ganar tiempo. Entonces, uno se dice “yo no quiero iniciar acciones en contra del notificador” porque solo es un trabajador más de todo el sistema. Sí hay normativas por los plazos dentro de la ley. Puedes iniciar procedimiento por retardo de la notificación pero, como te digo, vas a dañar al notificador, y sin estar seguro si realmente es el responsable.

Sin embargo, a veces el problema es que los mismos notificadores se prestan para estas cosas. A veces sí hay tribunales que se resuelven a tiempo. Pero quien hace allí la parada es el notificador. Si un acusado tiene contacto con un notificador y teniendo las pruebas, entonces sí, pudieras iniciar algo en contra del notificador. Pero no se sabe.

ACOGUATE: Ahora que tienen la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿cuáles son las implicaciones para el caso de Choatalúm?

Asesor legal: Una de las primeras cosas aquí es que la CC, al entrar a conocer el fondo del asunto, le está indicando al Tribunal de Sentencia, quien va a resolver este caso, como debe de interpretarse la ley que regula la desaparición forzada sin contradecir la Constitución. En esta decisión, la CC entra específicamente a ilustrar cómo es que este delito no contradice el artículo 15 de la Constitución. La CC dice que lo importante en estos casos no es cuándo se llevaron a las víctimas sino cuándo aparecieron.

En mi punto de vista, es muy arriesgado para el Tribunal de Sentencia decidir que no sea desaparición forzada. Es muy arriesgado. Si eso pasara, nosotros prepararíamos nuestros recursos de apelaciones, seguir apelando, y podríamos llegar otra vez hasta la CC.

Otra de las cosas importantes de esta decisión es que la CC menciona que son delitos de lesa humanidad. Eso nunca lo habían admitido en ningún momento. Puede darse una desaparición forzada en tiempos de paz y uno puede decir que no son delitos de lesa humanidad. Sin embargo, lo que caracteriza estos delitos es cuando hay un plan sistemático del Estado para estos tipos de delitos y es entonces cuando se convierten en delitos de lesa humanidad

ACOGUATE: ¿Entonces el caso de Choatalúm podría ser importante para los casos de genocidio también?

Asesor legal: Todos los casos que se están litigando relacionados al conflicto armado interno te sirven para sustentar otros casos del pasado. Con la calificación de delitos de lesa humanidad, nosotros podemos decir que “el Estado tenía un plan sistemático de eliminar a las personas, según la decisión de la CC en tal y tal fecha, ya aceptado por la CC”.

Le da certeza a los casos de genocidio como para seguir afirmando que sí se cometieron delitos en contra de la población civil. El Estado no puede decir ahora que “no era un plan sistemático”. Tenemos una decisión que relaciona con ese [plan], donde es aceptado jurídicamente. Y más aún, si se declara una sentencia condenatoria, quedará por probada la desaparición sistemática.

ACOGUATE: ¿Y en cuanto al caso, cuáles son los siguientes pasos?

Asesor legal: Ahora, hay que esperar hasta que la Corte de Constitucionalidad le mande físicamente el documento de notificación al Tribunal respeto a lo que ya decidió. Desde el momento que el Tribunal de Sentencia recibe la notificación, tiene cinco días para fijar fecha del debate.

ACOGUATE: ¿Piensa que la resolución en el caso de Choatalúm tiene impacto en otros casos por crear un antecedente jurídico?

Asesor legal: Le va a dar un mejor sustento. Anteriormente, ellos han alegado ante la Corte que es desaparición forzada, pero los jueces a cargo han dicho que no. Pero ahora, con una decisión de la Corte de Constitucionalidad, pueden ellos decir, “bueno, en tal fecha la Corte de Constitucionalidad resolvió que estos hechos pueden calificarse como desaparición forzada”. Y pueden citar allí que esto fue parte de un plan sistemático, que es delito de lesa humanidad, que es desaparición forzada. Porque los jueces muchas veces tipifican como “secuestro”, eso para evadir la responsabilidad del Estado.

ACOGUATE: ¿Piensa Ud. que los avances en los dos casos de Choatalúm y de El Jute están teniendo un efecto mutuo por las implicaciones jurídicas?

Asesor legal: Sí. De hecho, yo estoy muy al tanto del caso de El Jute, de como se va a desarrollar. Es indignante cuando no lo califican como desaparición forzada cuando todo el mundo sabe que así es, que era un plan del Estado, que era parte de toda una doctrina de seguridad nacional. Entonces, no puedes decir que es un secuestro.

ACOGUATE: ¿Cuáles otros casos de desaparición forzada son significantes en este momento?

Asesor legal: El caso de Fernando García es un caso muy interesante. Este caso, para mí, es importantísimo en el sentido de que sucedió en la capital, sucedió en el área urbana. Los casos de Choatalúm y El Jute se dieron en las aldeas, son del interior. Ya se ha testificado como se dio la desaparición forzada en el campo, como sucedieron las desapariciones. Pero en la ciudad, fue la policía quien estuvo al mando de los secuestros, de las desapariciones forzadas. En los tribunales, no ha habido un caso que ilustre como era el contexto de las desapariciones forzadas en la ciudad, el de Fernando García sería el primero si se tipifica como desaparición forzada.

ACOGUATE: ¿Será que desde el punto de vista jurídico, queda una manera para frenar estos avances y otros casos de desaparición forzada?

Asesor legal: Bueno, recordemos que en Guatemala tenemos dentro de la normativa una parte que dice que la misma CC puede apartarse de su criterio. Pero eso se da cuando han transcurrido muchos años y que la situación es distinta, siendo en otro momento histórico, o de lo contrario no sería una decisión jurídica, sino política.

Sin embargo, aquí es donde entran las maniobras políticas. Entonces no se sorprenden Uds. cuando en dos o tres años, tenemos una decisión contraria a la que acabamos de tener porque ya serán otros magistrados. Si son magistrados muy fieles a lo jurídico van a seguir el mismo camino. Ahora, si son magistrados con intereses políticos, va a cambiar. Eso es lo que nos hace llamar la atención y poner mucho el ojo en la elección de magistrados y jueces de sala. Los años nos han enseñado que hay que poner el ojo a la elección de magistrados porque si no, nos van a jugar siempre a la vuelta. Es una lucha constante y no se puede abandonar porque el momento en que te descuidas es cuando ellos se aprovechan. Es una lucha constante.
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Por ACOGUATE
Foto: ACOGUATE

Se establece precedente en crímenes contra defensores/as de derechos humanos: Justicia por líder comunitario Israel Carias

2009-09-10T17:21:00.012-06:00

El 22 de junio de 2009, el Tribunal de Sentencia en Zacapa, Guatemala, falló en contra de dos hombres por el asesinato de líder comunitario Israel Carías Ortiz y sus dos hijos Ledwin Anilson (9 años) y Ronald Aroldo (11 años) en febrero de 2007. El autor material, Jacobo Salguero, y cómplice, Manfredo Ramirez, fueron condenados a tres sentencias consecutivas inconmutables de 25 años y 16 años respectivamente. La sentencia establece precedente en reconocer que Carias fue matado por su liderazgo en la lucha para conseguir terrenos comunitarios por la vía jurídica. Es importante destacar que el caso queda abierto para investigar a los autores intelectuales del asesinato: los finqueros supuestamente responsables por contratar a los sicarios para proteger a sus intereses. El fallo es importante para otros casos de derechos humanos que fueron cometidos en el pasado ya que 99% de las violaciones perpetradas durante el conflicto armado interno quedan en la impunidad(1). ACOGUATE ha acompañado a este caso con La Unidad para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala (UDEFEGUA) desde el principio del juicio.
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Israel Carias era presidente del La Alianza de Campesinas y Campesinos Unidos con la Sociedad (ACUS) por cuatro años cuando fue matado en 2007. También, trabajaba con La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), lideraba La Asociación Comunitario para el Desarrollo Integral de Los Achiotes (ACIDEA), y era dirigente regional del Comité de Unidad Campesina (CUC). Como presidente de ACUS, Carías, con el respaldo de más de 80 familias en 22 comunidades, encabezó la lucha para recuperar las tierras comunitarias usurpadas por los finqueros.

La lucha para recuperar estos terrenos comunitarios, que han sido reconocidos así desde 1951 según los documentos públicos del Estado sobre las propiedades, ha encontrado una fuerte resistencia de los finqueros quienes seguían explotando las áreas en cuestión(2). En una pista de audio presentado como evidencia durante el juicio, Carías describió la lucha a los pobladores de Los Achiotes. “No queremos tocar las tierras que ya tienen documentos. Estamos luchando para tierra nacional. Yo solo soy la portavoz para las necesidades de la comunidad. No soy juez; yo no decido. Ustedes tienen derecho a los terrenos según la ley.”(3) Aunque legalmente pertenecían a la comunidad, dichas tierras continuaban siendo explotadas por los finqueros.

Después de años de frustración en un proceso legal y burocrático estancado, ACUS empezó a ver la vía de negociación como una mejor manera de conseguir los terrenos en 2004. Aunque significó ceder una parte de la tierra comunitaria a los finqueros, la negociación fue vista como necesaria para acortar más usurpación por ellos y establecer fronteras firmes e indiscutibles. Carías recibió sus primeras amenazas cuando las negociaciones empezaron en 2004 y siguieron hasta los días justo antes de su asesinato.(4)

La Oficina de Registros de Tierras hizo la primera mediación en Los Achiotes en diciembre 2006 e iban a remedirla para la última vez en marzo 2007.(5) El momento del asesinato de Carias coincide con esta visita, una fecha de entrega de los terrenos comunitarios acercando, y un aumento en represión contra comunidades luchando para sus derechos a la tierra y a recursos naturales.(6)

Según testigos y denuncias puestas con la policía nacional civil antes de su asesinato, Carías ha sido victima de intimidaciones y recibía amenazas de muerte por parte de los acusados, los familiares de los acusados y los finqueros mismos por su liderazgo en la lucha para retomar el derecho a la tierra. A pesar de los riesgos, nunca paró de organizar a la gente. A través de una charla grabada y puesta como evidencia en el caso, el compromiso de Carías se quedó firme aún en su muerte. “A pesar de la persecución, no voy a dejar paso atrás,” declaró Carías frente a la sala de audiencia llena de observadores.(7) Los jueces afirmaron que Carías “no exhibió miedo porque era aparentemente un hombre de convicción firme” y fue matado por defender los derechos a la tierra de su comunidad.

El 6 de febrero de 2007, Israel Carias, de 33 años, estaba caminando con sus dos hijos por la quebrada El Hato en camino desde Zacapa para traer medicinas a su madre enferma cuando fueron interceptados y baleados de poco distancia. Aunque la comunidad sabía colectivamente quiénes eran que cometieron el crimen, el caso languidecía en la oficina del ministerio público sin avance mientras los sicarios continuaba viviendo a la par de los familiares del finado Carias. Al enterarse del estancamiento grave de la justicia, UDEFEGUA empezó a dar seguimiento en forma de asesoría legal, apoyo moral y en fondos. UDEFEGUA solicitó que el caso pasara por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y contrató un abogado, Edgar Pérez, para servir como representante legal para la viuda y querellante adhesivo. (Otro logro de Pérez es el caso de Río Negro en 2008 en el cual condenaron a 5 ex-patrulleros a 780 años de prisión por su participación en la masacre de 177 mujeres y niños en Pacoxom perpetrada en el año 1982; y el caso de Choatalún que condenó a un ex - comisionado militar a 150 años de prisión por ordenar la desaparición forzada de seis campesinos.)

En Marzo de 2009, empezó el debate público del caso. Durante el transcurso de cuatro meses, los jueces escucharon los testimonios de trece testigos, doce peritos expertos y revisaron más que cincuenta documentos de evidencia. El 22 de junio de 2009, el Tribunal dio su fallo: los dos acusados, Salguero y Ramírez eran autor material y cómplice, respectivamente, del asesinato premeditado de Israel Carías a la exigencia y financiamiento de los finqueros quienes querían terminar su lucha y proteger sus propios intereses. Es asumido que los niños fueron matados porque estaban con su padre en el momento.

A nivel nacional, el fallo establece un precedente importante en cómo entender la justicia en ataques contra defensores de derechos humanos. La sentencia esclarece la complejidad de conflictos de tierras y el peligro que corren las comunidades que atraviesen defender sus derechos en contra de oposición ilegal y poderosa. Además, la sentencia reconoce y exige la investigación de los autores intelectuales esponsables de planificar el asesinato y contratar a los sicarios. A través de su dictamen, los jueces dejaron claro el coraje necesario para líderes comunitarios de seguir luchando por sus derechos; y abrieron un espacio para la realización más completa de la justicia en Guatemala.

Por primera vez, una corte en Guatemala estableció que la culpabilidad en ataques contra defensores de derechos humanos extiende más al fondo que los autores materiales hasta llegar a los autores intelectuales. Así, el precedente exige que en ataques contra defensores, los que planificaron y financiaron el crimen también deban ser juzgados. Además, el precedente puede ser usado para asignar la culpa en casos de crímenes contra los derechos humanos del pasado – desde el nivel más bajo de los mismos sicarios hasta los más altos quienes gozan de la impunidad en sus posiciones de poder.

Más recientemente, las personas vinculadas al juicio han sido blancos de amenazas y intimidaciones – sobre todo la viuda, los hermanos, el suegro y la sobrina de Carías quienes han sido las personas más públicas en defenderle. La comunidad se da cuenta de que los familiares de los condenados, quienes también son conocidos de tener las armas del crimen, son los responsables por las amenazas que continúan.(8) Unos de los hermanos de Carías describe la comunidad como “una manada de ovejas” que ha experimentado el efecto traumatizante de un coyote. Ahora la comunidad es “alerta, tensa y vigilante” y la gente solo viaja hasta Zacapa por la madrugada para evitar ser vista caminando en la carretera.(9)

A pesar de los riesgos, aproximadamente una docena de miembros de la comunidad y familiares de Carías llegaron al juicio para asistir cada audiencia. Mostraron su solidaridad así, haciendo la caminata de dos horas bajando desde la comunidad hasta llegar al Tribunal y subir de nuevo en grupo después. Muchos de ellos eran testigos en el caso y recibieron amenazas por hacerlo.

ACUS, ACIDEA y UDEFEGUA han trabajado para dignificar la memoria de Carías en las semanas después de la sentencia. ACUS organizó una marcha desde Estansuela al Tribunal en Zacapa para hacer tributo a la lucha de Carías, para manifestar su agradecimiento por justicia realizada y para exigir que el tribunal siga con los demás casos pendientes de ACUS. (Muchos de estos casos tiene que ver con solicitudes para proyectos comunitarios incluyendo agua potable, electricidad, puestos de salud y educación en comunidades rurales.) Los miembros más metidos en ACIDEA quisieran construir un memorial en Los Achiotes para asegurar que Carías – y su sacrificio para la comunidad – no sea olvidado.

En agosto, UDEFEGUA regresó a la comunidad para brindar seguimiento psicológico a la gente involucrada en el caso y para reconstruir la memoria histórica de la vida de Carías que fue sustituida por su muerte y el juicio. Al empezar el taller, las memorias se construyeron – tejiendo una memoria comunitaria de su compromiso a la comunidad y su valor en seguir luchando hasta el final de su vida. “Era muy amable con todas las personas.” “Desde pequeño sabía que iba a ser líder.” “Era hombre de visión.” “Nunca le dejaron obligar de rodillas. Fue una gran persona.” “Realmente entregó su vida por la comunidad.”(19)
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Por ACOGUATE
Fotos: por ACOGUATE
1. Marcha de familiares y miembros de la comununidad de Los Achiotes
2. Suegro de Carías
3. Vista de Los Achiotes a Zacapa
4. Viuda de Carías
5. Familares y miembros de la comunidad durante un proceso de memoria historica de la vida de Carías
Notas de pie:
1. “Impunes el 99% de crímenes de guerra.” La Hora. 9 Aug 2008.
2. Land Rights Action Network. “Guatemala: Asesinato de dirigente campesino y sus hijos, Zacapa.” 2 mar 2007.
3. Carias, Israel. Pista de audio. Tribunal de Sentencia, Zacapa, Guatemala.
4. Taller comunitario, Los Achiotes, Zacapa. 8 ago 2009.
5. Amnesty International. Persecution and Resistance: The experience of human rights defenders in Guatemala and Honduras. ago 2007. p 13.
6. Land Rights Action Network. “Guatemala: Asesinato de dirigente campesino y sus hijos, Zacapa.” 2 mar 2007; Amnestía International. Persecution and Resistance: The experience of human rights defenders in Guatemala and Honduras. ago 2007, p 13; UDEFEGUA. “Informe Primer Semestre 2009,” p 10.
7. Carias, Israel. Documental. Tribunal de Sentencia, Zacapa, Guatemala.
8. Entrevistas personales. 22 jun 2009.
9. Taller comunitario. Los Achiotes, Zacapa, Guatemala. 8 ago 2009.
10.Taller comunitario. Los Achiotes, Zacapa, Guatemala. 8 ago 2009.

Nueva alza de tensión entorno a la presencia minera en San Miguel Ixtahuacán

2009-08-27T17:11:00.007-06:00

Desde la llegada, en 2004, de la empresa Goldcorp y su subsidiaria Montana Exploradora en el municipio de San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos, se ha registrado un incremento en la conflictividad local relacionada a la presencia minera. Detrás de esta creciente conflictividad que involucra a distintos miembros de la población, los que rechazan al proyecto, la misma empresa y sus trabajadores, elementos de Policía Nacional Civil y el ejército, son los problemas señalados de ser vinculados a la explotación minera - agua y aire contaminados, pozos secados y la generación de problemas de salud. En fin, este conflicto está relacionado al derecho de los pueblos indígenas a determinar el uso de sus recursos naturales.

Un nuevo acontecimiento se agregó a la lista de incidentes en la región cuando el viernes 12 de junio de 2009, se fracasó una reunión en el caserío de Sacmuj entre unos representantes de la Montana y comunitarios/as que estaban exigiendo el retiro de maquinaria de la minería que estaba estacionada en un terreno recién comprado por esta empresa. No llegó nadie de la empresa a pesar de su promesa por escrito el día anterior constatando que iban a retirar su maquinaria de este lugar. Esto fue considerado una falta de respeto a los/as pobladores que por consecuencia quemaron la maquinaria de la empresa. Esta situación pone a la luz la ausencia de un comprehensivo diálogo entre ambos grupos – la empresa y los/las pobladores - y la utilización de la seguridad pública para defender los intereses de los/as empresarios/as. Además subraya la falta de reconocimiento por parte de la empresa de los procesos tradicionales de los/as comunitarios/as relacionados a la necesidad de llegar a consenso en cuanto a decisiones sobre territorio indígena.
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En Sacmuj, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, la gente se preocupó de la presencia de nueva maquinaria de la empresa Montana que estaba ubicada cerca a tres pozos de agua. Efectivamente, esos pozos proporcionan el agua a las comunidades cercanas por lo cual sus pobladores se asustaron de una posible contaminación del agua así como la posibilidad que se secarían los pozos por culpa de la actividad minera como había ocurrido en otras partes del municipio anteriormente.

Sin embargo, la Montana tiene licencia de explotación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a pesar de que en más de la mitad de las 59 aldeas del municipio de San Miguel Ixtahuacán donde se realizaron consultas populares hubo un rechazo a la presencia minera. Esta situación se refleja en el fallo de la Corte de Constitucionalidad que determina, en el año 2007, la legalidad de las consultas pero niega su carácter vinculante. Este fallo ignora en sí los derechos constitudinarios de los pueblos indígenas en cuanto al uso de los recursos naturales en su territorio como estipulado en los artículos 15 y 16 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso de Guatemala el 19 de marzo 1996.

Ante la presencia de la maquinaria en Sacmuj, se abrió diálogo entre pobladores y gerentes de la mina el miércoles 10 de junio de este año para discutir su retiro. Los gerentes de la minería denunciaron la postura amenazadora de los/as manifestantes, rechazaron el diálogo y llamaron a la policía para dispersar a los/as campesinos/as. Llegaron dos unidades de la Policía Nacional Civil, una unidad de la seguridad privada de la empresa y cuatro vehículos de soldados para cumplir con esa tarea. El día siguiente, la gente se juntó otra vez en el mismo lugar. Los representantes de la mina y los/as manifestantes lograron platicar y la empresa se comprometió a atender las demandas de la comunidad de retirar la maquinaria al día siguiente, a las 9 de la mañana. El viernes 12 de junio, a dicha hora, unas doscientas personas se juntaron para asistir al cumplimiento del acuerdo. Pasaron las horas pero no llegó ningún representante de la minería. La gente se enojó por este incumplimiento del compromiso de la mina y al mediodía quemó la maquinaria.

Como resultado de esta situación, la empresa interpuso siete denuncias dirigidas a líderes/ezas comunitarios/as miguelenses, una de las cuales resultó en un orden de captura en contra de una mujer quien hasta la fecha está prófuga. Además, el lunes 15 de junio, alrededor de 70 policías con unidades del ejército llegaron a la sede de la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán (ADISMI) para encontrar la prófuga y acusó a los/as integrantes de la organización de complicidad.

Cabe mencionar que varias agrupaciones europeas de derechos humanos consideran con “[extrema preocupación]…la persecución penal contra miembros de comunidades afectadas por megaproyectos, líderes sociales, ONGs y defensores de derechos humanos, que entre otros, busca criminalizar la protesta social.” Además, la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala afirman en su Informe Preliminar de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que al inicio de este año “se ha detectado que 388 campesinos se encuentran con órdenes de captura vigentes porque en lugar de resolver la problemática de la tierra se utiliza la agudización de conflictos y la vía penal para controlar a la población y la demanda de los derechos humanos.”

Unos días después del conflicto en Sacmuj, tuvo lugar una marcha en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán donde participaron alrededor de 1400 personas incluyendo los/as trabajadores/as de la mina y sus familias y amigos/as. Marcharon en la ciudad, vestidos/as con camisetas blancas, llevando flores y velas con mensajes en contra de los/as líderes de los movimientos de oposición a la mina incluyendo el sacerdote de la parroquia, sindicado de incitación al odio y a la violencia en el municipio. Aunque el sacerdote ha tomado una postura contraria a la presencia de la mina en el municipio, rechazó las acusaciones de odio y violencia . Dicha marcha, llamada “la marcha de la paz”, se acabó enfrente de la iglesia donde los/as integrantes depositaron cientos de velas y algunos/as manifestantes ingresaron para orar.

El 30 de julio, un mes y medio después de los incidentes en Sacmuj, la Comisión Parroquial Paz y Ecología (COPAE) presentó su segundo informe anual del monitoreo y análisis de la calidad del agua donde exprime un nivel de cobre, aluminio, manganeso y arsénico que superan el límite máximo permisible por el Banco Mundial para minería a cielo abierto en los ríos Tzala y Quivichil, ubicados alrededor de la mina Marlin. Sin embargo estas cifras fueron rechazadas por representantes de la empresa cuestionando la validez de este monitoreo. En un campo pagado en la Prensa Libre del 10 de agosto del 2009, Montana Exploradora acusa al informe de COPAE de carecer de “respaldo científico, técnico y ético” y de ser una herramienta “para crear conflictos con las comunidades” .

Los movimientos comunitarios continúan a organizar campañas de información y procesos de consulta a pesar de que sus líderes/ezas siguen siendo victimas de intimidaciones tales como amenazas de muerte recibidas en mensajes de textos de sus celulares y campañas de difamación que viene a través de folletos anónimos circulados dentro del municipio. Se considera que estos actos de intimidaciones tienen el propósito de impedir el desarrollo del trabajo que estos/as defensores/as de derechos humanos realizan.

Muchas de estas amenazas han sido denunciadas frente a autoridades locales pero hasta la fecha quedan en la impunidad. Un ejemplo del pretexto de obstaculizar el trabajo comunitario se presenta en la amenaza de muerte que Javier de León, de ADISMI, recibió en un mensaje de texto en su celular el día 15 de junio. El mensaje decía “Hola señor de León, no te metes donde no te conviene, si te metes despídete de tu mujer y despídete de tus queridas. Y solo espera la muerte…” Esta amenaza fue denunciada el martes 16 de junio en el Ministerio Público de San Marcos pero hasta la fecha no ha sido investigada.

Se espera que en el mes de septiembre que se realice la primera audiencia en contra de las siete personas que recibieron denuncias relacionadas a los acontecimientos en Sacmuj. Además, el alcalde de la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, ahora a favor de la consulta, quiere que ésa tenga lugar en el transcurso del mes.
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Por ACOGUATE
Foto: ACOGUATE

1. Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE). 2009. “Segundo Informe Anual del Monitoreo y Análisis de la Calidad del Agua.” - http://resistencia-mineria.org/espanol/files/Segundo_%20Informe_Anual_del_Monitoreo_y_Analisis_de_la_Calidad_del_Agua-COPAE.pdf
Oxfam América. 2008. “Minería de metales y desarrollo sostenible en Centroamérica: Una valoración de costos y beneficios,”
Oxfam América. 2008. “La Minería de Metales en Centroamérica: Dolor y Resistencia.”
2. Véase “Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo presiones” - junio de 2009 - http://guatemala.at/ido%20smi/ido_sanmiguel.pdf
3. Un papel firmado por los representantes de la empresa y algunos comunitarios.
4. Entrevista con Javier de León – 18/06/2009.
5. Véase “Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo presiones” - junio de 2009 - http://guatemala.at/ido%20smi/ido_sanmiguel.pdf
6. Para más información, ver el Convenio. [en línea] http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv169/convenio.shtml
7. Entrevistas con miembros de ADISMI – 18 y 19/06/2009.
8. Según el comunicado de las comunidades afectadas por la mina, de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán, de ADISMI, de la Pastoral Juvenil y de Derechos en Acción – 12/06/2009 y entrevistas con miembros de ADISMI – 18 y 19/06/2009.
9. Según el comunicado de las comunidades afectadas por la mina, de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán, de ADISMI, de la Pastoral Juvenil y de Derechos en Acción – 12/06/2009.
10.Entrevistas con miembros de ADISMI – 18/06/2009 y 19/06/2009.
11.Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y Mexico (CIFCA), Plataforma Holandesa Contra la Impunidad en Guatemala, APRODEV, Grupo Sur y CIDSE. Julio, 2009. Recomendaciones Sobre Guatemala al Consejo de la Unión Europea.
12.Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Abril, 2009. “Informe Preliminar de Defensores y Defensoras de Derechos Humano: Enero-Abril 2009.”
13.Prensa Libre. 18 de junio de 2009, “Marcha por la paz.” – página 38
14.Entrevista con el Padre Erick Gruloos – 19/06/2009
15.Prensa Libre. 31 de julio, 2009. “Diócesis de San Marcos denuncia presencia de metales en fuentes de agua.” http://prensalibre.com/pl/2009/julio/31/331904.html
16.Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE). 2009. “Segundo Informe Anual del Monitoreo y Análisis de la Calidad del Agua.”
17.Prensa Libre. 10 de agosto, 2009. Campo Pagado de Montana Exploradora. Página 31.
18.Entrevistas con miembros de ADISMI – 18 y 19/06/2009.

Un año de lucha de SITRAPETEN y la situación sindical en Guatemala

2009-05-04T11:54:00.005-06:00

El 3 de mayo de 2009 conmemora un año de lucha para SITRAPETEN, un sindicato formado de trabajadores de la Distribuidora del Petén. Después de la formación de SITRAPETEN, los miembros fueron despedidos, y desde entonces han sido sometidos a intentos de sobornarlos para que dejen el sindicato. En febrero de este año, fue ordenada su reinstalación. Sin embargo, hasta la fecha, la orden no ha sido respetada. Dentro de un contexto en el cual el Consejo General de la Organización Mundial de Comercio ha nombrado “insuficiente” la protección de los derechos sindicales, los miembros de SITRAPETEN siguen luchando. ACOGUATE les ha acompañado desde mayo de 2008.(1)

El primero de mayo es sinónimo a nivel mundial con la adquisición de los derechos laborales. Sin embargo, el año pasado, pocos días después del Día Internacional de los Trabajadores, los derechos laborales de un grupo de empleados guatemaltecos fueron violados después de haber formado un sindicato. Al analizar la situación sindical que existe actualmente en Guatemala, se ve que este caso de SITRAPETEN no está aislado.

El caso de SITRAPETEN
Los empleados de la Distribuidora del Petén, que distribuye Agua Pura Salvavidas, empezaron el proceso de formalizar un sindicato en febrero de 2007 para manifestarse en contra de salarios bajos y presión de cumplir con cuotas exageradas. Sus intentos a registrarse con el Ministerio de Trabajo fueron rechazados seis veces.(2)

El 3 de mayo de 2008, la empresa convocó a los miembros del sindicato, informándolos que deberían renunciarse de la Distribuidora del Petén, ya que estaba en quiebra. Según miembros de SITRAPETEN, otros trabajadores fueron ofrecidos contratos con cuatro otras empresas, pero la oferta no fue extendida a ellos.(3) En frente de la Cervecería Centroamericana, algunos trabajadores manifestaron en contra de estas acciones de la empresa. Este grupo de unas 40 personas fue desalojado por la Policía Nacional con sus fuerzas antimotines, y miembros de la seguridad privada de la empresa .(4) En un clima de intimidaciones y amenazas, Fredy Morales, dirigente de SITRAPETEN, fue baleado a una cuadra de su casa el 8 de junio de 2008 en circunstancias no esclarecidas. La muerte de Morales queda en la impunidad. Hasta la fecha, los miembros de SITRAPETEN siguen siendo sometidos a intentos a sobornarlos para que dejen su lucha.(5)

El 6 de febrero de 2009, el juzgado sexto ordenó la reinstalación de los miembros de SITRAPETEN. Hasta la fecha, siguen sin ser reinstalados. Dentro del contexto de la situación sindical guatemalteca, la lucha por los derechos laborales de los integrantes de SITRAPETEN nunca iba a ser fácil.

Violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas
En un ámbito general de los derechos humanos que ha sido clasificado por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, (6) entre otros, como “preocupante”, los sindicalistas forman el grupo de defensores más amenazados. Datos publicados por la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA)(7)informan que entre enero y octubre de 2008, los sindicalistas fueron víctimas de más que una cuarta parte (47) de todas las agresiones registradas en contra de defensores de derechos humanos (180).

Tales agresiones en contra de sindicalistas pueden contribuir al bajo nivel de participación en sindicatos en Guatemala. El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un informe de febrero de este año estima el índice de sindicalización a sólo el 3% de la fuerza laboral. La situación es aún peor en las Zonas Francas Industriales (las “maquilas”).(8) Además, el Consejo General denunció el hecho de que “aunque Guatemala ha ratificado los dos convenios de la OIT relativos a los derechos sindicales, la protección de los derechos definidos en los mismos resulta totalmente insuficiente”.(9)

La publicación del informe de la OMC viene después del anuncio en enero de este año por parte del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos (DOL por sus siglas en ingles) que cinco denuncias presentadas por sindicalistas guatemaltecas en abril de 2008 se consideran como graves violaciones del Código Laboral. No obstante, el DOL avisó que no iba a recurrir a sanciones por incumplimiento del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).(10) En una entrevista con ACOGUATE, Edwin Álvarez de SITRAPETEN ha mostrado su preocupación por esa situación, diciendo que ve “algo en conjunto (sic) apoyar a esa situación, porque si ellos vieron de que realmente había una violación a los derechos laborales será justo que lo sancionaran... si ellos no han sancionado a Guatemala o no lo quieren sancionar, es que tal vez han sido engañados. Pero para no ser engañados, que manden comisiones a ver qué realmente la clase trabajadora en Guatemala sí está sufriendo las violaciones”.(11)

Con la actual crisis económica, existen preocupaciones que la situación de los derechos laborales se va a empeorar aún más. El 29 de abril de este año, estaba previsto a llegar una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de Ginebra, Suiza con el objetivo de “facilitar un diálogo entre el sector empleador y el sector trabajador, para lograr poner en vigencia el Convenio 175”.(12) Este convenio permitiría la contratación a tiempo parcial. Sin embargo, discusión del Convenio aquí en Guatemala ha generado mucha angustia. Rigoberto Dueñas, representante del sector sindical ante la Comisión Tripartita para Asuntos Laborales, muestra preocupación de que el Convenio resultará en la contratación de trabajadores sin contratos por un período indefinido, carencias de prestaciones laborales, o la facilitación del despido de miles de trabajadores.(13) Edwin Álvarez de SITRAPETEN reitera las mismas dudas: “esta situación, lo que viene a empeorar la situación laboral, debido a que los empresarios que se dedican a explotar a todos los trabajadores van a contratar a las personas trabajadoras con un horario y sin prestaciones y a ellos es muy fácil según la ley...”.(14)

Sigue la lucha para el sindicalismo...
En junio de 2000, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) presentó su informe sobre los derechos laborales, donde indicó que aún estaba presente “la creencia de que la organización sindical es fuente de problemas y obstruye la buena marcha de la empresa. Es fundamental erradicar el uso del despido como medio para evitar el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores”.(15) Nueve años después y todavía hay despidos para evitar el derecho de asociación en Guatemala, como en el caso de SITRAPETEN que el 3 de mayo cumplió un año de lucha por su derecho de sindicalizarse.

Escrito por ACOGUATE
Foto de ACOGUATE: La nueva manta de las instalaciones de SITRAPETEN en frente del Palacio Nacional.
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Notas de referencia:
1. Para más información véase Acoguate blog, 18 de julio de 2008, Los trabajadores de Salvavidas – SITRAPETEN, www.acoguate.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
2. Véase entrevista con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, Acoguate, 7 de julio de 2008, www.acoguate.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
3. Conversación con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, 30 de abril de 2009
4. Ibid.
5. Varias conversaciones con miembros de SITRAPETEN durante este año (2009)
6. Prensa Libre, 10 de diciembre de 2007, Denuncian precaria situación de los derechos humanos en Guatemala, www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/10/190082.html
7. Informe preliminar de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala del periodo de enero a octubre del año 2008, UDEFEGUA
8. Informe para el examen de la política comercial de Guatemala por parte del Consejo General de la OMC, Ginebra, 2 – 4 de febrero de 2009, www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Examen_OMC_feb2009_-_Guatemala_final_SP.pdf
9. Ibid.
10.El Periódico, 21 de enero de 2009, EE.UU. no sancionará a Guatemala por violaciones laborales, www.elperiodico.com.gt/es/20090121/economia/87421/
11.Entrevista con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, 28 de abril de 2009
12.Prensa Libre, 28 de abril de 2009, Misión de OIT busca consenso para poner en vigencia del Convenio 175, www.prensalibre.com/pl/2009/abril/28/310966.html
13.El Periódico, 28 de abril de 2009, Ejecutivo estudia flexibilizar política laboral ante la crisis, www.elperiodico.com.gt/es/20090428/economia/99088
14.Entrevista con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, 28 de abril de 2009
15.Informe de MINUGUA, 2000, citado en el informe sobre Derechos Laborales (borrador), de la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Sectores Pobres y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, www.undp.org/legalempowerment/reports/National%20Consultation%20Reports/Country%20Files/11_Guatemala/11_5_Labor_Rights.pdf

Importantes acontecimientos en el caso por genocidio

2009-02-26T20:04:00.007-06:00

El caso nacional por genocidio llevado por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) está empezando su noveno año dentro del sistema jurídico guatemalteco. Los/as involucrados/as en el caso y varios grupos e individuos nacionales e internacionales siguen en la espera del cumplimiento de la justicia. El día 25 de febrero – Día de las Victimas del Conflicto Armado - tenía que marcar otro paso importante en el proceso ya que según orden judicial emitido por la Corte de Constitucionalidad se terminó el plazo para que el Ministro de Defensa, Abraham Valenzuela, entregara los cuatro planes militares (1) al Ministerio Público para que después puedan ser utilizados como pruebas y eventualmente evidencia en el caso por genocidio. Sin embargo este importante avance se frustró por lo que varias organizaciones de derechos humanos lo llaman un incumplimiento del debido proceso y “una burla para los familiares de las víctimas que buscan justicia”(2).

ACOGUATE ha acompañado a la AJR y CALDH a lo largo de este proceso, desde 2000, y sigue acompañando y monitoreando su participación en los casos de genocidio.

El 25 de febrero, a las 12 de la tarde, había alrededor de 5000 personas de varios departamentos reunidas en el parque central como parte del evento organizado por el gobierno de Álvaro Colom y el Programa Nacional de Resarcimiento en conmemoración del décimo aniversario de la publicación de los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico(3). En su discurso el Presidente Colom anunció que hace una hora y media los cuatro planes militares habían sido entregados por el Ministro de Defensa al juez segundo de primera instancia, Jorge Mario Valenzuela(4).

Sin embargo, alrededor de una hora antes, en una audiencia(5)entre el juez Valenzuela, el Ministro de Defensa, el Ministerio Público y CALDH/AJR, el Ministro de Defensa puso dos carpetas sobre el escritorio del juez indicando que eran los planes Firmeza 83 y Victoria 82. Cuestionado sobre los dos otros planes que tenía que entregar, el Ministro de Defensa decía que desconocía el paradero de estos planes y que no sabía de su existencia(6). Al final, el juez no recibió ninguno de los planes presentados, indicando que el juzgado no era un lugar seguro para guardarlos. El Ministro de Defensa los llevó de nuevo terminando así la audiencia.

Varios activistas de derechos humanos critican lo sucedido manifestando lo siguiente:

Carmen Aída Ibarra de la Fundación Myrna Mack: “Las autoridades del Ministerio de la Defensa actuaron con cinismo e incurrieron en desacato, al no presentar los cuatro planes militares. El juez (Jorge Mario Valenzuela) actuó con desconocimiento de sus funciones, al no haber exigido la entrega de estos documentos al Ejército, porque tenía la potestad para pedirlos y guardarlos en un lugar seguro.”

Iduvina Hernandez de Seguridad en Democracia - SEDEM: “Al no haber entregado los cuatro planes militares, el ministro de la Defensa (Abraham Valenzuela) incurrió en obstrucción a la justicia; si se niega a entregar estos documentos es porque está encubriendo a los responsables del genocidio durante las masacres en la guerra interna.”

Juan Francisco Soto y Mario Minera, CALDH: “Hubo anomalías en esta diligencia, porque no fuimos notificados, y fue una burla para los familiares de las víctimas que buscan justicia”. Agregó que al no entregar los planes se demuestra que (el Ministerio de la) Defensa insiste en proteger a Ríos Montt y a militares afines(7).

Mañana, el 27 de febrero, a las 10am se está convocando a la sociedad civil y la prensa “para solicitar al Ministerio Público la investigación del Ministro de la Defensa por los delitos de desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento propio al no cumplir con la resolución de la CC y la solicitud del MP de entregar los cuatro planes militares”(8).

Por ACOGUATE
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1) Plan Sofía, Operación Ixil, Firmeza 83, Victoria 82
2) http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/297982.html
3) Cabe mencionar que en estos informes se responsabiliza al gobierno guatemalteco de haber cometido actos de genocidio.
4) El juez segundo de primera instancia, Jorge Mario Valenzuela, es el mismo juez que el 12 de marzo, 2007 resolvió que el Ministerio de la Defensa exhibiera los cuatro planes militares.
5) CALDH/AJR no fueron oficialmente avisados sobre esta audiencia y que de todos modos el procedimiento oficial era de que el Ministro de Defensa tenía que entregar los documentos al Ministerio de Defensa en la sede de este mismo.
6) http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/298241.html
7) http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=44875&fch=2009-02-25
http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/297982.html
http://www.sigloxxi.com/noticias/26807
http://www.elperiodico.com.gt/es/20090226/pais/92550/
8) Comunicado emitido por la Coordinación Genocidio Nunca Más.

Caso El Jute: Pasado, Presente y Futuro de una Lucha

2009-01-08T16:31:00.016-06:00

La Corte de Constitucionalidad ampara a militar acusado de la desaparición de 7 personas

Foto: Activistas critican la aplicación de la Ley de Reconciliación en casos de crímenes de lesa humanidad

A finales de los años 1970, una pelea personal entre el comisionado militar Salomo Maldonado y miembros de familias de la aldea El Jute tuvo como resultado que Maldonado denunciara a varias personas por tener vínculos con la guerrilla. En los años más violentos de la política contra-insurgente, el día 19 de octubre de 1981, ocho de estas personas fueron desaparecidas bajo las órdenes de Mario Enrique Sánchez Samayoa, coronel de la zona militar de Zacapa, con la participación de Maldonado y de dos comisionados militares más.

En el año 2000, familiares de las víctimas formaron el Comité con el objetivo de enjuiciar al coronel y a los tres comisionados por crímenes de tortura y desaparición forzada. Desde entonces están llevando una lucha jurídica sembrada de apelaciones y amparos. El juez de primera instancia penal decidió en 2005 que no iba a haber juicio para desaparición forzada, sino por plagio y secuestro. Los 4 acusados llevan más de tres años encarcelados en prisión preventiva.

Al inicio de diciembre del 2008, el Comité de víctimas de El Jute y sus grupos y organizaciones acompañantes conocieron cómo se hacía efectiva la decisión de la Corte de Constitucionalidad, por la cual se amnistía al coronel Sánchez Samayoa y se retiran las medidas de coerción, argumentando que los crímenes de plagio y secuestro pueden pasar bajo la Ley de Reconciliación Nacional, lo que no es el caso de los crímenes de desaparición forzada.

ACOGUATE lleva 3 años acompañando el Comité de víctimas, constatando la situación precaria de seguridad en la cual viven las familias por llevar esta lucha por la justicia.

UN LENTO PROCESO JURÍDICO

El proceso jurídico comienza en el año 2001, cuando la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) interpone un recurso de exhibición personal a favor de los desaparecidos. A lo largo del proceso se han dado múltiples recursos, apelaciones y procedimientos que iban inclinando la balanza alternativamente a un lado y al otro. En concreto, el caso avanza en 2005 cuando la Procuraduría de Derechos Humanos, a raíz de las investigaciones realizadas, formula acusación y solicita apertura de juicio oral en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal.

LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO

La tipificación del delito como plagio o secuestro y no como desaparición forzada, delito éste último de lesa humanidad y que no admite la extinción de la responsabilidad penal, supone una de las claves del proceso. La Procuraduría de Derechos Humanos formuló la acusación por los delitos de: desaparición forzada, delitos de deber de humanidad y detención ilegal en concurso real, mientras que el juez de primera instancia penal, Cojulum, cambió la tipificación del primero por la de secuestro o plagio, el cual sí es amnistiado bajo los artículos 2 y 4 de la Ley de Reconciliación Nacional.

Además de GAM, distintas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos (Fundación Myrna Mack y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) han subrayado la preocupante actitud de la Procuraduría, al silenciar dicho cambio, como también su pasividad al ser retirada como parte no involucrada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en el 2005 (1).

No ocurrió lo mismo en Choatalúm, donde se abrió juicio penal contra Felipe Cusanero, ex-comisionado militar acusado de la desaparición forzada de 6 personas entre el 82 y el 84. La juez en este caso sí admitió esta tipificación. El caso lleva desde Abril en la mesa de la Corte de Constitucionalidad, al haber alegado los abogados de Cusanero la irretroactividad de la ley. El delito de desaparición forzada no existió hasta el año 1996 (véase artículo anterior para más información del caso).

Pero volviendo a El Jute, cabe mencionar que los testimonios de los testigos y familiares de la aldea señalan el delito de tortura como uno de los practicados por los acusados.

En el contenido de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se hace mención a que los actos de los acusados se enmarcaban dentro o bajo los verbos “prevenir, impedir, perseguir o reprimir delitos políticos”, lo que inevitablemente relaciona a las personas desaparecidas con la guerrilla. Pero los recursos de la PDH y del MP han señalado que este argumento no ha sido suficientemente probado y no es excusa para la desaparición de estas personas (2).

Además, el Estado de Guatemala ha firmado numerosos tratados internacionales que le obligan a garantizar la protección de las personas y la responsabilidad del Estado ante los delitos de lesa humanidad. La decisión de la Sala de la Corte de Apelaciones, ratificada ahora por la Corte de Constitucionalidad contraviene peligrosamente la Convención de Ginebra, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, las recomendaciones del Comité Contra la Tortura sobre no usar la Ley de Reconciliación Nacional en estos procesos, y a las mismas autoridades de la CSJ (3).

“SENSACIONES ENCONTRADAS” EN EL JUTE

El comité está formado por 27 personas, testigos y familiares de los desaparecidos del 1981, que viven en El Jute pero también en aldeas vecinas como en El Limón, de donde viene el comisionado Maldonado. Los miembros del grupo viven al lado de los familiares de los comisionados encarcelados desde 2005, y esta conflictividad siempre constituye un riesgo para ellos. En los últimos años, ya enfrentaron varias intimidaciones y amenazas de muerte por parte de los familiares de Maldonado.

Con la decisión de amnistiar al coronel Sánchez surge para los miembros del comité una nueva ola de inseguridad. Se preguntan sobre los posibles actos o reacciones del coronel hacia ellos, cuando vaya a salir en enero de 2009 después de tres años encarcelado. Se preocupan también de que los tres comisionados lleguen a salir, lo que les parece muy probable frente a la amnistía de Sánchez.

GAM subrayó que los tres comisionados, observando el caso del coronel, hicieron una solicitud para ser amnistiados también. Mientras tanto el Estado no se está responsabilizando frente a las amenazas que reciben sus ciudadanos y no se puede confiar en las instituciones oficiales para cuidar la seguridad de los miembros del grupo. A la vez GAM considera que las instituciones tampoco tienen las capacidades y los recursos suficientes para garantizar la seguridad de la gente del comité, lo que les preocupa no sólo ahora, sino a largo plazo, en la óptica de seguir luchando varios años en otros niveles de la justicia. La desprotección física, diaria y local se acentúa más con la desprotección jurídica que se siente (4).

Esta decisión de la Corte es un golpe duro para los miembros del Comité que llevan años de gastar energía para luchar y para mantener vivas la voluntad y las esperanzas frente a una impunidad generalizada. Criticando fuertemente la liberación del coronel Sanchez Samayoa un miembro del comité expresó “El coronel es el que lleva el peso de la culpa, los tres comisionados sólo eran mensajeros. El coronel, es él quien pensó y premeditó los actos, y a él lo liberan!”

La gente evoca sentimientos de impotencia, de frustración y de vergüenza viendo cómo puede ser difícil afectar la impunidad de los militares en Guatemala. “Los militares tienen poder, dinero, y amistades” declaró un miembro del comité refiriéndose a la sospecha de parcialidad que evocó el GAM en su comunicado del 7 de diciembre (3). Dicho comunicado señala que “el abogado defensor del coronel Sánchez Samayoa ha compartido oficina durante más de 30 años con el magistrado Francisco Flores”. También la Fundación Myrna Mack, en su comunicado del 10 de diciembre, menciona que “en toda la gestión del caso El Jute ha habido litigio malicioso y numerosas anomalías (...) que han servido a la impunidad de diversas maneras” (1).

Es importante destacar la gravedad de la decisión de la Corte en relación con la dignificación de las víctimas. Como representantes de GAM señalan, originalmente, con la acusación de desaparición forzada se buscaba reconocer que los individuos desaparecidos en El Jute en el 1981 eran campesinos inocentes, víctimas de la represión violenta por parte del Estado. Al no ser aceptada la acusación original se suponía que las víctimas tenían vínculos con la guerrilla y que su desaparición era justificada por los tiempos de guerra contra-insurgente. Ahora, al amnistiar a los responsables bajo la Ley de Reconciliación Nacional, la Corte reafirma este punto de vista. Para los familiares de los desaparecidos, esta amnistía contribuye a negar la dignificación de las víctimas, y a deslegitimizar su lucha (4).

Con referencia a miembros del comité, algunos miembros expresaron su cansancio y desilusión por luchar tantos años para el caso de El Jute, en un contexto de inseguridad y amenazas, exponiéndose a la conflictividad y a los riesgos en su propia aldea. Pero muchos están listos todavía para ver con el apoyo de GAM qué estrategias jurídicas se pueden llevar a cabo, para no abandonar la lucha por este fallo. “Nosotros perdimos el juicio, pero podemos seguir haciendo más cosas, tal vez no para nosotros mismos” (5).

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Escrito por ACOGUATE
Foto por ACOGUATE

Fuentes
(1) Comunicado de la Fundación Myrna Mack, 10 de Diciembre 2008
(1) Comunicado del CEJIL, 12 de Diciembre 2008 : http://cejil.org/comunicados.cfm?id=870
(2) Resolución de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Apelación Número 07-2007, 12 de Noviembre 2008.
(3) Campo pagado de la Procuraduría de Derechos Humanos: un grave retroceso para los derechos humanos. Prensa Libre, 11 Diciembre 2008
(3) Comunicado de la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo, 7 de Diciembre 2008.
(4) Reunión con GAM, 18 de Diciembre 208.
(5) Visita en El Jute, 14-16 de Diciembre 2008

Otras fuentes:

Ley de Reconciliación Nacional de 27 de Diciembre de 1996, Decreto n° 145-1996

Prensa Libre:
Edición electrónica, http://prensalibre.com/pl/2008/abril/09/230922.html
Edición impresa de 8 de Diciembre 2008, página 10.

La Hora:
Edición impresa de 10 de Abril 2008, página 12.
Edición impresa de 12 de Diciembre 2008, página 13.
Edicición impresa de 13 de Diciembre 2008, página 3

Caso Ixcán y la hidroeléctrica Xalalá

2008-12-25T15:23:00.012-06:00

Debido a la falta de ofertas el 7 de noviembre se declaró desierta la licitación de la Hidroeléctrica Xalalá, planificada para la región del Ixcán. Al final, ninguna de las nueve empresas que habían mostrado interés en el proyecto, concretizó su propuesta. Además salió a luz publica que una empresa manifestó que había identificado riesgos sociales, ambientales y financieros en la implementación del proyecto. Funcionarios del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informaron que seguirán impulsando el proyecto que generaría 181 megavatios y aseguraron que están analizando otras opciones para financiar el proyecto. Desde febrero de 2007, ACOGUATE ha brindado acompañamiento a varias comunidades que se verían afectadas por la represa Xalalá en el caso de que fuera construida.
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Traducción de artículo que fue publicado en el
San Francisco Chronicle, 8 de junio de 2008
Versión original en inglés
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[Alejandro Che] Paau nació en Las Margaritas Copón, una aldea de 300 habitantes ubicada a la orilla de los ríos Chixoy y Copón en la región norte de Guatemala. Cultivos de maíz y cardamomo rodean varias decenas de casas, adonde solo se puede llegar por barco o a pie.

El cruce de los ríos, a 20 minutos de la casa de Paau, es el sitio propuesto para la segunda represa hidroeléctrica más grande de Guatemala – la represa Xalalá. La comunidad de Paau es una de 18 comunidades que podrían ser inundadas por el embalse de 7.5 kilómetros cuadrados.

La represa Xalalá se suma a otros proyectos que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ha elaborado para atraer inversión extranjera en energía renovable. Se espera un aumento de 10 por ciento de las reservas nacionales de energía, la generación de beneficios anuales de entre 100 millones y 150 millones de dólares, y energía a precios accesibles para más de 2 millones de personas, mientras se ahorran 4 millones de barriles de petróleo al año.

Fredy López, el vocero del INDE, indicó que el proyecto hidroeléctrico presenta una oportunidad para que Guatemala reduzca su dependencia en el petróleo y en la energía importada. "Utilizando tecnología limpia, la hidroeléctrica aumentará la productividad de Guatemala y el acceso a energía."

Por otro lado, la represa podría inundar las casas de 2,338 personas a lo largo de 41 kilómetros del río Chixoy y 16 kilómetros del río Copón, afectando a 36 comunidades. El gobierno no ha presentado un plan de resarcimiento y según López, el Gobierno se niega a declarar acerca de dichos planes por el momento.

En abril del 2007, comunidades afectadas por la represa Xalalá realizaron una consulta acerca de mega-proyectos como Xalalá y la exploración de petróleo en el territorio - un derecho que les concede la Constitución y la ley municipal - de 21,155 votantes, 89.7 % votaron “No”. Sin embargo, el máximo órgano judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, ha fallado que los resultados de las consultas no son vinculantes si el tema de la consulta es considerado un asunto de interés nacional.

Paau espera que la consulta sea respetada y cita como base legal los respectivos pasos de la Constitución y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los dos documentos reconocen el derecho de los pueblos indígenas de definir "sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural"

En 1982, las fuerzas armadas masacraron a 177 mujeres y niños en Río Negro, una aldea a la orilla del Río Chixoy, 50 kilómetros al sur de Las Margaritas Copón, para construir la hidroeléctrica más grande de Guatemala. En ese entonces, las comunidades Achí se opusieron claramente a la represa de 300 megavatios. Ocurrieron tres masacres más en 1982, en las que 444 de los 791 residentes de Río Negro fueron masacrados, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico. La represa Chixoy fue financiada en gran parte por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La comunidad de Río Negro y más de 27 caballerías de tierra cultivable fueron inundadas. Las fuerzas armadas obligaron a los sobrevivientes a vivir en un pueblo militarizado a más de cuatro horas de distancia de la comunidad inundada.

Hoy en día, sobrevivientes de Río Negro aún están luchando para recibir resarcimiento. Viven en lotes chiquitos y áridos a ocho horas de distancia de las parcelas cultivables que el gobierno les proporcionó. A pesar de que el plan de reubicación del INDE les prometía energía eléctrica y agua potable gratuita, la mayoría de la gente no puede pagar sus facturas eléctricas o de agua, ni siquiera pueden pagar el pasaje para llegar a sus parcelas para trabajarlas. El INDE mantiene que ya ha cumplido con las obligaciones de reubicación y que desde la privatización de las empresas de servicio público en 1998, ya no se hace responsable de proveer energía eléctrica a las comunidades reubicadas ni de responder a las quejas relacionadas con el resarcimiento.

Aunque, hasta la fecha, oficiales del INDE aún no se han acercado a los residentes de Las Margaritas Copón, Paau teme que el proyecto Xalalá deje a su comunidad con los mismos problemas que los de Río Negro. "Sabemos que no están construyendo esta represa para nosotros," dijo Paau.

Aviva Imhof, directora de campañas de International Rivers, un grupo sin fines de lucro basado en Berkeley, California, dice que el gobierno no debe impulsar el proyecto de la represa hasta que cumpla con sus obligaciones de resarcimiento anteriores.

"El gobierno debe hacer una evaluación amplia de todas las opciones para lograr las necesidades energéticas del país, y debe resarcir a las comunidades afectadas por la represa Chixoy, antes de hacer cualquiera decisión para avanzar con el proyecto Xalalá," dijo Imhof.

Emiliano Panjoj, alcalde de Santa María Tzejá, una aldea donde la mayoría de la gente votó en contra del proyecto en el año 2007, manifiesta que proyectos de ecoturismo de pequeña escala, una escuela diversificada y un centro de salud mejorado beneficiarían más a su comunidad. "No es que estamos en contra del desarrollo,” dice Panjoj, “Solo queremos que sea desarrollo bajo nuestras propias condiciones.”

Para mientras, Paau está a la espera de cualquiera información que pueda afectar el destino de su aldea. "Los periódicos dicen que esta área está deshabitada, que sólo hay unas familias que tendrían que ser reubicadas,” manifestó Paau. "Pero somos miles. Para el gobierno, los ríos significan dinero. Para nosotros, los ríos son nuestras vidas.”
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Foto: Comisión Coordinadora de la Consulta, Ixcán
1 Solano, Luis: Fracasa licitación para Xálala; INDE insistirá, Inforpress 1778, 14/11/08.
2 NISGUA: NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
3 INDE: http://www.inde.gob.gt/xalala/Xalala.html
4 Entrevista con Fredy Lopez, 1-8 mayo 2008
5 Ibíd.
6 NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
7 San Francisco Chronicle, “Placing Blame For Genocide: Guatemalan massacre survivors seek damages from dam financiers,” 16 noviembre 2000, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2000/11/16/MN94314.DTL&hw=chixoy+dam&sn=002&sc=591
8 Ibíd.

V Encuentro sobre Racismo y Genocidio

2008-12-25T14:53:00.002-06:00

El 19 y 20 de noviembre del año en curso, 380 mujeres y hombres de 101 organizaciones sociales que trabajan, entre otros, en los temas de Derechos Humanos, Justicia y Memoria Histórica – e incluyendo varias organizaciones que ACOGUATE acompaña o ha acompañado – participaron en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. Desde 2003, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han organizado este encuentro anual con el objetivo de crear un “espacio para debatir, reflexionar y sensibilizar entorno al racismo y el genocidio en Guatemala, sus causas, la necesidad de recuperar la memoria histórica y luchar por la justicia en las graves violaciones de derechos humanos.” El Encuentro se celebró bajo la lema de Justicia y Resistencia, garantías de la NO repetición.

Ponencia Inaugural – Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición
La ponencia inaugural del Encuentro, en la cual participaron Marc Drouin, Edgar Pérez, Luís Alexis Calderón y Florentino Gregorio Pérez, se hizo bajo el tema Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición. Pérez y Calderón presentaron, respectivamente, acerca de la sentencia y la apelación que se dieron en el caso de Río Negro, aldea de Rabinal, Baja Verapaz (Véanse artículos anteriores de este blog), mientras Florentino Gregorio Pérez habló acerca de la Jurisdicción Universal.

Destacaron unos elementos de la ponencia de Marc Drouin, quien expuso las conclusiones de investigaciones que había llevado a cabo en 2005. En su presentación, “El genocidio guatemalteco de 1982”, Drouin discutió sobre la definición de genocidio según la ley internacional y la aplicación de tal calificación a los crímenes cometidos en el altiplano guatemalteco a principios de los años 1980. Explicó que en estos años, el ejército guatemalteco siguió el mismo modus operandi en los ataques que cometió en contra de poblaciones indígenas en casi todo el altiplano guatemalteco, en distintas zonas y destacamentos militares –demostrando la intención genocida con la cual actuó el ejército guatemalteco. También planteó que una de las posibles ‘motivaciones’ tras esta intencionalidad de exterminar a las poblaciones Mayas se encuentra en el movimiento cooperativista que representaba un intento de parte de las poblaciones indígenas de organizarse para buscar su propio camino hacia el desarrollo y su independencia económica. Esta voluntad de buscar “una manera de no ir a la costa,” como explicó Drouin, ponía en peligro el esquema económico dominante que desde la colonización española está basado en la explotación de la mano de obra barata que representa la población indígena despojada de tierra y con escaso acceso a modos de producción.

A continuación, los participantes se dividieron en varias mesas de trabajo según diferentes áreas temáticas. Entre ellas estaban los temas de “Mujeres y Resistencia” y la “Re-militarización”.

Mesa de trabajo “Mujeres y Resistencia”
En el seminario “Mujeres y Resistencia”, se juntaron unas 40 participantes para discutir y compartir acerca de las formas en las cuales las mujeres están resistiendo en la coyuntura política actual. Andrea Barrios, representante del Sector de Mujeres abrió la mesa de trabajo presentando la experiencia que tuvo esa agrupación de mujeres en movilizarse y luchar para organizarse y tener un espacio como mujeres en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Explicó que en ese entonces, se planteó que el conflicto armado interno había afectado a las mujeres en una forma específica y que, por lo tanto, se tenía que incluir en los Acuerdos de Paz una respuesta específica. También se planteó que para mujeres Mayas durante el conflicto armado, el papel de reproducción social tomó un carácter de resistencia: el hecho de dar a luz y de cuidar niños en medio de una campaña genocida así como de mantener vivas costumbres, culturas e idiomas era de enfrentarse al intento de genocidio del ejército guatemalteco.

Barrios planteó que una confluencia de factores históricos se ha sumado para formar estructuras de poder – patriarcado, racismo, capitalismo neo-liberal – de las cuales estaban, y sigue siendo excluida la mayoría de las mujeres. El Sector de Mujeres ha llegado a un análisis de que, dada esta realidad, para muchas mujeres la resistencia empieza desde su casa y que el hecho de organizarse ya es una forma de resistencia. Asimismo, la idea sería empezar la resistencia desde lo personal y de vincularla a luchas sociales más amplias, es decir, recuperar espacios y territorios empezando con sus propios cuerpos.

Mesa de trabajo “Re-militarización y Acuerdos de Paz”
En la mesa de trabajo acerca del tema de “Re-militarización y Acuerdos de Paz”, Amilcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, hablaron sobre una nueva forma de militarización que se está dando en la coyuntura actual. Mencionaron al mismo tiempo que Guatemala ha sido militarizada permanentemente desde la revolución liberal en el año 1871. Afirmaron que, a pesar de que los Acuerdos de Paz de 1996 consignaban que el ejército tenía que redefinir sus funciones, su papel sigue igual. Justificando su presencia en algunas regiones por la presencia de narcotraficantes y por el aumento de violencia y delincuencia, el ejército sirve todavía hoy de herramienta para la estructura económica, imponiendo una estabilidad que asegura la explotación masiva de los recursos naturales y las inversiones extranjeras, y que mantiene fijos los poderes económicos. Pop y Canteo añadieron que, por lo visto, no es una casualidad que las áreas más re-militarizadas hoy en día se ubiquen cerca de los megaproyectos capitalistas.

Los ponentes en esta mesa de trabajo concluyeron que a casi doce años de la firma de la paz, el Estado guatemalteco no ha cumplido con las responsabilidades de justicia transicional que debían seguir los acuerdos de paz, sean la verdad, la justicia, la reparación, y la desmilitarización del país. También insistieron en la importancia de romper la impunidad, de la cual se beneficia el Ejército, relacionada tanto con eventos del conflicto armado como con eventos más recientes, para que exista una garantía de no repetición de los actos de genocidio y un ejercicio democrático funcional en el país.

“Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación”
En el foro de la mañana del 20 de noviembre, Luís Ramírez, Edgar Morales, Ramón Cadena y Alejandro Rodríguez presentaron sus ponencias como parte del foro titulado “Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación.”

Dos ponencias destacaron de este foro: la presentación de Edgar Morales, quien expuso el tema del punto de vista de los medios de comunicación, así como la presentación de Alejandro Rodríguez quien habló del punto de vista del Sistema de Justicia

Morales explicó que la mayoría de los medios de comunicación en Guatemala son medios comerciales de propiedad extranjera que tienen un objetivo fundamental lucrativo (y no informativo) y que, por lo tanto, no están actuando en el interés de la mayoría de los guatemaltecos. Afirmó que no piensa que sea muy probable que estos “des-medios de comunicación” se sumen a la lucha de los que buscan la justicia por un conflicto armado “que ellos mismos se encargaron de ocultar”. 2 Al contrario, propuso que, para que los medios de comunicación puedan contribuir a garantizar la no repetición de los hechos cometidos durante el conflicto armado interno, habría que empezar por la construcción de nuevos medios de comunicación alternativos y de mecanismos o redes propios de información en las comunidades.

En su ponencia, Alejandro Rodríguez, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), ofreció una exposición de cómo Guatemala se construyó históricamente como un estado racista y colonial basado en la exclusión y la explotación de los pueblos indígenas; en resumen: un estado de apartheid. Expuso también que, a pesar de que han estado sometidas a condiciones mínimas de existencia, los pueblos indígenas se han rebelado a lo largo de la historia del Estado guatemalteco para resistir a estas condiciones. Según Rodríguez, es esta lógica que condujo al Estado guatemalteco a adoptar las masacres y el genocidio como una política contra-insurgente en los años 1980. Por lo tanto, afirmó que el proceso de transformación del MP y de construcción de una Fiscalía de Derechos Humanos capaz de dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas no sólo es una forma de garantizar la no repetición sino también el cumplimiento de una “deuda histórica.”

Este último foro del V Encuentro sobre Racismo y Genocidio se terminó con una recomendación por parte de Ramón Cadena que invitaba a evitar caracterizar esta lucha por la verdad y la justicia como “utópica” – que significa que nunca se puede alcanzar – porque sí es alcanzable, precisando que la presencia en la sala de sobrevivientes y familiares de víctimas “atestigua que hay gente que tiene ánimo para seguir y que están buscando este cambio.”

Escrito por ACOGUATE
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Notas
1 Declaración Política “Justicia y Resistencia, Garantías de la No Repetición” Quinto Encuentro Sobre Racismo y Genocidio en Guatemala.
2 Edgar Morales, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
3 Alejandro Rodríguez, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
4 Ramón Cadena, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.